La crisis del criptoactivo $LIBRA, que estalló hace nueve meses y dejó una estela de damnificados, judicializaciones y sospechas de estafa, sigue generando movimientos en las sombras del poder. Y lo que emerge del relato reconstruido por Hugo Alconada Mon revela una trama que, lejos de apuntar a una resolución institucional transparente, exhibe el costado más opaco —y preocupante— del gobierno de Javier Milei. Según la investigación, un abogado de extrema confianza de Karina Milei, Santiago Viola, mantiene negociaciones informales con allegados a los damnificados con un objetivo simple y brutal: pagar para que callen y así despegar al Presidente del escándalo.
El dato no es menor. No se trata de una gestión protocolar ni de una instancia pública de conciliación, sino de un operativo político que se mueve en penumbra y que, según cinco fuentes consultadas por el propio diario, busca resarcir en dólares a los inversores a cambio de una condición indispensable: que retiren sus acusaciones contra el mandatario ante los tribunales federales de Comodoro Py. La lógica es tan burda como peligrosa: si dejan de existir “estafados”, entonces la acusación por estafa se diluye. Una ecuación jurídica al servicio de la política, pero no de la verdad.
La reconstrucción muestra que las conversaciones comenzaron semanas atrás en Buenos Aires y que Viola —apoderado del sello electoral de La Libertad Avanza— se reunió con emisarios de los damnificados. Estos representan a quienes ingresaron al mundo $LIBRA tentados por la promoción que el propio Milei realizó el 14 de febrero en redes sociales, integrando un emprendimiento privado al relato libertario sobre la “libertad financiera”. Ese posteo presidencial no fue gratuito: se transformó en una pieza clave en la causa judicial, ya que para los querellantes demuestra que el mandatario “se interesó en un negocio privado ajeno a sus funciones”.
A la operación política se sumó otro actor del universo libertario: Darío Wasserman, vicepresidente del Banco Nación y esposo de la legisladora Pilar Ramírez. Tres fuentes coinciden en que él fue quien acercó a los emisarios de los inversores con Viola, aunque el funcionario lo negó con un “no los conozco” que suena más defensivo que convincente. Demasiadas coincidencias, demasiadas reuniones, demasiados silencios estratégicos como para creer que todo es fruto del azar.
Del lado de los inversores aparece Gastón Douek, consultor en comunicación y experto en redes sociales, quien colabora con el equipo legal que avanza contra Milei. Los documentos y la evidencia, según afirman, son “más que contundentes”. Douek, sin embargo, no descarta negociar: una señal de que la búsqueda de reparación económica puede resultar atractiva para quienes, más allá del enojo, buscan soluciones concretas para sus pérdidas.
Pero lo central no está en los damnificados sino en la maniobra oficial. Una fuente cercana a la negociación resumió sin rodeos la estrategia: “La premisa es que la Casa Rosada puede negar que buscan solucionar con dinero lo que pasó. Pero Viola cuenta con el aval de Karina para moverse”. El objetivo es cristalino: blindar al Presidente aun a costa de reconocer implícitamente que hubo perjuicio económico que requiere reparación.
La respuesta del entorno de Viola no hace más que confirmar la gravedad del movimiento. Aunque no admitieron explícitamente las negociaciones, deslizaron la que consideran una “condición insoslayable”: antes de hablar de cualquier acuerdo económico, las querellas deben despegar a Milei del caso $LIBRA porque “no cometió ningún delito”. Solo una vez garantizado ese punto, se puede conversar sobre “lo demás”. Un planteo que, más que jurídico, suena a ultimátum político.
En paralelo, se revela que Viola atraviesa este laberinto cargando con un pasado judicial propio. En 2017 fue denunciado por el juez Sebastián Casanello y acusado de participar en una operación con testigos falsos durante el gobierno de Mauricio Macri. Finalmente resultó beneficiado en 2021, pero el antecedente no hace más que subrayar el tipo de operador político que despliega el gobierno libertario cuando la crisis aprieta.
