La corrupción tiene un modo particular de irrumpir en escena: aparece cuando las pruebas ya no pueden taparse, cuando los silencios se vuelven imposibles y cuando las imágenes borradas ya no alcanzan para ocultar lo evidente. Lo que ocurrió en la Agencia Nacional de Discapacidad entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 no es un hecho aislado, no es un error administrativo, ni un “desvío individual”. Es una estructura montada para recaudar dinero ilegalmente desde un organismo cuya misión debería ser exactamente la opuesta: asistir a personas vulnerables. En vez de garantizar derechos, se organizó un negocio. En lugar de asegurar medicamentos, se direccionaron licitaciones. En vez de blindar un área sensible, el gobierno de Javier Milei permitió que se convirtiera en una maquinaria aceitada de coimas, extorsiones y sobreprecios.
El fiscal Franco Picardi no dejó lugar a interpretaciones: la Agencia funcionó como una “ventanilla de pagos millonarios direccionados, permanentes”. Nada de ambigüedad. Nada de presunción. Lo que se investiga es una maniobra planificada, sostenida en el tiempo y ejecutada por múltiples actores que iban desde proveedores, operadores de laboratorios y ex funcionarios macristas hasta empleados internos encargados de borrar audios, imágenes y videos para intentar ocultar la ruta del dinero.
El corazón del caso está en aquello que, paradójicamente, los implicados se esforzaron por desaparecer: las comunicaciones borradas. Chats eliminados, videos editados, fotos ocultas. Pero la tecnología tiene una memoria más larga que la voluntad de los corruptos. Y lo que se recuperó es suficiente para desnudar cómo funcionaba la estructura que operaba dentro y alrededor de la Agencia de Discapacidad.
Una de esas imágenes reveladoras muestra a Diego Españolo entrando con una mochila a la casa de Miguel Ángel Calvete, un operador central del esquema, vinculado a laboratorios y a la distribución del dinero de las coimas. La foto había sido eliminada, pero reapareció. Y la pregunta inevitable es la misma que resonó en el estudio de C5N: ¿qué llevaba en esa mochila? ¿Cinco millones de pesos en efectivo? ¿Cheques? ¿Documentación? En cualquier caso, nada legal. Nada que debiera estar en manos de un funcionario en plena gestión pública.
Los chats recuperados hablan por sí solos. En uno de ellos, Calvete escribe a Guadalupe Muñoz, su pareja y encargada del direccionamiento del dinero: “¿Tenés amor cinco palos en efectivo en pesos?”. Es una cifra que se enuncia como quien pide un kilo de pan, sin pudor, sin miedo, sin noción de delito. La respuesta abre otro capítulo: “¿A quién hay que pagar con eso?”. La naturalidad del intercambio no solo muestra la dinámica aceitada del esquema sino también la ausencia total de límites éticos. Esa plata —cinco millones en efectivo— era para “el pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”. Ese pelado no es otro que Diego Españolo, quien aparece entrando y saliendo de la vivienda con la mochila.
Las conversaciones no dejan dudas. Calvete y Españolo pactan dónde y cómo entregar el dinero. En un audio, también borrado y posteriormente recuperado, Calvete le dice a Españolo: “Hablás con Play mañana a primera hora, te lo manda donde le digas o mandar el Fercho, lo ponés en algún lugar disimulado”. Todo indica que la operatoria estaba tan aceitada que podían mover millones en efectivo como si se tratara de mandar un paquete por mensajería. Ninguna estructura corrupta funciona con tanta soltura sin la garantía de impunidad que solo la protección política puede ofrecer.
La pregunta es obvia, aunque el gobierno de Milei prefiera evitarla: ¿cómo es posible que semejante red de corrupción creciera bajo su gestión en un organismo tan sensible como la Agencia de Discapacidad? ¿Cómo puede sostenerse el discurso de la “casta” mientras se arman entramados ilegales dentro del propio Estado libertario? ¿Cómo se explica que un gobierno que dice combatir privilegios haya convertido un área de vulnerabilidad extrema en un circuito de recaudación?
