Una fuga tóxica en un pozo petrolero abandonado en Lomas de Olmedo destruyó cerca de 20 hectáreas de bosque nativo y obligó a familias a abandonar sus hogares. La respuesta estatal es nula y la contaminación se expande sin control.
El derrame de gases y fluidos en el área Puesto Guardián, abandonada por la petrolera President Petroleum S.A., convirtió un ecosistema clave del norte salteño en un territorio muerto. Greenpeace documentó el desastre y exige acciones urgentes mientras el gobierno nacional mantiene un silencio que agrava la crisis ambiental.
El norte de la provincia de Salta atraviesa una crisis ambiental que ningún gobierno debería permitir. En Lomas de Olmedo, a 260 kilómetros de la capital provincial, un pozo petrolero abandonado viene liberando gases y fluidos tóxicos desde hace más de dos años, contaminando el aire, el agua y el suelo y transformando un bosque nativo excepcional en un verdadero campo de muerte. La tragedia se desarrolla a la vista de todos, pero sin que las autoridades estatales —provinciales y nacionales— actúen con la urgencia que exige un desastre de esta magnitud. Greenpeace no dudó en etiquetar la zona como un “Chernobyl Salteño”, una señal de alerta que debería encender todas las alarmas en un país donde los impactos socioambientales de la actividad extractiva suelen barrerse debajo de la alfombra.
Las imágenes del lugar retratan una escena devastadora: una película aceitosa cubriendo el suelo, árboles completamente secos en un radio que crece día a día y una nube tóxica que obliga a las familias de la zona a relocalizarse porque el aire se volvió imposible de respirar. Es difícil exagerar el nivel de daño: ya son cerca de 20 hectáreas de bosque destruidas, cientos de animales muertos —entre ganado, caballos, zorros y aves silvestres— y un riesgo creciente de explosiones e incendios que podrían empeorar aún más una catástrofe que debería tener a las autoridades trabajando sin descanso. Pero eso no ocurre.
La zona afectada forma parte de uno de los entornos ecológicos más valiosos del norte argentino. En Lomas de Olmedo conviven las características áridas del Chaco Seco con la humedad del pedemonte de las Yungas. Ese cruce crea una biodiversidad única donde prosperan bosques de quebracho, cebil, espina corona y remanentes de palo de papel, especie en peligro que encuentra allí uno de sus últimos refugios. La fauna también es extraordinaria: ñandúes, águilas coronadas, halcones, tortugas acuáticas, lampalaguas, osos hormigueros, pecaríes y ocelotes, entre otros. Muchas de estas especies están en riesgo de extinción y cualquier alteración del hábitat puede resultar irreversible. Sin embargo, ese equilibrio delicado fue arrasado en cuestión de meses por la negligencia empresarial y la falta de voluntad política para intervenir.
El pozo petrolero ubicado en el área conocida como Puesto Guardián fue abandonado hace años, pero sus problemas no son recientes. Según los productores locales, ya en 2023 se detectaron fugas de fluidos. Desde entonces, la pérdida se intensificó hasta alcanzar un nivel que pone en peligro directo a las comunidades y a la integridad del ecosistema. La cantidad de ganado muerto —se estima que unas 350 cabezas— es solo uno de los indicadores del alcance de la contaminación. Lo que la fuga tóxica está destruyendo no se recupera de un día para otro y requiere un plan de remediación urgente que nadie parece dispuesto a encarar.
La campaña de Bosques de Greenpeace registró que el pozo actualmente expulsa gases y fluidos a alta presión. Esta descripción, técnica pero demoledora, debería alcanzar para activar los mecanismos estatales previstos por la Ley General del Ambiente. Su artículo 31 es claro: todos los actores que integraron la cadena productiva y fueron responsables directa o indirectamente del daño tienen obligación de remediarlo. Eso incluye a la empresa, pero también al gobierno provincial y al Gobierno Nacional. Sin embargo, ni uno ni otro mueve un dedo.
La provincia inició una demanda contra la última concesionaria del pozo, President Petroleum S.A., pero la empresa no respondió y la justicia tampoco avanzó. En un país donde los tiempos judiciales suelen sincronizarse con los intereses de los poderosos, la falta de acción judicial no sorprende. Lo que sí indigna es la pasividad del Estado frente al drama de las comunidades locales y la destrucción de un ecosistema entero. Mientras los expedientes duermen en un escritorio, la contaminación sigue avanzando y cada día mueren más animales, se deteriora el aire y el suelo se carga de sustancias que pueden tardar décadas en desaparecer.
Es imposible no enmarcar esta situación en el contexto político actual. El gobierno de Javier Milei construyó un discurso donde la protección ambiental es vista como un obstáculo para las inversiones y donde las organizaciones socioambientales son señaladas como enemigas del progreso. Sin embargo, lo que ocurre en Salta demuestra que la ausencia del Estado no trae desarrollo sino devastación. Un pozo abandonado sin control y una empresa que se desentiende de sus responsabilidades no representan libertad económica; representan impunidad y abandono. Los vecinos de la zona no solo perdieron ganado: perdieron su hogar, su entorno, su salud y la garantía mínima de que alguien se hará cargo del desastre.
La crisis climática y ecológica requiere presencia estatal, no desregulación permanente. El caso del Chernobyl Salteño expone lo que pasa cuando el Estado retrocede y las empresas avanzan sin controles. La contaminación no reconoce discursos libertarios ni teorías de libre mercado: simplemente se expande y mata. Y mientras esto ocurre, la única voz que documenta y denuncia es la de Greenpeace, que exige que tanto Salta como el Gobierno Nacional cumplan la ley y garanticen el saneamiento del bosque nativo.
La incertidumbre sobre lo que pasará en los próximos meses es enorme. La fuga tóxica sigue activa y no hay señales de intervención inminente. Si las autoridades continúan sin actuar, el daño será irreversible. Las hectáreas destruidas podrían multiplicarse y especies enteras podrían desaparecer de una región que actuaba como refugio natural. Los riesgos de explosiones e incendios son cada vez mayores y cualquier cambio en los vientos, el clima o la temperatura podría desencadenar un evento aún más grave.
La pregunta es simple y brutal: ¿cuántas hectáreas más deben morir para que el gobierno tome cartas en el asunto? La respuesta, por ahora, es inquietante. El silencio oficial es más espeso que la nube tóxica que cubre el bosque.
Por eso Greenpeace convoca a la ciudadanía a exigir remediación. No se trata solo de una causa ambiental: es un reclamo de justicia, de responsabilidad y de respeto por la vida. Dejar avanzar un desastre ecológico de esta magnitud es una decisión política. Y en este caso, una decisión que nos acerca a un punto de no retorno.
Greenpeace denuncia un desastre ambiental en Salta ante la falta de respuestas del gobierno de Milei
Deja una respuesta