La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación del Fentanilo Contaminado encara su tramo final con un dato político inquietante: el ministro de Salud, Mario Lugones, decidió no presentarse otra vez ante los diputados. La ausencia no es menor ni casual. En medio de la peor tragedia sanitaria de los últimos años, con 124 muertes ya confirmadas por la Justicia y un número definitivo que recién se conocerá antes de la feria judicial, el máximo responsable del sistema de salud vuelve a quedar fuera de escena. Su silencio habla más que cualquier exposición.
El encuentro está convocado para este miércoles a las 9 y será el anteúltimo de la comisión que preside la diputada socialista Mónica Fein. Solo resta una reunión más para dictaminar el informe final. Sin embargo, a diferencia de Lugones, todavía se espera la respuesta de la presidenta de la ANMAT, Agustina Bisio, cuyo rol es clave para entender cómo se permitió que circularan miles de ampollas adulteradas sin que nadie activara las alertas a tiempo. La indefinición alimenta sospechas y tensiones dentro del propio Congreso, mientras los equipos técnicos siguen puliendo el texto final con aportes y matices de cada bloque.
La tragedia del fentanilo contaminado sacudió el sistema sanitario como pocas veces antes. No solo por la cantidad de víctimas, sino porque expuso fallas estructurales, controles ausentes y una cadena de responsabilidades que empieza a delinearse con precisión judicial. La semana pasada declaró ante la comisión el juez federal Ernesto Kreplak, quien instruye la causa. Su testimonio fue tan crudo como revelador: confirmó que más de 154 mil ampollas adulteradas circularon por el país, un número que desnuda la magnitud del desastre y cuestiona severamente la eficacia del sistema de trazabilidad.
Kreplak detalló que el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA) retuvo siete lotes por sospecha de contaminación, y que dos de ellos efectivamente dieron positivo al ser analizados. Esa información, que durante meses se manejó con cautela, muestra que existieron alertas internas, pero también una desconexión preocupante entre los organismos encargados de actuar. “Tenemos el deber de dar respuesta por este suceso, porque esto que ocurrió no debió haber ocurrido”, dijo el juez ante los legisladores, dejando abierta la pregunta que recorre despachos oficiales y pasillos del Congreso desde el primer día: ¿quién permitió que todo esto pasara?
Mientras tanto, las familias de las víctimas conviven con la angustia de la espera y la falta de certezas. El número final de fallecidos y sobrevivientes afectados se conocerá recién antes del 26 de diciembre, cuando comience la feria judicial. Cada día perdido sin explicaciones oficiales profundiza la sensación de abandono y subraya la necesidad de responsabilidades políticas concretas.
A una semana del cierre del informe definitivo, el Ministerio de Salud vuelve a mirar para otro lado. La ANMAT todavía no confirma si dará la cara. Y el Congreso, con los números en la mano, se prepara para mostrar un documento que promete ser contundente. Lo que nadie quiere admitir públicamente es que el daño ya está hecho. Y que esta crisis —que no debió haber ocurrido, como dijo Kreplak— echa luz sobre un sistema de control que falló en absolutamente todos sus niveles.
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