La dimisión de Ornella Calvete, tras un allanamiento que descubrió cientos de miles de dólares sin justificar, reaviva las acusaciones de “corrupción libertaria” y pone en jaque al equipo económico de Javier Milei.
La funcionaria del Ministerio de Economía quedó atrapada en la red de sospechas que rodea a su padre, Miguel Ángel Calvete, uno de los principales acusados del escándalo de corrupción en la ANDIS. Chats, cuadernos, allanamientos y dinero en efectivo dibujan un circuito de retornos y sobreprecios que compromete a proveedores, empresarios y figuras cercanas al oficialismo. La renuncia inmediata de Calvete, ocurrida horas después del operativo judicial, abrió una nueva tormenta política para un gobierno que prometía transparencia absoluta.
La caída de Ornella Calvete retumbó como una explosión en el corazón del Ministerio de Economía. No fue una renuncia ordenada ni estratégica: fue un portazo obligado por la realidad, empujado por un allanamiento que terminó revelando USD 700.000 en efectivo dentro de su casa. Un monto imposible de justificar para cualquier funcionaria pública y que, en este contexto, se vuelve una pieza clave del rompecabezas que desarma el discurso anticorrupción del gobierno de Javier Milei.
El operativo del 18 de noviembre de 2025 no surgió de la nada. Fue una derivación directa de la investigación que desde hace meses sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un organismo que –según los fiscales– habría sido convertido en una máquina de retornos, sobreprecios y coimas repartidas entre proveedores “amigos” y funcionarios alineados políticamente. La trama, bautizada en redes como “ANDISgate”, ya había puesto al descubierto un mecanismo que habría operado con total impunidad durante los primeros meses del gobierno libertario.
En ese engranaje aparece una figura central: Miguel Ángel Calvete, empresario e imputado principal. Los investigadores no solo encontraron en su poder cuadernos con anotaciones, montos y referencias directas a pagos irregulares, sino también chats comprometedores. En ese material –según fuentes judiciales– aparece mencionada su hija, Ornella, quien se desempeñaba como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en Economía. No era un nombre al pasar: su rol como funcionaria la convertía en un posible nexo entre la estructura del Estado y los intereses privados que giraban alrededor de la ANDIS.
El hallazgo de cientos de miles de dólares en su domicilio terminó por dinamitar cualquier intento de “defensa técnica”. No hay relato posible que pueda maquillar semejante volumen de dinero físico en manos de una funcionaria. Y si bien no existe imputación formal contra Ornella Calvete al día de hoy, su renuncia inmediata –aceptada sin titubeos por el ministerio de Luis Caputo– confirma que el gobierno sabía que el daño político ya era irreversible.
La situación es tan grave que desnudó las fragilidades estructurales de un oficialismo que se prometía incorruptible. Desde su asunción, Javier Milei repitió que venía a “terminar con la casta” y a erradicar las prácticas del viejo Estado. Sin embargo, en menos de un año enfrenta un escándalo que involucra supuestos retornos del 3%, menciones a Karina Spagnuolo (hermana del Presidente), y un circuito de favores que contradice de manera brutal la épica libertaria.
La reacción en redes fue inmediata. En X, el caso se multiplicó con hashtags sobre la “corrupción libertaria”, imágenes del operativo, comparaciones entre la promesa de transparencia y la realidad de los dólares apilados. Muchos usuarios ironizaron que, mientras Milei recorta presupuestos esenciales y habla de “hacer el ajuste ordenado”, parte de su estructura política aparece involucrada en posibles negociados con fondos destinados a personas con discapacidad. El contraste pega fuerte, emocionalmente fuerte, porque muestra una insensibilidad que rebalsa cualquier grieta ideológica.
El impacto sobre el aparato económico también es significativo. La salida abrupta de una directora nacional en medio de un escándalo erosiona la ya golpeada credibilidad del gobierno, en un contexto donde Caputo intenta negociar financiamiento externo y sostener la narrativa de “orden fiscal”. El problema es que ordenar el Estado mientras estallan causas de corrupción puertas adentro resulta una contradicción imposible de esconder.
La causa, todavía en desarrollo, sigue su curso y podría escalar. La fiscalía mantiene bajo la lupa a Miguel Calvete, a los proveedores señalados y a posibles ramificaciones dentro del propio ministerio. La justicia no descarta analizar más chats, más cuadernos y más movimientos de dinero. Todo indica que este escándalo recién empieza.
Lo que ya no puede discutirse es el daño político. El gobierno de Javier Milei, que construyó un relato basado en “la pureza moral frente a la política tradicional”, enfrenta su primera gran crisis de corrupción. Una crisis que no solo expone manejos turbios, sino también una peligrosa falta de controles internos. En definitiva, una grieta ética que contradice de raíz el discurso oficial.
Y si algo queda claro es que, mientras no se esclarezca el origen de esos USD 700.000 y el rol de Ornella en la trama familiar, el gobierno no podrá escapar de esta sombra. Porque la corrupción –les guste o no– no es un problema de colores partidarios. Es un problema de poder. Y hoy, ese poder se tambalea.
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