El fiscal Guillermo Marijuan denunció a José Picón, gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud, por la contratación de una empresa de su propiedad con una obra social intervenida por el gobierno de Javier Milei. La causa quedó en manos del juez Martínez De Giorgi y vuelve a poner en foco los vínculos entre funcionarios libertarios y negocios con fondos públicos.
Mientras el gobierno de Javier Milei promete “eficiencia” y “austeridad”, se acumulan las denuncias por contratos irregulares en obras sociales intervenidas. La investigación sobre José Picón, funcionario clave de Mario Lugones, expone un nuevo caso de presunta incompatibilidad entre intereses privados y gestión pública, un patrón que empieza a repetirse peligrosamente.
Otra vez, un funcionario libertario en la mira de la Justicia. Esta vez se trata de José Picón, gerente general de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), el organismo encargado de controlar a las obras sociales, bajo la órbita del ministro Mario Lugones. El fiscal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal para que se investigue la contratación de SAAS SAU, una empresa de informática que Picón fundó antes de ingresar al Gobierno y que, apenas meses después de su designación, fue contratada por una obra social intervenida por el propio Estado.
La sospecha es evidente: ¿cómo puede una empresa que pertenecía a un funcionario público obtener contratos del mismo organismo donde ese funcionario ejerce autoridad? Esa es la pregunta que guía la causa judicial, ahora en manos del juez Marcelo Martínez De Giorgi, del Juzgado Federal 5.
Según la denuncia, Picón creó SAAS SAU en agosto de 2021 y fue su director y presidente hasta marzo de 2024, cuando asumió como Gerente Operativo de Subsidios por Reintegros en la SSS. En julio del mismo año —apenas cuatro meses después de su salida formal de la empresa—, SAAS SAU consiguió un contrato con la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (Ospif), una de las ocho obras sociales intervenidas por el gobierno de Milei.
La cronología deja poco margen a la casualidad. El vínculo entre la empresa y el organismo estatal parece haber sobrevivido a la renuncia de Picón, que para ese entonces ya había ascendido a Gerente General, una posición de enorme poder dentro del sistema de salud estatal.
El fiscal Marijuan comprobó que el contrato siguió vigente hasta agosto de 2025, y pidió que se investigue si se trató de una maniobra ilegal de negociaciones incompatibles con la función pública, delito tipificado en el artículo 265 del Código Penal. Lo que está en juego no es un tecnicismo: se trata del uso de fondos de obras sociales —dinero de trabajadores y trabajadoras— para favorecer a empresas con vínculos directos con funcionarios del gobierno.
La firma SAAS SAU, según su propio sitio web, ofrece software para optimizar la gestión administrativa de las obras sociales, bajo la promesa de “reducir costos” y “automatizar procesos”. Entre sus clientes figuran la obra social de camioneros (OSCHOCA), la de trabajadores de prensa (OSTPBA) y la de despachantes de aduana (OSEDA). Lo llamativo es que, tras el desembarco de Picón en el Estado, la empresa sumó a su cartera a una obra social bajo intervención del propio gobierno.
Un especialista consultado por La Nación detalló que el software de SAAS integra los pagos del sistema de discapacidad: “A través del sistema se cargan las facturas de los prestadores, la Superintendencia gira los fondos y la obra social paga”. Dicho de otro modo, SAAS SAU está en el corazón del flujo financiero del sistema que Picón debía controlar.
El caso recuerda a otros episodios recientes que salpican al mismo entorno del Ministerio de Salud: contratos millonarios con la droguería Suizo Argentina, acuerdos con empresas familiares de socios políticos y triangulaciones que involucran a funcionarios cercanos a Martín Menem. En todos los casos, el patrón se repite: funcionarios libertarios que privatizan el control estatal para beneficiar negocios propios o de su entorno.
El discurso del “Estado mínimo” se traduce, en los hechos, en un Estado capturado por intereses particulares. Mientras se recortan subsidios, se paralizan programas sociales y se desfinancia la salud pública, florecen las empresas amigas que facturan gracias a decisiones administrativas hechas a medida.
La paradoja es brutal: un gobierno que se presenta como enemigo de la “casta” reproduce los vicios más antiguos del poder. El relato de la transparencia libertaria se desmorona ante cada nueva denuncia. Y lo que emerge detrás del eslogan de la “eficiencia privada” es una red de connivencias, contratos opacos y favores cruzados que comprometen el propio corazón del sistema sanitario.
La causa contra Picón recién comienza, pero deja una señal clara. Si la Justicia avanza, el expediente puede convertirse en un símbolo de cómo el “nuevo orden” prometido por Milei esconde una vieja práctica: la de usar el Estado para hacer negocios. Si no avanza, confirmará lo que muchos temen: que la impunidad también se privatizó.
Fuente
.https://www.infogremiales.com.ar/otro-funcionario-de-lugones-quedo-en-la-mira-de-la-justicia-por-un-contrato-sospechoso-en-una-obra-social-intervenida-por-el-gobierno/
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