La causa por corrupción en el área de discapacidad abrió una grieta profunda dentro del propio oficialismo y dejó al descubierto un costado del gobierno de Javier Milei que ni el relato libertario ni la retórica del ajuste moralizador pueden maquillar. La denuncia que motorizó esta investigación se difundió públicamente bajo un título tan frontal como perturbador: “VOY POR VOS Y POR TU HERMANA Javier Milei”, escrito por el abogado Gregorio Dalbón. Más allá de la contundencia del encabezado, el texto puso sobre la mesa datos que hoy encuentran correlato judicial: la existencia de un circuito de direccionamientos, sobreprecios y sobornos en compras de medicamentos e insumos de alto costo destinados a personas con discapacidad.
La decisión judicial de llamar a indagatoria al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) no es un trámite administrativo más ni un capítulo menor en la larga lista de conflictos internos del gobierno libertario. Es un golpe directo a la credibilidad de una administración que prometió ser el emblema de la transparencia mientras desplegaba una motosierra que justificaba todo en nombre del déficit cero. El expediente revela, sin anestesia, que mientras se recortaban prestaciones, se demoraban entregas y se culpaba a supuestos privilegios heredados, dentro del propio Estado operaba un mecanismo orientado a beneficiar proveedores y actores privados en detrimento de quienes más dependen de la asistencia pública.
Lo que se investiga es, quizás, uno de los peores escenarios posibles: un entramado delictivo montado sobre la vulnerabilidad extrema. No hablamos de una irregularidad contable. No hablamos de un error técnico, un contrato mal redactado o una confusión en la interpretación normativa. Lo que sugiere la causa es que se desvió dinero que debía ser usado para adquirir insumos indispensables para personas con discapacidad, un sector que no puede esperar, que no puede reemplazar tratamientos por alternativas más baratas, que no puede dejar pasar semanas sin recibir un medicamento crítico.
El propio Dalbón sintetizó la gravedad del hecho en una frase que retumbó en redes sociales y que hoy adquiere más peso que nunca: “Con los discapacitados no. Ahí no se roba. Ahí no se especula. Ahí no hay excusas”. Ese planteo, cargado de indignación moral, funciona como una línea que ningún proyecto político debería cruzar. Y, sin embargo, la Justicia entiende que se cruzó. Que se habilitó. Que se repitió más de una vez.
La denuncia original, según describe Dalbón, expuso un sistema oscuro donde proveedores vinculados, empresas favorecidas y operadores internos creyeron que jamás serían investigados. Ese clima de impunidad no surge de la nada. Requiere decisiones políticas, autorizaciones, firmas, avales. Requiere una red de protección que va más allá de un funcionario aislado. Requiere que alguien haya considerado que, incluso en el área de discapacidad, el negocio tenía prioridad sobre la necesidad.
La investigación judicial profundiza esa sospecha. El llamado a indagatoria del ex titular de ANDIS marca el inicio de un proceso que puede escalar hacia arriba en la cadena de responsabilidades. Dalbón insiste en que este es “apenas el primer paso”, y la Justicia parece coincidir: el expediente no solo identifica a quienes firmaron, sino a quienes se beneficiaron. Esto abre una tensión política inevitable para el gobierno de Milei, que ya enfrenta críticas por sus recortes en salud, educación, transporte y asistencia social. Si la motosierra era presentada como una herramienta moralizadora, la causa demuestra que, en paralelo, operaban esquemas que nada tienen que ver con la austeridad, la eficiencia o la transparencia prometida.
Todo esto ocurre mientras el propio gobierno recortaba programas esenciales para personas con discapacidad. La eliminación o reducción de prestaciones, la demora en autorizaciones, la discontinuidad en entregas de insumos básicos y la caída en la atención estatal no fueron decisiones neutras: generaron angustia, retrocesos en tratamientos, pérdida de autonomía y situaciones de riesgo. Ahora, saber que al mismo tiempo se habrían direccionado compras con sobreprecios resulta directamente insoportable.
Hay algo profundamente violento en esta superposición: el Estado que exige sacrificios a los más vulnerables es el mismo que, según la investigación, permitió que ciertos actores hicieran negocios con la medicación que esas personas necesitaban para vivir mejor o, en algunos casos, simplemente para vivir. Esa contradicción es la que vuelve explosivo el expediente, no solo en términos judiciales, sino también políticos y simbólicos.
La causa también saca a la luz una debilidad estructural del mileísmo. Su discurso fue construido sobre una identidad moral: ellos serían los que venían a limpiar, a cortar privilegios, a exponer y a denunciar a los corruptos. La motosierra no era solo un instrumento económico: era un símbolo ético. Pero lo que revela este caso es que dentro del propio andamiaje gubernamental también había privilegios, también había negocios, también había beneficiarios selectos. No se trata de “la casta de antes”, esa categoría difusa que Milei usa para culpar al pasado de todos sus fracasos presentes. Se trata de su administración, de funcionarios nombrados por él, de decisiones tomadas bajo su gobierno.
El impacto político de esta investigación puede ser profundo porque toca una fibra social sensible. No hay sector más indefendible, más injustificable, más inapropiado para la especulación que el de discapacidad. Nadie —ni oficialistas ni opositores, ni libertarios ni peronistas, ni votantes de Milei ni críticos férreos— puede tolerar con serenidad que se haya montado un esquema de sobreprecios en medicamentos de alto costo para personas con discapacidad. Es una línea moral que atraviesa cualquier ideología. Y el expediente la muestra vulnerada.
La consecuencia inmediata es el daño reputacional para un gobierno que se presenta como incorruptible. Pero la consecuencia más profunda es la herida abierta en miles de familias que dependen de ANDIS para sostener tratamientos imprescindibles. Para esas familias, esta causa no es un debate político: es la confirmación de que sus necesidades fueron postergadas porque alguien encontró un negocio. Esa es la verdadera violencia institucional, la que no deja marcas visibles pero destruye vidas silenciosamente.
Dalbón afirma que “las responsabilidades políticas, administrativas y penales deberán surgir con claridad, caiga quien caiga”. Ese “caiga quien caiga” marca un punto de inflexión. La Justicia ya empezó a moverse. Los involucrados ya están siendo citados. Y lo que salga de estas indagatorias puede tensar aún más el frágil equilibrio del gobierno libertario, cuya legitimidad social se erosiona día a día entre ajustes, recortes, conflictos internos y ahora un caso de corrupción donde la víctima es el sector más vulnerable del país.
La investigación continúa, y, como anticipa Dalbón, no se detendrá hasta identificar a todos los que participaron del esquema, desde los que firmaron hasta los que se beneficiaron. Si el relato oficialista se construyó sobre la promesa de transparencia, este expediente será una prueba de fuego. La pregunta ya no es si hubo corrupción: la pregunta es cuánta, quiénes participaron y hasta dónde llega la cadena de responsabilidades dentro del gobierno de Javier Milei.
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