La negociación clandestina no surgió de la nada. Es el cuarto intento por cerrar el caso lejos de los tribunales. Antes hubo sondeos de la defensa de Hayden Davis para devolver US$ 100 millones a cambio de extinguir la acción penal. Luego una mediación civil con los representantes de más de 30 inversores que naufragó sin acuerdo. Y más tarde un acercamiento del entorno de Fernando Burlando, que también se evaporó. Tres ensayos fallidos que demuestran que el ecosistema político-financiero detrás de $LIBRA viene intentando desactivar esta bomba desde hace meses.
En esta cuarta instancia, Viola agregó otra exigencia: que Burlando quede fuera de la negociación. El motivo no es jurídico, sino electoral: se había presentado como candidato a diputado nacional en la Provincia de Buenos Aires y, según el oficialismo, le “quitó votos” a la fuerza libertaria. Que ese argumento determine quién negocia la reparación de un posible fraude multimillonario dice mucho del nivel en que se mezclan intereses personales, partidarios y judiciales.
El trasfondo del escándalo es enorme. $LIBRA involucra a personajes de alto perfil —como los argentinos Novelli y Terrones Godoy, y el estadounidense Hayden Davis— y una estructura de promoción que llegó hasta la figura del Presidente. También revela tensiones internas en la Casa Rosada. Viola mantiene vínculo directo con Karina Milei y con los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem, lo que lo convierte en una figura de peso para resolver situaciones que requieren “bajo perfil”. Es decir, aquello que no debe aparecer públicamente, pero tampoco quedar sin resolver.
Mientras tanto, organizaciones de la sociedad civil como Inecip y Cipce introdujeron un elemento de peso en la causa judicial. Sostuvieron que la memecoin $LIBRA constituye “un caso excepcional de corrupción” y afirmaron que está “acreditado casi en su totalidad” con evidencias de público conocimiento. Para estas entidades, el Presidente cometió un acto ilícito claro al promover un emprendimiento comercial desde su investidura pública. En su presentación de 43 páginas sostuvieron que Milei actuó en una “negociación incompatible con la función pública”. Y que la promoción de “Viva la Libertad Project” no solo fue impropia, sino además riesgosa para miles de pequeños ahorristas que confiaron, como tantas veces ocurre en la política argentina, en la palabra de un líder más que en los fundamentos técnicos de un activo financiero.
Lo que emerge del texto es un patrón claro: el gobierno de Javier Milei enfrenta este escándalo no desde la transparencia ni el fortalecimiento institucional, sino desde la lógica del daño controlado, con operadores que buscan resolver por afuera lo que debería resolverse a la luz del día. Es un reflejo que se repite: cuando las instituciones exigen respuestas, la reacción es política, no jurídica; cuando la sociedad pide explicaciones, la respuesta es el silencio; y cuando la justicia avanza, surgen operadores que intentan reescribir la realidad.
El núcleo del problema sigue siendo uno: ¿quién asumiría el “fronting” de una eventual reparación? Nadie quiere ser el rostro visible que responda por millones de dólares perdidos. Ni Davis, ni Novelli, ni Terrones Godoy, ni ninguna plataforma cripto como Ripio —mencionada apenas como posibilidad hipotética— quiere cargar con semejante costo reputacional. Si nadie da la cara, nadie paga. Y si nadie paga, los damnificados siguen en el limbo.
En esa tensión se juega algo más grande que el valor de un token. Se pone en cuestión la integridad del gobierno, la voluntad de transparentar responsabilidades y la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos frente a maniobras financieras que se promocionan desde las más altas esferas. La operación clandestina encabezada por Viola no solo busca desactivar un escándalo: busca reescribir sus responsables.
En un país donde las crisis financieras se repiten como un loop interminable, el caso $LIBRA es un recordatorio de que las promesas de libertad financiera promovidas desde el poder pueden transformarse en trampas mortales para quienes solo buscaban una oportunidad. Pero también deja a la vista la fragilidad institucional de un gobierno que, frente a un problema que lo involucra de lleno, opta por el camino opaco, sigiloso y políticamente defensivo. Lo que está en juego no es solo el dinero perdido, sino la credibilidad presidencial y la fe pública.
Fuente:
Deja una respuesta