La decisión de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) de cobrar un canon de 560.000 pesos a la Iglesia Católica de Misiones por el uso de la banquina de la Ruta Nacional 12 durante la tradicional peregrinación a Nuestra Señora de Loreto expuso, con crudeza, el clima político, económico y espiritual que atraviesa la Argentina bajo el gobierno de Javier Milei. Por primera vez en 24 años, una expresión de fe popular —arraigada, comunitaria, gratuita y marcada por la devoción— fue tratada como un trámite burocrático sujeto a recaudación fiscal. El episodio desató una indignación transversal en creyentes, autoridades religiosas, referentes políticos e incluso en figuras del propio oficialismo. Y abrió un debate incómodo sobre hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado nacional en su afán de obtener ingresos, incluso a costa de prácticas culturales que, hasta ahora, se consideraban intocables.
La peregrinación, que se desarrolló entre el 15 y el 16 de noviembre de 2025, reunió a unos 12.000 fieles provenientes de Posadas y localidades vecinas. No se trata de un evento marginal, sino una de las manifestaciones religiosas más importantes de Misiones, comparable —en proporciones— con la caminata a Luján en Buenos Aires o la peregrinación a Itatí en Corrientes. Desde su nacimiento hace más de dos décadas, la marcha se realiza por la banquina de la Ruta Nacional 12, un trayecto de entre 36 y 40 kilómetros que los fieles recorren a pie o en bicicleta como gesto de fe, agradecimiento o pedido espiritual.
Sin embargo, a diferencia de los 23 años anteriores, esta edición estuvo marcada por la exigencia intempestiva de un pago que, según Vialidad, respondía al “canon por intervención del camino”, un permiso contemplado en la Ley Nacional de Tránsito (24.449) para eventos que ocupan parcialmente la traza vial. Lo sorprendente no es la existencia formal de la norma —vigente hace décadas— sino su aplicación selectiva y repentina justo en un contexto nacional donde el gobierno impulsa ajustes, privatizaciones y una reconfiguración del rol estatal centrada en la reducción del gasto y la maximización de ingresos, aun a través de mecanismos antes descartados por razones de sensibilidad social.
El rector del Santuario de Loreto, el sacerdote Fabio (o Leonardo) Cuenca, relató que el cobro fue notificado apenas 48 horas antes del inicio de la peregrinación. El pago debía realizarse sí o sí para garantizar la autorización del evento, lo que colocó a la Iglesia frente a un dilema: aceptar el canon para no perjudicar a los miles de fieles ya inscriptos o cancelar la marcha por falta de permisos. Optaron por la primera opción, pero el malestar fue inmediato. Cuenca denunció en redes que este cobro representaba “un nuevo impuesto a la fe” y un “arancel por peregrinar”, expresiones que no solo dan cuenta de una injusticia concreta, sino del sentir profundo de una comunidad que percibe que el Estado, lejos de acompañar, se volvió un obstáculo.
La crítica más dura del sacerdote apuntó a la ausencia de contraprestación estatal. Según explicó, la Ruta 12 presenta un abandono evidente: la selva avanza sobre la banquina, la vegetación tapa carteles y la falta de mantenimiento es cotidiana. Para los fieles, esa combinación entre abandono y cobro resulta, cuando menos, ofensiva. No se trata —como algunos voceros oficiales sugirieron— de una discusión administrativa sobre permisos, sino de un conflicto político y moral sobre qué tipo de Estado está construyendo el gobierno de Milei. Uno que recorta, terceriza y se retrae, pero que a la vez cobra por permitir una manifestación religiosa sin siquiera garantizar condiciones mínimas de seguridad vial que deberían estar dadas por default.
El obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez, fue aún más explícito al calificar la medida como “insólita y anticonstitucional”. Su argumento se ancló en la libertad religiosa, un derecho amparado por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la tradición histórica argentina. Obligar a una comunidad religiosa a pagar para expresar su fe en el espacio público —sostuvo el obispo— implica un condicionamiento inadmisible. Y aunque la DNV insistió en que se trata de un requisito técnico, la reacción social muestra que la lectura ciudadana fue otra: el Estado, en nombre de la eficiencia fiscal o la ortodoxia administrativa, terminó colocándose en el lugar de censor indirecto de una práctica espiritual masiva.
