La comisión investigadora presidida por el diputado Maximiliano Ferraro avanza en el escándalo de la criptomoneda $LIBRA, denunciando dilaciones, falta de acceso judicial y resistencias del gobierno de Javier Milei para dar respuestas. En un contexto marcado por la opacidad, el mecanismo de rendición de cuentas queda seriamente comprometido.
La investigación sobre la criptomoneda $LIBRA, que asoma perfiles de poder, agentes financieros y vínculos políticos, apenas empieza a escarbar en lo que podría convertirse en un escándalo de proporciones. Pero lo más llamativo no es solo lo que se revela, sino lo que se oculta, y cómo el gobierno de Javier Milei parece mover los hilos para que nada quede demasiado a la vista.
La comisión parlamentaria creada para investigar el caso —la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro— denunció que sufrió obstrucciones sistemáticas por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. La denuncia no es menor: apuntan a que «no querían que funcionara la Comisión», en palabras de Ferraro, «apostaban a que la Justicia Federal avanzara lento y a que el tema perdiera interés público». Esa frase, colgada en un posteo del diputado, revela la desesperación de un parlamento que choca contra un muro de silencio y maniobras dilatorias.
Por lo pronto, la comisión documentó que hay al menos cuatro millones de dólares en transferencias efectuadas entre el 3 y el 4 de febrero, vinculadas a la cuenta del nombre Hayden Davis hacia la plataforma Bitget. Además, las «wallets» anónimas en Ethereum, identificadas como pertenecientes a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, figuran en el expediente de la fiscalía a cargo de Eduardo Taiano. Esa constatación, difundida por el analista Fernando Molina, podría aportar pruebas clave sobre quiénes operaron, cómo y para qué.
Lo que la comisión denuncia, sin embargo, es que tanto el oficialismo como algunos operadores del sistema judicial se negaron a cooperar: no respondieron citaciones; se escudaron en la confidencialidad de la causa; y en algunos casos directamente optaron por no comparecer. Una causa parlamentaria de investigación no debe depender del buen ánimo de los implicados, pero cuando el gobierno y los jueces deciden no colaborar, el riesgo es que el control cívico quede destruido antes de arrancar.
A fines de agosto de 2025, luego de cuatro meses de paralización, la comisión logró formalizarse: Ferraro fue designado presidente, y solo 13 de los 14 diputados del bloque oficialista estuvieron presentes, retirándose del recinto para mostrar su rechazo al procedimiento. Los argumentos fueron claros: “No avalamos todo lo que está sucediendo acá porque se está vulnerando la representación de las mayorías y las minorías”, declaró el diputado oficialista Gabriel Bornoroni. Se hablaba de impugnar la comisión, de dejarla sin quórum, de bloquear cualquier avance. Y en ese escenario, la comisión arrancó su camino con una pata coja.
Aunque el objetivo oficial fue que el episodio pasara desapercibido, Ferraro insiste en que no van a aflojar. “Acá no aflojamos, y se confirman los indicios y la información que revelamos desde la Comisión $LIBRA”, escribió en su cuenta de X. Pero el obstáculo mayor es justo el mismo que el gobierno y los operadores judiciales quisieron preservar: la escasez de transparencia, la dificultad de acceder a actos, decisiones y documentos que deberían estar abiertos.
Por ejemplo: uno de los trascendidos señala que una wallet «multisig» de Ethereum (dirección 0x0d9a89cf6a1db1f8d0abc84eb7bd561219892fff) requiere dos de tres firmantes, y que una de ellas pertenece a Novelli, mientras que las otras dos son de Terrones Godoy. Esa cuenta habría recibido 695.990 USDT desde Bitget el 4 de febrero. Pero más llamativo aún: 37 minutos antes, según el análisis, Hayden Davis habría enviado cerca de 4 millones de dólares a Bitget. Ese vínculo aún no se ve citado en la investigación oficial. Los datos, la tensión entre lo declarado y lo ocultado, muestran que hay un sector que quiere que esto quede en el limbo.
Y si bien la justicia federal —el juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscalía de Taiano— iniciaron actuaciones, también colocaron barreras a la comisión parlamentaria: Martínez de Giorgi rechazó el pedido de detención de Novelli y Terrones Godoy, y negó el acceso irrestricto de la comisión al expediente judicial, con el argumento de que podría “frustrar o obstruir el éxito de la investigación”. Esa decisión fue celebrada por el oficialismo como una victoria, pero por Ferraro y su equipo como una señal clara de que se busca paralizar el expediente antes que profundizarlo.
