El escándalo en ANDIS: chats, órdenes ilegales y una estructura paralela para manejar millones destinados a personas con discapacidad. Un dictamen que desnuda la operatoria interna de una organización delictiva enquistada en el Estado
El expediente del caso ANDIS expone con crudeza cómo funcionarios, intermediarios y empresarios montaron un circuito clandestino para desviar fondos destinados a medicamentos de personas con discapacidad sin obra social. Los mensajes y anotaciones revelados en la causa son demoledores: desde órdenes impartidas por actores externos al Estado hasta pagos en efectivo para altos funcionarios del gobierno de Javier Milei.
El dictamen judicial del caso ANDIS cayó como una bomba en el sistema político. No solo confirma lo que se sospechaba: existía una estructura montada desde adentro y desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad para apropiarse de fondos públicos destinados a la población más vulnerable del país. Sino que además aporta prueba directa de cómo operaba ese entramado que articulaba funcionarios, operadores de las droguerías e intermediarios ávidos de “caja”.
La fiscalía encabezada por Alejandra Mángano y Santiago Marquevich, con dictamen firmado por el fiscal general Carlos Rívolo y sostenido en el texto de Picardi, describe que “estas acciones ilícitas se lograron llevar a cabo por acuerdos espurios entre funcionarios/as de la Agencia Nacional de Discapacidad y personas del sector privado vinculadas a las droguerías y prestadoras de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia”.
La conclusión es contundente: “todas estas personas, de manera coordinada y de común acuerdo, integraron una organización delictiva” destinada a desviar millones. Y no cualquier millones: dinero que debía usarse para medicamentos de personas con discapacidad sin obra social, es decir, el sector más vulnerable entre los vulnerables.
Los responsables: un triángulo entre funcionarios mileístas, operadores del macrismo y empresarios privados
La causa detalla un punto clave: la articulación entre Pablo Achabahian, exfuncionario de ANDIS durante el macrismo, Daniel Garbellini, su entorno del “Grupo Museo” y, ya bajo el gobierno de Javier Milei, Diego Spagnuolo, abogado presidencial designado en la agencia.
El hilo periodístico que acompaña la publicación revela que Achabahian y Garbellini “buscaban una caja estatal” y la encontraron cuando Spagnuolo —hombre de extrema confianza del presidente— asumió un cargo clave que habilitó movimientos internos.
El 3 de junio de 2024, mientras Garbellini era nombrado Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, en el grupo de WhatsApp celebraban la conquista. La imagen filtrada muestra la euforia del momento.
Órdenes desde afuera del Estado: Achabahian manejaba todo sin ser funcionario
Uno de los datos más graves es que Achabahian, sin ocupar ningún cargo público, impartía órdenes directas sobre a quién pagar, cuándo y cómo.
El dictamen señala que Spagnuolo permitía este funcionamiento, que Garbellini ejecutaba las instrucciones y que se manipulaban pagos según conveniencias privadas.
Incluso autorizaron que una empleada de una droguería grande operara el sistema de ANDIS desde afuera, sin vínculo formal con la administración pública. Es decir, acceso clandestino al sistema estatal para decidir qué proveedores cobraban y cuáles no.
Las anotaciones manuscritas reveladas en la causa lo confirman con brutal precisión: nombres de droguerías, decisiones de pago (“no pagar”) y directivas internas que nunca debieron salir del ámbito institucional.
Los chats que comprometen a Spagnuolo: coimas y “cinco palos para el pelado”
Cuando las coimas salieron a la luz, Spagnuolo intentó instalar públicamente la idea de que él era una víctima del sistema. Sin embargo, los mensajes recuperados por la investigación muestran otra historia.
En los chats atribuidos a Miguel Ángel Calvete, señalado como intermediario, aparecen frases demoledoras:
“Tenés amor 5 palos en efectivo en pesos.”
“¿A quién hay que pagar con eso?”
“Son para el boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos.”
El “pelado” al que hacen referencia sería un funcionario que necesitaba dinero en efectivo para un viaje, según el contenido textual del intercambio.
La naturalidad con la que se habla de “cinco palos” refuerza un punto clave de la acusación: existía un circuito paralelo de recaudación y reparto de coimas, donde los actores estatales y privados se movían como si administraran una empresa propia, no un organismo destinado a proteger derechos básicos.
Las víctimas: personas con discapacidad sin cobertura de salud
El dictamen lo dice sin eufemismos: todo este entramado fue en perjuicio directo del Estado, pero sobre todo de las personas con discapacidad que dependen de la asistencia estatal para poder vivir.
Medicamentos, tratamientos e insumos de alto costo fueron postergados, suspendidos o directamente negados, mientras los involucrados discutían quién cobraba, quién no y cuánto se repartía.
Cada “no pagar” en la lista manuscrita representa tratamientos no realizados, medicación no entregada y familias abandonadas por el Estado.
Un caso que compromete al gobierno de Milei y a su círculo más cercano
La presencia de Spagnuolo, abogado del presidente y figura clave dentro del esquema administrativo del gobierno libertario, transforma este expediente en un escándalo político mayúsculo.
El caso no solo incluye pruebas directas: chats, audios, listas internas, manejos opacos y operadores externos con acceso a sistemas estatales. También expone una cultura de impunidad dentro de un área crítica del Estado.
Si estos hechos se confirman en instancia judicial, el caso ANDIS podría convertirse en el mayor escándalo de corrupción del gobierno de Javier Milei, con impacto político, judicial e institucional.
Y todo nació de un circuito clandestino que convirtió los fondos destinados a personas con discapacidad en un botín disponible para unos pocos.
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