El Ejecutivo acelera modificaciones clave de la Ley Nacional de Glaciares para liberar zonas hoy restringidas por razones ambientales. La maniobra, respaldada por provincias mineras y lobbies transnacionales, aumenta el riesgo de pérdida de agua dulce y profundiza la crisis socioambiental que atraviesa la Argentina.
En un contexto de presión internacional por minerales críticos y de un alineamiento político con intereses extractivos externos, el gobierno de Javier Milei impulsa una reforma que reduciría la protección de glaciares y áreas periglaciares. La flexibilización permitiría el avance de proyectos de cobre y litio en zonas donde hoy están prohibidos, ignorando alertas científicas, antecedentes judiciales y compromisos climáticos internacionales. Organizaciones ambientales denuncian un retroceso histórico y advierten que millones de argentinos podrían quedar expuestos a un riesgo hídrico irreversible.
La ofensiva del gobierno de Javier Milei sobre la Ley Nacional de Glaciares constituye uno de los mayores retrocesos ambientales de los últimos años en la Argentina. El texto normativo, sancionado en 2010 luego de un largo proceso de movilización social y científica, fue diseñado para proteger no solo a los glaciares como cuerpos de hielo identificables, sino también a todo el ambiente periglaciar que regula el agua en regiones áridas y semiáridas. Esa arquitectura legal es hoy el blanco del Ejecutivo, que busca modificarla para habilitar actividades extractivas en zonas donde están expresamente prohibidas. Y la maniobra no es menor ni técnica: es una decisión política deliberada que responde a presiones mineras, compromisos internacionales y un discurso de “desarrollo” que oculta el altísimo costo ambiental y social que podrían pagar millones de argentinos.
El gobierno argumenta que la Ley de Glaciares “carece de precisión”, que su definición del ambiente periglaciar es demasiado amplia y que numerosos proyectos extractivos quedaron paralizados por interpretaciones supuestamente excesivas. Sin embargo, cualquier modificación sustancial a esa definición implicaría una reducción de áreas protegidas y, por lo tanto, la apertura de territorios sensibles a explotaciones que históricamente han generado contaminación, drenaje ácido y destrucción irreversible de cuerpos de hielo. No se trata de especulaciones ni de slogans ambientalistas: existen antecedentes concretos, como el caso del proyecto Pascua-Lama de Barrick Gold, cuya actividad afectó glaciares en San Juan y provocó multas e investigaciones que en su momento sacudieron a la industria minera.
La ley vigente protege alrededor de 17.000 glaciares distribuidos en más de 8.400 km². Estos cuerpos de hielo no son solo esculturas naturales. Actúan como auténticas reservas estratégicas de agua dulce, regulando el caudal de ríos que abastecen a aproximadamente el 70% de la población. En regiones dominadas por la aridez, como Cuyo o el Noroeste argentino, su rol es vital para la agricultura, el abastecimiento urbano y la estabilidad hidrológica. Pero en plena crisis climática, cuando las temperaturas globales elevadas aceleran el retroceso glaciar en todo el planeta, flexibilizar su protección es una decisión que roza lo suicida. Paradójicamente, 2025 fue declarado por la UNESCO como el Año Internacional de los Glaciares, y mientras el mundo debate cómo reforzar su preservación, el gobierno argentino avanza en sentido contrario.
Las modificaciones que impulsa el oficialismo buscan limitar el alcance del inventario glaciar a cuerpos de hielo mayores a una hectárea, con más de dos años de antigüedad y en zonas sin presencia de roca activa o escombros. Esa actualización aparentemente técnica eliminaría de facto miles de glaciares pequeños que cumplen funciones hídricas esenciales. Además, permitiría que regiones antes consideradas parte del ambiente periglaciar queden liberadas a proyectos de minería a cielo abierto, petróleo y gas. Según estimaciones difundidas por organizaciones ambientales, entre el 30% y el 50% del área actualmente protegida podría quedar expuesta a la explotación con cianuro y sustancias tóxicas.
Detrás de la narrativa del gobierno sobre “modernizar” la ley se esconde un fuerte compromiso con intereses transnacionales. Provincias como San Juan, Catamarca y Salta llevan años alineadas con las demandas de empresas mineras, y el Ejecutivo de Milei encontró en ese frente provincial una plataforma para profundizar la desregulación. El impulso no es local ni espontáneo: desde junio de 2025, y con más intensidad tras la reelección presidencial, el gobierno firmó acuerdos comerciales estratégicos con los Estados Unidos, que buscan garantizar el acceso a minerales críticos como el cobre y el litio para la transición energética. Ese alineamiento, que en los papeles se vende como una oportunidad para atraer inversiones millonarias, implica en la práctica relegar la soberanía ambiental y exponer zonas frágiles a un modelo extractivo que ya fracasó en múltiples regiones del mundo.
