La Comisión de Asuntos Constitucionales firmó un dictamen de mayoría para bloquear la asunción de la senadora libertaria Lorena Villaverde, señalada por sus lazos con el narcotráfico y acusada de haber “comprado una banca”. El oficialismo respondió con maniobras desesperadas para protegerla.
Once senadores firmaron el dictamen que rechaza el ingreso de Villaverde a la Cámara alta, en un paso decisivo que expone el creciente desgaste del gobierno de Javier Milei y la fragilidad de su estructura política. La oposición detalló con precisión los vínculos de la legisladora con Fred Machado y Claudio Cicarelli, figuras centrales en causas de narcotráfico, lavado y estructuras ilegales. La votación final será el 28 de noviembre.
La escena en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado no tuvo empujones, pero sí una tensión palpable que cortaba el aire. Fue una batalla política en toda regla, silenciosa pero decisiva, donde la oposición avanzó con argumentos sólidos para rechazar el pliego de Lorena Villaverde, la senadora electa por Río Negro que arrastra un historial imposible de disimular: vínculos con el narcotráfico, condenas en Estados Unidos y relaciones directas con empresarios que terminaron extraditados por delitos graves. En un país donde el avance del crimen organizado ya dejó de ser una sombra y se convirtió en una amenaza estructural, la presencia de una figura así en el Senado es un límite que muchos consideran insalvable.
El dictamen de rechazo sumó once firmas, un número que no solo marca mayoría, sino también un síntoma del malestar que recorre a varias fuerzas políticas frente a la estrategia del gobierno de Javier Milei de proteger a una dirigente que arrastra denuncias que ningún gobierno serio se atrevería a ignorar. Unión por la Patria dio ocho de esos votos, pero lo que realmente golpeó al oficialismo fue el respaldo del radical Pablo Blanco, de la larretista Guadalupe Tagliaferri, de Alejandra Vigo y, sobre todo, del salteño Juan Carlos Romero, un aliado habitual del bloque libertario que esta vez decidió tomar distancia. Cuando Romero habló de la “manifiesta gravedad creciente que tiene el narcotráfico en la Argentina”, el mensaje cruzó como un rayo el corazón del oficialismo.
La discusión no fue solo jurídica, sino profundamente política. Cada palabra, cada gesto y cada impugnación expuso la precariedad del armado libertario en el Congreso, que intenta responder con chicanas y denuncias improvisadas lo que no puede enfrentar con pruebas. El oficialismo, acorralado por los antecedentes de Villaverde, reaccionó con una maniobra desesperada: anunció que presentaría impugnaciones contra los peronistas Martín Soria y Jorge Capitanich para intentar forzar una negociación. Una jugada que llegó tarde y mal, confeccionada con la torpeza de quienes escriben en el mismo pasillo mientras los dictámenes ya están siendo firmados.
La oposición, por su parte, no se limitó a hablar de antecedentes: detalló con precisión quirúrgica las relaciones de Villaverde con el narcotráfico. La senadora peronista Florencia López fue especialmente contundente al trazar los vínculos entre la libertaria y Federico “Fred” Machado, extraditado por delitos de narcotráfico y lavado, así como con su primo Claudio Cicarelli, un caso tan grotesco como recurrente en los entramados criminales: un profesor de básquet que en pocos años se convirtió en un multimillonario dedicado a la minería, las tierras raras y la energía. “Lo mismo que decía Espert —recordó López—, que era asesor de la minería. El vínculo con el narcotráfico está probado”. Nadie del oficialismo pudo refutarlo con algo más que evasivas.
El jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, fue aún más directo y recordó el caso de José Luis Espert, a quien vinculó con el financiamiento proveniente de empresas mineras relacionadas a Machado. Según Mayans, tanto Espert como Villaverde forman parte de un entramado donde la compra de influencia política no es un rumor ni una sospecha: es una práctica. “Ha comprado una banca y no podemos permitir que una persona con relación directa con el narcotráfico esté acá sentada”, sentenció. Una afirmación que cayó como un martillazo en una sala donde las tensiones venían acumulándose desde hacía días.
El giro más inesperado llegó cuando Juan Carlos Romero, el mismo que suele aparecer en la foto del oficialismo, reconoció que Villaverde no solo tiene dos condenas en Estados Unidos, sino que además recibió un castigo menor por declararse culpable y entregar información. Sus antecedentes fueron limpiados —según explicó— debido a su rol como informante. Ese dato, explosivo por donde se lo mire, dejó sin margen de maniobra a La Libertad Avanza, que solo atinó a sostener un discurso defensivo que ya no convencía a nadie.
A diferencia del caso Capitanich, donde Romero señaló que se lo puede criticar por errores políticos pero no por impedimentos judiciales, la situación de Villaverde está atravesada por hechos penales concretos, no por diferencias ideológicas. Ese es el punto incómodo para un oficialismo acostumbrado a reducir todo conflicto a una supuesta “guerra cultural” contra el kirchnerismo. Esta vez no funciona. Esta vez los papeles hablan.
La neuquina Silvia Sapag cerró la jornada con una frase que sintetiza el clima político de la comisión: “Estamos a tiempo de impedir que alguien con problemas de narcotráfico ocupe una banca en el Senado”. No es una exageración ni un slogan, sino la constatación de que el Estado argentino no puede darse el lujo de habilitar a una dirigente cuyo nombre aparece repetidamente en expedientes judiciales de otro país. La propia Sapag recordó que los cuerpos legislativos tienen la potestad de rechazar pliegos y que delegar esa decisión en un juez sería renunciar a una responsabilidad institucional histórica.
Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei observa cómo se desploma, pieza por pieza, la arquitectura política que intentaba sostener en el Senado. La defensa de Villaverde no solo lo deja pegado a un caso de narcotráfico, sino que expone la incapacidad del oficialismo para construir mayorías sin recurrir a presiones, chicanas o maniobras ejecutadas de apuro. Es un síntoma más de un gobierno que se niega a aceptar límites y que, en nombre de la “casta”, terminó abrazado a una figura cuyos vínculos con el crimen organizado son tan graves como innegables.
El 28 de noviembre será un día clave. Ese día, cuando se realice la sesión de jura de los nuevos legisladores, se definirá si Villaverde queda definitivamente afuera. La oposición está convencida de que los votos alcanzan y sobran. El oficialismo apuesta a último momento a un milagro político que, a esta altura, parece tan improbable como insostenible. Lo que está en juego no es solo una banca: es la credibilidad institucional de un país que ya no soporta más zonas grises frente al narcotráfico.
Fuente
.https://www.pagina12.com.ar/2025/11/20/el-pliego-de-villaverde-la-narcosenadora-a-un-paso-del-rechazo/
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