La Justicia federal ordenó congelar los activos de Hayden Davis y de dos operadores cripto acusados de canalizar fondos sospechosos. Los movimientos financieros coinciden con reuniones en Casa Rosada y transferencias posteriores a la foto entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense.
Mientras los tribunales argentinos avanzan sobre los fondos del esquema $LIBRA, los investigadores estadounidenses impulsan una demanda bajo la ley RICO por fraude transnacional. Las conexiones entre los lobistas locales, los movimientos cripto y la figura presidencial dejan expuesta la opacidad financiera del gobierno libertario.
El llamado caso $LIBRA avanza a paso firme y con consecuencias que golpean de lleno al corazón político del oficialismo. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso el congelamiento de los bienes del empresario norteamericano Hayden Davis y de dos operadores de criptoactivos —el colombiano Favio Camilo Rodríguez Blanco y el argentino Orlando Rodolfo Mellino— acusados de operar una “cueva financiera” digital. La medida, solicitada por el fiscal Eduardo Taiano, busca evitar que los implicados dispongan de fondos que podrían ser el fruto de un fraude estimado entre 100 y 120 millones de dólares.
Lo que en un principio parecía un clásico caso de estafa cripto terminó convirtiéndose en un entramado que compromete, por acción u omisión, a figuras del gobierno de Javier Milei. Las pesquisas detectaron transferencias de más de medio millón de dólares realizadas por Davis a través de la plataforma Bitget poco después de una reunión en la Casa Rosada. La operación se concretó apenas 42 minutos después de que el Presidente publicara en redes una selfie con el empresario, a quien presentaba como “asesor en blockchain e inteligencia artificial”.
La Justicia interpreta estos movimientos como un posible intento de encubrimiento. El circuito financiero es complejo: los fondos circularon por billeteras virtuales manejadas por intermediarios —Rodríguez Blanco y Mellino— que transformaban los criptoactivos en dinero físico para ocultar el destino final. Los investigadores encontraron coincidencias entre esas transacciones y el retiro de bolsos con dinero de cajas de seguridad del Banco Galicia por parte de familiares del lobista Mauricio Novelli, uno de los nombres que ya figura en la ruta del dinero sospechoso.
El fiscal Taiano basó su pedido en un extenso informe técnico de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos junto con la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes del Ministerio Público Fiscal. El documento recomienda avanzar con medidas urgentes para impedir que los implicados dispongan de bienes que podrían pertenecer a los inversores defraudados. El juez Martínez de Giorgi coincidió: había “peligro en la demora” y riesgo de fuga de capitales, por lo que extendió el bloqueo a todas las plataformas cripto que operan en Argentina.
Pero la trama política agrega una capa de gravedad. Los mensajes filtrados de Davis revelan un tono de impunidad: “Le envío $$ a su hermana y él firma lo que digo y hace lo que quiero”, habría escrito refiriéndose a Karina Milei. Esas palabras, si se confirman, mostrarían la naturalización de un esquema de poder que convierte la cercanía al Presidente en moneda de cambio.
Tres meses antes del colapso del token $LIBRA, Novelli había propuesto al propio Milei “monetizar la imagen del Presidente” para generar ingresos privados. Según testigos, el entonces abogado personal Diego Spagnuolo advirtió sobre la incompatibilidad ética de la idea, pero la tentación del dinero digital parecía seductora para un gobierno que se jacta de “romper el statu quo”. La frontera entre el marketing político y la especulación financiera se volvió difusa.
Mientras tanto, en Estados Unidos la class action presentada por inversores afectados agrava el panorama. El caso —en manos de la jueza federal Jennifer Rochon— invoca la RICO Act, la legislación que persigue delitos de crimen organizado. Allí se acusa a Davis, a la plataforma Meteora y al ingeniero Benjamin Chow de montar una “fábrica de fraude” global que ya había operado con otros tokens como $M3M3. La acusación sostiene que las maniobras respondían a un patrón de vaciamiento coordinado: atraer fondos con promesas tecnológicas, inflar el precio del activo y finalmente retirar el dinero, dejando a los pequeños ahorristas en la ruina.
La Justicia argentina y la estadounidense parecen transitar caminos paralelos, pero el impacto político es local. El congelamiento dispuesto por Martínez de Giorgi no sólo preserva activos: marca una frontera simbólica. Por primera vez, un juez federal vincula de forma directa las operaciones cripto con el entorno presidencial. La llamada “revolución liberal” de Milei se topa con la lógica del mercado que decía dominar: la del dinero opaco, los intermediarios anónimos y los flujos imposibles de rastrear.
Este caso expone una contradicción profunda del discurso oficial. El Presidente que promete “liberar los mercados” y “terminar con la casta” aparece rodeado de operadores que usaron su imagen para captar fondos y manipular activos digitales. La supuesta modernidad libertaria se confunde con la vieja práctica de los negociados en las sombras.
El expediente $LIBRA no sólo indaga sobre criptomonedas, sino sobre el uso del poder como plataforma de enriquecimiento. La investigación judicial apunta a esclarecer si existieron pagos encubiertos o retornos disfrazados de asesorías tecnológicas. Si las pruebas se confirman, el gobierno quedará frente a un nuevo escándalo ético que cuestiona su legitimidad moral y política.
La justicia norteamericana avanza, los fondos siguen congelados y los inversores esperan respuestas. En el medio, el gobierno de Milei sufre un daño reputacional difícil de revertir. En un contexto económico crítico, cada revelación sobre la ruta del dinero cripto erosiona el relato oficial del orden y la transparencia.
El caso $LIBRA ya no es sólo un asunto judicial. Es un espejo incómodo para una administración que hizo de la pureza ideológica su bandera y que hoy debe explicar cómo la “libertad financiera” terminó alimentando una trama de fraude y poder.
El caso $LIBRA arrincona al Gobierno: El juez Martínez de Giorgi congela activos ligados al entorno presidencial
Deja una respuesta