La lista manuscrita que reveló el diputado Rodolfo Tailhade, detallando a los integrantes del entramado liderado por Miguel Ángel Calvete, compromete a funcionarios clave del gobierno de Javier Milei y desnuda vínculos directos con áreas sensibles del Estado.
La investigación difundida por el diputado nacional y consejero de la Magistratura Rodolfo Tailhade expuso una lista escrita a mano por el propio Miguel Ángel Calvete, señalado como el jefe del esquema de desvío de fondos destinados a personas con discapacidad. En esa nómina aparecen familiares directos, funcionarios de Producción, Economía, la ANDIS y Desarrollo Social, así como nombres nunca mencionados hasta ahora en la prensa. La trama revela un mecanismo sostenido desde el interior mismo del gobierno de Javier Milei.
El gobierno de Javier Milei enfrenta un escándalo político que no sólo crece, sino que se multiplica. Y lo hace desde una fuente inapelable: un documento manuscrito por el propio Miguel Ángel Calvete y revelado públicamente por el diputado Rodolfo Tailhade. Allí aparece, con una claridad incómoda, el mapa de un entramado de recaudación ilegal que operaba en áreas del Estado sensibles y estratégicas. Tailhade, quien accedió en exclusiva a la nómina, describió a Calvete como “el jefe en las sombras del choreo a los discapacitados”, aludiendo al presunto retorno del 3% que —según audios ya conocidos— quedaría para Karina Milei.
La primera señal que emerge de esa lista es el peso de la familia Calvete dentro del Estado libertario. Ornella Calvete, hija del acusado, aparece en el centro del esquema: era directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial, un rol directamente subordinado a Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción. La renuncia presentada esta semana no borra el dato más explosivo: en el allanamiento a su domicilio se hallaron 700.000 dólares en efectivo, un símbolo brutal del contraste entre el discurso de austeridad del gobierno y la realidad de sus operadores internos.
Junto a Ornella aparece su pareja, Javier Ignacio Cardini, subsecretario de Gestión Productiva y también bajo la órbita de Lavigne. La dupla —funcionaria y pareja en cargos estratégicos— no solo muestra un sesgo familiar evidente, sino también una estructura que operaba dentro del mismo corredor de poder. Tailhade subraya estos vínculos para dejar claro que nada de esto era marginal: todo estaba incrustado en el esqueleto administrativo del gobierno.
La lista sigue con Susana Carmen Calvete, hermana de Miguel Ángel, también empleada en el Ministerio de Economía bajo la órbita de Lavigne. Tres miembros de una misma familia ocupando posiciones en áreas neurálgicas de un gobierno que se autoproclama anticasta es una contradicción demasiado evidente para pasar desapercibida.
Pero el entramado que Tailhade describe no se agota en los lazos de sangre. Aparece también Mariano Agustín Gaibisso, asesor en la subsecretaría de Defensa del Consumidor. Su relación con Calvete viene desde lejos: lo conoció cuando este tomó control de la cadena de supermercados EKI en 2011. Ese dato, que el diputado aporta como parte de la investigación, derriba cualquier intento de instalar la teoría del “funcionario suelto”. Las conexiones entre Calvete y su entorno no nacen hoy ni se limitan al nuevo gobierno: están arraigadas.
Uno de los nombres más sensibles del listado es Ernesto Camilo Manuel Cordero Fabbri, coordinador de Admisión y Derivación de Denuncias en la Oficina Anticorrupción. Tailhade advierte que Cordero posee 20 armas de fuego registradas, un detalle inquietante si se considera que su puesto implica recibir, analizar y canalizar denuncias justamente sobre casos como este. La contradicción es tan evidente que roza la ironía.
La situación de la ANDIS agrega otro capítulo. El ex titular Diego Orlando Spagnuolo cayó en desgracia luego de los audios en los que se lo escucha mencionando el presunto 3% para Karina Milei. Ahora, la lista de Tailhade confirma su proximidad con Calvete y vuelve a poner en cuestión el nivel de conocimiento que el gobierno tenía sobre el funcionamiento interno de la agencia encargada de asistir a personas con discapacidad.
En esa misma línea aparece Lorena Vanesa Di Giorno, funcionaria de la ANDIS y socia de Calvete en varias sociedades privadas. Tailhade puntualiza que deberá presentarse a indagatoria el 28 de noviembre, agregando otro eslabón a una cadena que mezcla negocios privados con funciones públicas de forma descarada.
La lista también incluye a Patricio Gustavo Rama, planta permanente del Ministerio de Desarrollo Social y —según los registros citados por Tailhade— uno de los mayores aportantes a la campaña de Milei. Su declaración judicial está prevista para el 4 de diciembre. El cruce entre aportes electorales, designaciones estratégicas y presunta participación en el esquema plantea interrogantes que el oficialismo aún no enfrenta.
La presencia del diputado provincial Martiniano Molina agrega una derivación política inesperada. Según la información difundida por Tailhade, Molina inauguró hace apenas cuatro meses un restaurante de tres plantas en Ramos Mejía, mientras mantenía vínculos con figuras del esquema. Su inclusión no hace otra cosa que confirmar la amplitud del entramado.
Pero acaso el dato más perturbador sea el que queda fuera de la primera publicación. Tailhade advierte que aún faltan nombres: Dani López, Alan Pocovi, Paula N., Nacho Jiménez, H. Caride, G. Levinas y Martín Manarino. Esa reserva alimenta la sensación de que lo revelado hasta ahora es apenas la superficie de un caso que podría seguir expandiéndose.
Lo revelado por Tailhade obliga a revisar la cuestión central: este no es un escándalo aislado, una excepción ni una anomalía. Es una estructura que funcionaba con reglas internas, vínculos aceitados y una cadena de mandos que conduce siempre hacia las mismas áreas del gobierno. Y ese es el punto más incómodo para la administración Milei: por más que hable de “castas”, la lista de Calvete —difundida por un legislador que accedió al documento original— muestra que la corrupción se incubó en el corazón del propio oficialismo.
La simple hoja manuscrita, convertida ahora en pieza política clave gracias a la difusión de Tailhade, desarma el relato libertario. Muestra que el sistema de favores, retornos y acomodos familiares no desapareció: mutó, se reacomodó y encontró su forma dentro del nuevo gobierno. Y ahora, expuesto, el entramado queda a la vista de todos.
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