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La detención del padre Francisco “Paco” Olveira durante una protesta pacífica frente al Congreso expone un nuevo episodio de violencia institucional, con responsabilidad compartida entre el gobierno nacional y la administración porteña.

El operativo conjunto entre las cuatro fuerzas federales comandadas por Patricia Bullrich y la Policía de la Ciudad, alineada a Jorge Macri, dejó heridos, detenidos y un clima de creciente intimidación hacia la protesta social. La represión alcanzó incluso a un sacerdote que participaba de un rezo ecuménico, en un contexto donde el gobierno de Javier Milei parece utilizar la fuerza pública como primera y única respuesta ante el conflicto social.

La escena volvió a repetirse frente al Congreso Nacional, pero cada semana aparece un nuevo capítulo que supera al anterior en gravedad e irracionalidad. Esta vez, la represión contra la tradicional movilización de los miércoles dejó un saldo particularmente alarmante: la detención del sacerdote Francisco “Paco” Olveira, un referente de los Curas en Opción por los Pobres, conocido por acompañar a jubilados, trabajadores y colectivos sociales que denuncian el ajuste brutal impulsado por el gobierno de Javier Milei. Su arresto, registrado en videos que rápidamente se viralizaron, expuso una vez más el patrón de actuación represiva que el Gobierno elige frente a cualquier manifestación pública, incluso cuando se trata de acciones pacíficas y de carácter espiritual, como un rezo ecuménico.

El operativo del miércoles combinó un despliegue abrumador de fuerzas federales con la presencia activa, e incluso determinante, de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que responde a Jorge Macri. Según los organismos de derechos humanos que funcionan como Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, la actuación fue “irracional”. No se trata de una palabra elegida al pasar: refiere a un accionar carente de justificación, basado en un uso desmedido de la fuerza contra personas desarmadas, en su mayoría adultas mayores, que se reunían como cada semana para reclamar lo mínimo que un Estado debería garantizar sin que nadie tenga que levantar la voz: jubilaciones dignas, acceso a medicamentos, preservación de derechos básicos.

El clima represivo se siente desde el minuto cero. La protesta aún no había sido completamente bloqueada por el vallado cuando la Policía de la Ciudad ordenó que el padre Paco se moviera del lugar donde estaba participando del rezo. Testigos relataron que ante la negativa, o simplemente ante la duda razonable de por qué debía moverse en medio de un acto pacífico, comenzó el forcejeo que luego escaló a la detención violenta del sacerdote y del fotógrafo Fidel Tomás Bravo. Lo que podría haberse resuelto con diálogo y respeto a la libertad de culto se transformó en un episodio más del repertorio represivo que el Gobierno viene demostrando desde el inicio de su gestión.

La violencia fue descripta en primera persona por el propio Paco una vez liberado. Dijo que los efectivos les “empezaron a empujar como si fuéramos un trapo de piso”, frase que condensa no solo el destrato humano sino la carga simbólica de un gobierno que parece haber decidido que la pobreza, la vejez y la militancia social son enemigos internos a ser disciplinados a palos. El cura relató que le rompieron la mochila, los anteojos, que fueron esposados y llevados al móvil policial sin ninguna justificación comprensible. En un país donde las libertades constitucionales todavía existen, aunque el Gobierno insista en ignorarlas, este tipo de escenas exhibe la peligrosa tentación autoritaria que se va consolidando a fuerza de gases y escudos.

Pero el episodio no solo fue violento: también fue totalmente desproporcionado. Mientras que la cantidad de manifestantes rondó las doscientas personas, en su mayoría jubilados y trabajadores del Garrahan o de diversos colectivos afectados por la motosierra oficial, el operativo reunió a más de quinientos agentes entre fuerzas federales y policía porteña. El despliegue incluyó carros hidrantes, drones, motorizados especiales de los grupos GAM y USyD, cámaras de vigilancia y efectivos distribuidos en las calles adyacentes. Todo para enfrentar a personas que, semana tras semana, solo llevan sus cuerpos y sus reclamos frente al Congreso.

