La condena de 2019 por explotación económica de la prostitución ajena no fue un episodio menor en la trayectoria de Miguel Ángel Calvete: fue, en rigor, la evidencia judicial más contundente del tipo de estructuras que supo comandar mucho antes de su desembarco informal en la Agencia Nacional de Discapacidad. El fallo del Tribunal Oral Criminal N.º 8 detalló con precisión quirúrgica cómo operaba el circuito que Calvete administraba en distintos departamentos de la Ciudad de Buenos Aires. Las mujeres que ejercían la prostitución no eran únicamente arrendatarias: eran la base de un negocio en el que se les imponían alquileres abusivos y cláusulas leoninas, con aumentos que, anualizados, llegaban hasta el ciento ochenta por ciento del valor original. La sentencia ordenó el decomiso de dos inmuebles y dejó en claro que se trataba de una red planificada, sostenida en el tiempo y orientada a obtener ganancias a partir de la vulnerabilidad económica de las víctimas.
Ese modelo de explotación, estructurado y sistemático, contrasta con la imagen pública que Calvete intentó construir durante años como operador político y empresario vinculado al comercio minorista. Pero también sirve para entender por qué su figura encajó con tanta facilidad en el entramado de corrupción que hoy investiga la Justicia en el denominado “Coimagate” de la ANDIS. Un hombre capaz de montar un negocio clandestino basado en contratos abusivos, alquileres asfixiantes y manipulación de mujeres en situación de extrema fragilidad tenía, evidentemente, la experiencia necesaria para gestionar redes opacas, administrar flujos de dinero sin control y moverse en ambientes donde lo ilegal se naturaliza como parte del funcionamiento cotidiano.
Lejos de quedar marginado tras aquella condena, Calvete mantuvo intacta su capacidad de influencia. Su rol como representante legal de la firma Sullfox Trade SA, uno de los nombres que apareció en la causa por prostitución, demuestra que nunca abandonó del todo sus estructuras paralelas. Y esa continuidad es la que vuelve especialmente alarmante que el gobierno de Javier Milei haya permitido su ingreso al aparato estatal a través de un vínculo directo con Diego Spagnuolo, el abogado personal del Presidente y exdirector de la ANDIS. La presencia de un condenado por delitos sexuales administrando, de facto, decisiones clave dentro de un organismo que maneja recursos destinados a personas con discapacidad muestra con crudeza la falta de controles y la improvisación institucional que atraviesan a esta gestión.
La precariedad del Estado bajo la conducción libertaria permitió que un operador con antecedentes tan graves se convirtiera en una figura central del flujo de dinero público en la ANDIS. Mientras Milei predicaba el fin de la casta y la erradicación de los privilegios, Calvete impartía órdenes a funcionarios, coordinaba movimientos internos, negociaba con laboratorios y manejaba circuitos de coimas documentados en chats, cuadernos y anotaciones a mano. Lo que la condena por prostitución había dejado claro —la existencia de un modus operandi basado en la explotación, el abuso de poder y el beneficio personal— se reprodujo casi calcado dentro del organismo estatal encargado de asistir a poblaciones vulnerables.
Incluso la dinámica de la causa por prostitución resulta inquietantemente similar al funcionamiento del esquema de coimas en la ANDIS. En ambos casos, Calvete construyó estructuras paralelas, utilizó intermediarios para encubrir movimientos, generó dependencias económicas y se valió de la fragilidad de otros para consolidar su poder. En los prostíbulos camuflados como alquileres, la explotación recaía sobre mujeres en estado de necesidad. En el organismo estatal, el daño recaía sobre personas con discapacidad cuyo acceso a medicamentos y tratamientos quedó condicionado por un sistema corrupto donde la lógica del negocio volvía a prevalecer.
La continuidad entre ambos episodios no puede ser atribuida al azar. Es el resultado de un Estado debilitado, sin controles internos, dispuesto —por convicción ideológica o negligencia política— a entregar áreas críticas a operadores externos con antecedentes criminales. Que Calvete haya podido recuperar centralidad después de una condena tan grave revela tanto sobre su capacidad de reconstrucción como sobre la falta absoluta de filtros del gobierno de Milei, que terminó integrando, por la puerta de atrás, a figuras cuya sola presencia en la administración pública constituye un riesgo institucional.
La causa de 2019 no solo define quién es Calvete; revela cómo actúa, qué tipo de redes construye y qué grado de perversidad está dispuesto a aplicar cuando la oportunidad económica aparece. Lo verdaderamente alarmante es que el gobierno nacional, lejos de impedir su avance, terminó abriéndole un espacio dentro de uno de los organismos más sensibles del país. La explotación sexual de mujeres vulnerables fue su primer gran escándalo judicial; la explotación del presupuesto destinado a personas con discapacidad lo coloca hoy en el centro de un caso que deja al descubierto la verdadera estructura de poder y descontrol que reina en la administración libertaria.
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