El fiscal Picardi pidió 15 indagatorias, todas ellas acompañadas —en un inicio— por pedidos de detención. Entre esos nombres aparece Diego Españolo, figura que no solo está involucrada en chats, fotos, audios y movimientos sospechosos, sino que además podría convertirse en arrepentido. La posibilidad no es menor: si Españolo decide declarar, el esquema podría escalar hacia arriba. Y arriba, en un organismo público, no hay demasiados escalones antes de llegar a los responsables políticos.
Pero la trama no termina en Españolo ni en Calvete. La causa también involucra a intermediarios de laboratorios, llamados estrandís o extrandís, que direccionaban licitaciones, armaban los “clubes” de proveedores y garantizaban que los contratos siempre terminaran en las mismas manos. No se trataba de una competencia real ni de un proceso transparente, sino de un escenario montado para que la recaudación fuera constante y segura.
Entre los investigados se encuentra Pablo Achabayán, ex director nacional del acceso a los servicios de salud durante el macrismo, urólogo con vínculos con el PRO. Achabayán estuvo desaparecido cuando lo buscaron en octubre y finalmente fue detenido. Hoy tiene arresto domiciliario. Su caso expone que esta red no distingue colores políticos tradicionales: atraviesa gobiernos, se adapta, se hereda y se perfecciona según la gestión de turno. Y en el gobierno de Javier Milei no solo no se desarmó, sino que creció hasta convertirse en una estructura monumental.
Una pieza fundamental del engranaje fue Lorena Dilorno, empleada de la Agencia encargada de borrar audios, videos y comunicaciones que comprometían a los implicados. Dilorno es la demostración más clara de que la corrupción no solo existe cuando se cometen actos ilegales sino también cuando se encubre lo que ya ocurrió. Su rol no era inventar un mecanismo, sino mantenerlo invisible.
El testimonio de la periodista Vanessa Petrillo, que analizó la resolución del juez Casanello, es contundente. La maniobra estaba dividida en etapas, con una lógica precisa y constante. Las licitaciones eran direccionadas, los proveedores estaban predeterminados, los laboratorios sabían cuándo les tocaba “entrar”, y todo funcionaba como un circuito donde cada actor tenía un rol asignado.
Lo más indignante, sin embargo, es lo que señala Petrillo con claridad: la Agencia Nacional de Discapacidad debería estar dedicada a las personas vulnerables. Sin embargo, se transformó en una plataforma para hacer negocios multimillonarios. Medicamentos, tratamientos, insumos que deberían garantizarse sin obstáculos quedaron sujetos a la voluntad de una red de intermediarios que se enriquecía mientras miles de personas esperaban soluciones urgentes.
Se puede discutir de ideologías, modelos económicos y proyectos de país. Pero hay líneas que ningún gobierno debería cruzar. Convertir un organismo encargado de garantizar derechos básicos en una maquinaria de corrupción es una de ellas. Y es imprescindible decirlo con claridad: esto ocurrió bajo la administración de Javier Milei. Ocurrió en un gobierno que prometió combatir la casta, pero terminó montando —o permitiendo montar— una de las estructuras de corrupción más obscenas de los últimos años.
El discurso de la motosierra se vuelve una parodia cruel cuando quienes prometían cortar privilegios terminan sostenidos por operadores que recaudan millones en efectivo, borran audios y reparten contratos direccionados. Y aunque intenten ocultarlo con hashtags, con frases hechas o con ataques a periodistas, las imágenes y los chats hablan más fuerte que cualquier relato oficial.
El caso recién empieza. Quedan indagatorias por delante, declaraciones que pueden cambiar el rumbo de la causa y un cúmulo de pruebas que comprometen a decenas de personas. Pero más allá del futuro judicial, la dimensión política ya está expuesta: la corrupción no es un accidente, es una consecuencia de la impunidad. Y en el gobierno de Milei, esa impunidad quedó al descubierto.
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