La gestión del ministro Mario Lugones al frente de la cartera de Salud nacional exhibe una paradoja inquietante: al mismo tiempo que anuncia un refuerzo presupuestario para el Hospital de Pediatría “Profesor Dr. Juan P. Garrahan” (Garrahan) y otros centros de salud de alta complejidad, se aplican descuentos salariales que alcanzan cifras astronómicas a quienes participaron de paros, mientras los trabajadores advierten el deterioro real del presupuesto en términos de poder adquisitivo.
La administración oficial dispuso una modificación presupuestaria mediante la Decisión Administrativa 29/2025 que reasignó al menos $20.180 millones al Garrahan. El diario La Nación consignó que el hospital fue “el más favorecido” en la última modificación presupuestaria.
Sin embargo, una mirada más detallada revela que la partida inicial para 2025 se fijó en $169.000 millones según el portal oficial “Presupuesto Abierto”. Esa cifra fue luego aumentada a aproximadamente $186.000 millones, lo que representa un incremento nominal del 9,8 % respecto al año anterior. Como la inflación acumulada supera ese porcentaje —de hecho se estimaba en el entorno del 117,8% para 2024— el crecimiento real del presupuesto sería negativo en casi un 50% en términos de poder adquisitivo. Además, en los primeros cinco meses de 2025, las transferencias nacionales al Garrahan registraron una caída del 7,2% en relación con el mismo período de 2024.
En paralelo a esta situación financiera, los trabajadores del hospital denunciaron descuentos salariales brutales por haber participado de paros: según fuentes sindicales, se registraron recortes de hasta $500.000 para enfermeras, instrumentadoras, maestras del jardín maternal y otros técnicos que protagonizaron medidas de fuerza en el último mes. Los gremios Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) tomaron la dirección del hospital en protesta por esos descuentos, denunciando que muchas trabajadoras “no llegan a fin de mes” y, al mismo tiempo, se asignan contratos de asesores con montos millonarios.
En su posteo en la red X, Lugones sostuvo que “el que para no cobra” y advirtió que quienes realizaron nueve paros en un mes vieron aplicados descuentos en sus haberes. Ese discurso se combina con la reivindicación del Garrahan como “hospital de referencia de toda América Latina, libre de quienes lo usaron como bandera política”. Pero esta retórica contrasta con la evidencia de que los recursos asignados no cubren la pérdida de valor real del presupuesto y, al mismo tiempo, se sanciona al personal que ejerce el derecho laboral de huelga.
La lógica es ilustrativa: anunciarse un aumento presupuestario de decenas de miles de millones de pesos sirve para generar imagen, pero al analizarlo a la luz de la inflación y del deterioro del poder adquisitivo de los salarios del personal, emerge un escenario de ajuste real. Redondeando: el presupuesto del Garrahan, en términos reales, ha perdido casi la mitad de su capacidad de compra respecto al año anterior. Y los descuentos salariales denuncian que la administración no sólo presupuestaria sino también disciplinaria está en funcionamiento.
El efecto inmediato se observa en el clima laboral: trabajadores dicen sentirse castigados y abandonados, denuncian que sus derechos se vulneran y que las condiciones de trabajo se deterioran. El efecto estructural es aún más preocupante: un hospital que es emblema de la salud pública argentina —y que atiende gran parte de los casos pediátricos de alta complejidad del país— opera en un contexto de tensión constante, recortes reales y conflictos gremiales profundos.
Cuando el ministro dice que “cada peso que antes se malgastaba, hoy se invierte en su equipo de salud, en tecnología y en obras”, lo cierto es que la inversión real no alcanza los estándares que exige la normativa vigente: la Ley N.º 27.796 declara emergencia en salud pediátrica y exige una recomposición salarial y presupuestaria que el Ejecutivo aún no cumple.
La paradoja, pues, es esta: mayor asignación nominal + menores recursos reales + sanciones salariales + retórica de eficiencia = un sistema que se ajusta sobre quienes sostienen su funcionamiento.
En definitiva, la gestión de Lugones confronta a los trabajadores del Garrahan con un sistema que anuncia generosidad pero implementa ajuste; que proclama hospital de referencia para América Latina mientras descuenta salarios y reduce el presupuesto real; que califica al personal que protesta como “grupos violentos” y al sindicato como “casta” cuando, al fin y al cabo, son quienes sostienen el hospital día tras día.
El que para no cobra, avisa el ministro. Sin embargo, lo que no debería decirse es que “el que trabaja cobra menos mientras el hospital se queda sin poder real”. Y eso debería preocupar no sólo al personal sino a cada familia que confía en el Garrahan para la atención de sus hijos.
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