La presión sobre la Ley de Glaciares no es nueva. Durante el gobierno de Mauricio Macri en 2016 se intentó modificarla, impulsado por el lobby de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros y por compañías como Barrick Gold. Aquella ofensiva no prosperó debido a la fuerte movilización social y a un clima político menos permeable a la desregulación absoluta. En ese entonces, miles de ciudadanos, activistas, científicos y legisladores defendieron la norma, logrando que la Corte Suprema, en un fallo de 2019, declarara su constitucionalidad y reafirmara el carácter de “derecho colectivo” del agua. Hoy el escenario es distinto: con un Ejecutivo dispuesto a gobernar por decreto y un Congreso fragmentado, el riesgo de que se imponga un cambio regresivo es significativamente mayor.
El gobierno de Milei busca una flexibilización normativa que permita reactivar decenas de emprendimientos frenados por la ley. Según cifras disponibles, existen alrededor de 53 proyectos mineros en Río Negro y más de 35 en San Juan que están paralizados o en evaluación debido a la normativa vigente. Para las empresas, estos proyectos representan miles de millones de dólares en potenciales exportaciones; para las comunidades locales, representan un peligro real de contaminación, pérdida de fuentes de agua y agravamiento de conflictos socioambientales que ya han escalado en distintas provincias. Lo que se presenta como un “obstáculo para el desarrollo” es, en realidad, una protección vital para poblaciones enteras cuya subsistencia depende del agua que proviene del deshielo.
La narrativa oficial insiste en que la actual ley es “antidesarrollo” y que sus restricciones desalientan inversiones extranjeras. Pero lo que este argumento omite es que la protección hídrica no es un lujo ideológico: es una cuestión de supervivencia. Argentina ya enfrenta ciclos de sequías cada vez más intensos, pérdida de caudales y problemas severos en cuencas críticas. Cualquier contaminación producida por minería a gran escala tendría efectos de largo plazo, afectando no solo a comunidades cercanas sino también a regiones enteras que dependen de los ríos nacidos en los Andes.
A pesar de la gravedad del tema, el debate público es escaso. Los medios hegemónicos apenas cubren el impacto real de estas modificaciones. Y la clase política, atrapada entre negociaciones fiscales, presiones internas y gobernadores que buscan dólares frescos, guarda un silencio preocupante. En ese vacío informativo, las advertencias de especialistas, científicos, ONGs y organizaciones socioambientales son un recordatorio urgente de que lo que está en juego no es un tecnicismo legal, sino el equilibrio ecológico de gran parte del país.
Las reacciones sociales frente a este avance son polarizadas. En plataformas digitales, especialmente en X, organizaciones ambientalistas, científicos y ciudadanos expresan su alarma ante la posibilidad de un retroceso histórico. Por otro lado, defensores del libre mercado y sectores vinculados a actividades extractivas celebran el impulso oficial, a pesar de que ignoran –o minimizan deliberadamente– el impacto hidrológico que tendría eliminar protecciones. La división no es menor: expone una grieta profunda entre quienes conciben la naturaleza como un recurso infinitamente explotable y quienes entienden que, sin agua, no hay economía que sobreviva.
El gobierno avanza rápido. Las modificaciones podrían concretarse mediante decreto, aprovechando la amplitud con la que Milei utiliza herramientas de excepción para sortear debates legislativos. Ese ritmo vertiginoso es parte del problema: reformas estructurales que requieren análisis científico, consenso federal y participación ciudadana podrían ser aprobadas sin discusión real. El Ejecutivo repite que busca “dar seguridad jurídica”, pero lo que realmente garantiza es libertad absoluta para corporaciones que ven en los glaciares un obstáculo físico que deben remover, no un ecosistema que deben respetar.
Cuando se analiza el fondo del asunto, la pregunta es simple pero brutal: ¿qué gana la Argentina si pierde sus glaciares? El gobierno promete dólares y crecimiento, pero no explica quién pagará el costo. La experiencia internacional muestra que los países que apostaron a la minería intensiva sin salvaguardas ambientales enfrentan hoy pasivos ecológicos gigantescos, zonas inhabitables, acuíferos contaminados y crisis sociales de gran escala. Insistir en ese modelo en pleno siglo XXI es no solo irresponsable, sino directamente incompatible con la protección de derechos humanos básicos.
Lo que está en riesgo no es una ley, sino el agua dulce del país. Y en una Argentina golpeada por el ajuste, la inflación y el deterioro social, la entrega de bienes comunes a intereses extractivos extranjeros constituye un capítulo más de un proyecto político que privilegia la rentabilidad corporativa por encima de la vida. El debate sobre la Ley de Glaciares debería estar en el centro de la agenda pública. En cambio, se intenta resolver entre despachos, gobernadores alineados y acuerdos internacionales que invisibilizan a las personas que dependen de ese recurso vital.
En tiempos donde la crisis climática avanza sin pausa, retroceder en materia de protección ambiental no es solo un error: es una negligencia histórica. Y es responsabilidad de la sociedad exigir que el agua no sea sacrificada en nombre de promesas de desarrollo que nunca llegan a quienes más las necesitan.
Deja una respuesta