El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se sumó rápidamente al repudio. Con un tono conciliador pero firme, afirmó en redes que “la fe no tiene precio” y pidió que la medida fuese rectificada. Su intervención refleja el impacto político del episodio en una provincia profundamente católica y acostumbrada a la convivencia orgánica entre las autoridades civiles, la Iglesia y las organizaciones de la sociedad. En ese entramado social, la peregrinación a Loreto es mucho más que un evento religioso: es una experiencia identitaria, comunitaria y emocional que congrega a miles de personas, con un significado cultural que excede lo doctrinal.
La reacción del gobierno nacional fue ambigua. Por un lado, la vicepresidenta Victoria Villarruel reclamó que el funcionario de Vialidad responsable del cobro “responda por semejante insensatez”, marcando distancia pública del episodio y evidenciando tensiones internas dentro del propio espacio libertario. Por otro lado, Vialidad mantuvo su postura argumentando que en ediciones anteriores los organizadores no tramitaron el permiso correspondiente y, por ende, no se había cobrado. Esa explicación —que técnicamente puede ser cierta— no logró apagar la percepción de arbitrariedad ni la sospecha de que la medida encaja demasiado bien con la lógica recaudatoria del gobierno.
El escándalo se amplificó rápidamente en redes sociales, donde numerosas cuentas replicaron la denuncia del sacerdote Cuenca y el enojo de la comunidad. El posteo original circuló miles de veces, alimentado por su tono crítico y la idea de que ahora, en la Argentina de Milei, hasta las expresiones de fe están sujetas a tarifas. La viralización fue tan veloz que medios nacionales como Clarín retomaron el tema, consolidando su impacto público.
Este episodio no ocurrió en un vacío político. Desde su llegada al poder, el gobierno de Milei impulsó una política fiscal de “reordenamiento extremo” que afectó presupuestos estatales, salarios, subsidios, programas sociales, universidades, organismos científicos y sectores productivos. En esa lógica, organismos como Vialidad funcionan bajo una presión explícita para “equilibrar cuentas” a cualquier costo. El canon a una peregrinación puede verse como un exceso administrativo, un error político o una torpeza comunicacional; pero también puede interpretarse como un síntoma de un Estado nacional que, desfinanciado y urgido, transfiere el peso de su propia ineficiencia a la ciudadanía.
Si se analiza con detenimiento, el caso expone una contradicción profunda del discurso libertario. Mientras proclama la libertad absoluta como valor supremo, el gobierno termina habilitando una intervención estatal que condiciona una libertad esencial: la libertad de culto. Cobrar por peregrinar no es un gesto menor ni un trámite burocrático. Es una señal de que, en nombre del orden administrativo, un organismo estatal puede limitar o dificultar prácticas religiosas que se desarrollaron pacíficamente durante décadas.
Con todo, el conflicto deja abierta una pregunta inquietante: ¿será este episodio un caso aislado o un precedente para otras peregrinaciones, marchas y manifestaciones sociales que utilicen rutas nacionales? La respuesta aún es incierta. Pero el precedente jurídico que intenta instalar la DNV podría tener consecuencias de largo alcance si el Estado continúa interpretando la normativa vial como una vía de recaudación aplicable a cualquier expresión comunitaria.
Pese a todo, la peregrinación transcurrió con “fervor y normalidad”, según relataron los organizadores. El acompañamiento de la Policía de Misiones, Gendarmería, Prefectura y el Ministerio de Salud fue gratuito, como siempre. Solo Vialidad aplicó un cobro. El contraste entre el apoyo institucional habitual y la actitud de la DNV refuerza la percepción de que la decisión fue innecesaria, inapropiada y políticamente dañina.
Las imágenes de miles de fieles caminando por una ruta descuidada, pagando de su bolsillo por un permiso que jamás se había exigido, terminaron convertidas en símbolo del conflicto entre un Estado nacional obsesionado con cuadrar sus cuentas y una comunidad que siente que ese ajuste se hace a costa de derechos que deberían ser intocables.
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