Ese desbalance entre el poder represivo del Estado y la vulnerabilidad de quienes protestan define, de manera descarnada, la lógica que atraviesa al gobierno de Milei: criminalizar la protesta social, intimidar a quienes se animan a cuestionar el ajuste y transformar el espacio público en un territorio vigilado donde el disenso se paga con golpes y detenciones arbitrarias. El propio padre Paco lo sintetizó con crudeza una vez liberado: “Lo único que sabe hacer este gobierno es reprimir”. La frase no es un eslogan ni un exabrupto; es una lectura precisa de un gobierno que reduce la política a un ejercicio de fuerza.

Mientras Paco y Bravo recuperaban la libertad y eran recibidos por manifestantes que esperaron horas en las afueras, el diputado Eduardo Valdés expresaba lo ocurrido desde su cuenta de X. Su mensaje destacaba no solo la violencia policial sino también la persistencia de quienes, pese al clima represivo, continúan acompañando a los jubilados cada miércoles. La mención al sacerdote como “un pastor con olor a oveja” revela la distancia abismal entre quienes están en la calle defendiendo derechos básicos y una dirigencia gubernamental que parece interesada únicamente en blindarse del malestar social para sostener un proyecto de ajuste permanente.

Los organismos que monitorean situaciones de tortura y violencias estatales fueron contundentes al evaluar el operativo. Señalaron que hubo un “uso de la fuerza desproporcionado”, que la Policía de la Ciudad actuó de manera “ilegítima, desmedida y sin justificación”, y que incluso se golpeó a personas en el rostro. La Comisión Provincial por la Memoria, la Defensoría del Pueblo y el CEPA coincidieron en que el accionar represivo no solo fue excesivo, sino que buscó amedrentar. La denuncia de que se lanzaron gases químicos y que un grupo de heridos debió ser atendido por lesiones en la cabeza agrega un nivel de gravedad que debería encender alarmas institucionales en cualquier país que se considere democrático.

El Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios aportó detalles aún más inquietantes. Su director, Esteban Chalá, explicó que atendieron a once personas heridas, entre ellos trabajadores de prensa. También describió un momento crítico: empujaron a una mujer frente al Instituto Patria, cayó al piso, se desvaneció y perdió el conocimiento. Ningún gobierno debería naturalizar que un operativo de seguridad produzca desmayos y golpes sobre civiles desarmados. Sin embargo, bajo la gestión de Milei, este tipo de situaciones parece haberse convertido en una especie de norma no escrita, un modus operandi lamentablemente recurrente.

La Defensoría también denunció demoras arbitrarias para averiguación de antecedentes y la utilización de carros hidrantes como método de amedrentamiento. En otras palabras, no se trató solamente de reprimir: se trató de generar miedo. El Estado actuó para desalentar la protesta social, una protesta que, vale aclararlo, encarna la preocupación de miles de personas que ven cómo el ajuste arrasa con sus ingresos, su salud, su dignidad y sus derechos más elementales.

La Mesa Ecuménica, que acompaña cada semana las manifestaciones, también expresó su indignación. “No sabemos por qué lo detuvieron ni quién dio la orden. ¿Van a judicializar la posibilidad de venir a orar a la plaza, como hacemos todos los miércoles?”, preguntó el pastor Leonardo. La pregunta resuena con fuerza porque, bajo la retórica del orden y la seguridad, el Gobierno parece avanzar hacia la criminalización de prácticas que en cualquier sociedad democrática deberían estar protegidas: orar, manifestarse, exigir derechos.

El contraste entre la respuesta violenta del Estado y el carácter pacífico de la protesta no puede ser más elocuente. La movilización de los miércoles es, desde hace meses, un termómetro del malestar social que las políticas de ajuste están generando. Jubilados, trabajadores de la salud, militantes sociales, religiosos comprometidos con los sectores más vulnerables: todos ellos se reúnen para visibilizar la devastación que provoca un modelo económico que prioriza la represión por sobre el diálogo, y la fuerza por sobre la escucha.

A medida que se acumulan estos episodios, la imagen de un Gobierno que se siente cómodo en la lógica del garrote se vuelve más nítida. La detención del padre Paco no es un hecho aislado ni un exceso individual; es la manifestación concreta de una política de Estado que está construyendo un mensaje disciplinador. Frente a ese mensaje, la sociedad responde con presencia, con movilización y con resistencia pacífica. Y mientras esa resistencia exista, será imposible para cualquier gobierno borrar del espacio público los reclamos de quienes pagan los costos de un modelo pensado para unos pocos