Frente a esta situación, la comisión anunció que apelará, que persistirá, y que no va a aceptar que el gobierno, el ejecutivo o el poder judicial definan unilateralmente los límites del control político. “No podemos permitir la invasión y la limitación de las facultades de investigación porque se menoscaba el control político sobre el Poder Ejecutivo, la determinación de responsabilidades políticas y la elaboración de legislación informada”, sostuvo Ferraro. Cualquiera que haya seguido casos históricos sabrá que la dilación deliberada, el ocultamiento de documentación y la ausencia de testigos son recursos clásicos para que la opinión pública pierda interés y los responsables escapen indemnes.
Cabe decir que, aunque las piezas técnicas de la investigación —blockchain, wallets, transferencias criptográficas— pueden parecer complejas para el público general, lo que está en juego es sencillo de entender: ¿Se usó el poder presidencial o su entorno para beneficiar una criptomoneda promocionada por el propio presidente? ¿Hubo miles o millones de dólares de por medio, y se intentó darles un barniz legal o legítimo cuando eran, en realidad, parte de un esquema de especulación o lucro privado? ¿Y sobre todo, por qué se inclina el sistema político e institucional a proteger al poder antes que al control ciudadano?
El gobierno de Javier Milei afirmó que solo difundió información sobre la criptomoneda, que no promovió directamente su adquisición por parte de particulares. Pero según Ferraro y la comisión, el telón de fondo es otro: una operación mediatizada, con movimientos financieros importantes, involucrados que salieron de plataformas internacionales y un sistema jurídico que prefirió resguardar el secreto antes que abrirlo. Si lo que estamos presenciando es un intento de normalizar la especulación cripto bajo amparo político, entonces las alertas deben activarse de inmediato.
No es menor que una comisión investigadora concluya que hay «indicios y la información que revelamos» —como expuso el propio Ferraro—. Indicios que ahora están sobre la mesa, que muestran cómo los engranajes financieros y legales se articularon para operar casi a contramano del interés público. Por eso este caso debe ser rastreado con lupa, porque de lo contrario, quedará como otro expediente más que “no llega a nada”, otra promesa de rendición de cuentas incumplida, otro pacto tácito entre poder político, dinero y silencio.
El ciudadano común, aquel que no opera en el mundo cripto ni entiende del todo las wallets multisig, tiene motivos para preocuparse: cuando un gobierno impulsa o permite una moneda digital sin rendición de cuentas, sin claridad y sin mecanismos efectivos de supervisión, está abriendo la puerta a maniobras de opacidad, riesgo financiero y pérdida de soberanía. Y cuando quienes deberían investigar son obstaculizados, la señal es clara: el sistema protege al que manda.
Aunque aún hay mucho por dilucidar —la comisión aún espera acceso total, la justicia decide plazos y el oficialismo asegura que todo se hace “en regla”— el carácter crítico, incisivo y provocador de esta investigación no admite medias tintas. Queda la incógnita de si la comisión va a poder continuar o si el mecanismo institucional va ceder ante la presión de los pocos que manejan el dinero y el poder. Con todo esto en juego, el periodismo debe exigir respuestas, el parlamento debe imponer transparencia y los ciudadanos deben quedarse con una pregunta insoslayable: ¿quién está al resguardo detrás del velo de $LIBRA?
Fuentes
La Política Online – “La comisión Libra prepara su informe final y va por Martínez de Giorgi y el fiscal Taiano”
https://www.lapoliticaonline.com/congreso/la-comision-libra-prepara-su-informe-final-y-va-por-martinez-de-giorgi-y-el-fiscal-taiano-7623/
H. Cámara de Diputados de la Nación Argentina – “Sin testigos presentes, se reunió la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda $LIBRA”
https://www.hcdn.gob.ar/prensa/noticia/SIN-TESTIGOS-PRESENTES-SE-REUNIO-LA-COMISION-INVESTIGADORA-SOBRE-LA-CRIPTOMONEDA-%24LIBRA/
Radio UNR – “Caso $LIBRA: Se conformó la Comisión Investigadora y el oficialismo anunció que va a impugnar”
https://radio.unr.edu.ar/2025/08/28/caso-libra-se-conformo-la-comision-investigadora-y-el-oficialismo-anuncio-que-va-a-impugnar/
Conclusión – “La Comisión que investiga la estafa $LIBRA no aceptará obstrucción del Gobierno y otros poderes en la investigación”
https://www.conclusion.com.ar/politica/la-comision-que-investiga-la-estafa-libra-no-aceptara-obstruccion-del-gobierno-y-otros-poderes-en-la-investigacion/10/2025/
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