El proyecto de reforma laboral que el gobierno de Javier Milei presentará en el Congreso en diciembre reintroduce los viejos “ticket canasta” como forma de pago no remunerativa. Una medida que en los ’90 recortó salarios, vació el sistema previsional y enriqueció a las empresas emisoras de vales.
Los vales alimentarios, símbolo de la precarización laboral durante el menemismo, vuelven al centro de la escena de la mano del gobierno libertario. Presentados como un incentivo para “modernizar” los salarios, esconden un mecanismo que excluye aportes jubilatorios, licencias y aguinaldos, beneficiando únicamente al sector empresario. La historia reciente demuestra que su aplicación implicó pérdidas millonarias para los trabajadores y el Estado.
El gobierno de Javier Milei avanza en su ofensiva contra los derechos laborales y apunta a reinstalar uno de los mecanismos más regresivos de la década del ’90: los tickets canasta. Bajo el argumento de “flexibilizar” las relaciones laborales y “aliviar” los costos empresariales, el nuevo proyecto de reforma laboral —que ingresará al Congreso en diciembre— pretende que los empleadores vuelvan a pagar parte de los salarios mediante vales no remunerativos. Esta medida, presentada como una herramienta de eficiencia y “modernización”, reproduce un viejo esquema que empobreció a los trabajadores y desfinanció al sistema previsional.
Los llamados ticket canasta o ticket restaurant fueron implementados durante el gobierno de Carlos Menem, en los albores de la convertibilidad, bajo el paraguas del artículo 103 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta norma, que regulaba los “beneficios sociales no remunerativos”, permitió a los empleadores pagar una parte del salario mediante vales que no integraban el cálculo de aguinaldo, vacaciones, horas extras ni aportes jubilatorios. Es decir, los trabajadores cobraban menos, y el Estado recaudaba menos. Los únicos beneficiados eran las empresas.
Durante los años de su aplicación, los tickets se transformaron en un emblema del deterioro del empleo formal. No solo recortaban el salario real, sino que además no se percibían durante licencias por enfermedad, accidentes laborales o vacaciones. Tampoco eran tenidos en cuenta para el pago de indemnizaciones por despido o incapacidad. En términos concretos, significaban un recorte salarial encubierto bajo una forma “moderna” de pago que dejaba al trabajador desprotegido y debilitaba las contribuciones sociales que sostenían la seguridad social.
En 2007, el Congreso derogó su utilización a partir de un proyecto impulsado por el entonces diputado y abogado laboralista Héctor Recalde. La decisión se tomó tras un escándalo de corrupción: una cámara oculta registró a representantes de las empresas de vales intentando sobornar legisladores para mantener el negocio. Aquella trama dejó en evidencia la magnitud de los intereses económicos detrás del sistema, que movía millones de dólares anuales en comisiones y descuentos a costa del salario obrero.
La magnitud del perjuicio fue contundente. Según estimaciones del CENDA (Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino), entre el Estado, los trabajadores y las obras sociales se perdieron alrededor de 21.000 millones de dólares durante los años de vigencia del sistema. Una transferencia monumental de recursos al sector empresario, que operó bajo el discurso de la “eficiencia” y el “alivio fiscal”. Mientras tanto, las empresas emisoras de vales —como Accor, Sodexho y Ticket Total— amasaron fortunas.
El negocio era tan redondo como perverso. Las compañías emisoras, en su mayoría filiales de grupos extranjeros, obtenían ganancias por tres vías: cobraban comisiones de entre el 2% y el 6% al vender los tickets a las empresas empleadoras; retenían entre un 1,5% y un 6% al comercio que los recibía y los canjeaba por efectivo; y, además, colocaban temporalmente los fondos recaudados en el mercado financiero, obteniendo rentas adicionales. El circuito cerraba perfectamente: los trabajadores perdían, las empresas locales se ahorraban cargas sociales, y los emisores franceses multiplicaban beneficios.
En 2007, con el dólar a 3,15 pesos, las ganancias anuales por la emisión de estos vales se estimaban entre 140 y 395 millones de pesos, una cifra considerable en aquel contexto. Más de 1,4 millones de trabajadores —el 15% del total de empleados registrados— cobraban parte de su salario mediante este mecanismo. Los grandes jugadores del mercado eran Accor, del grupo francés Servicios Tickets, y Sodexho, que llegó a controlar cerca de la mitad del negocio tras absorber a Ticket Total. Detrás de esta última estaba el fondo de inversión The Exxel Group, también accionista de Argencard, una muestra más de cómo el sistema financiero global intervenía directamente en la economía cotidiana de los trabajadores argentinos.
El regreso del ticket canasta que impulsa Milei no es casual ni inocente. Forma parte de una estrategia más amplia de desregulación laboral, orientada a reducir los costos empresarios y a consolidar un modelo económico que subordina el trabajo al capital financiero. La eliminación del carácter remunerativo de los vales implica, en la práctica, una reducción del salario en blanco y una erosión de las bases que sostienen el sistema jubilatorio y de salud pública. Bajo el disfraz de la “libertad contractual”, se reedita la vieja receta del ajuste: flexibilización, precarización y transferencia de recursos hacia los sectores concentrados.
Los antecedentes históricos son elocuentes. Los tickets canasta surgieron en 1989, en medio de la hiperinflación, con el argumento de frenar la escalada de precios. Pero lejos de ser un antídoto, terminaron consolidando un esquema de segmentación salarial que fragmentó el poder adquisitivo de los trabajadores y desfinanció el sistema de seguridad social. Con el paso del tiempo, se convirtieron en un símbolo del modelo neoliberal de los ’90: salarios fragmentados, beneficios para pocos y un Estado debilitado.
Hoy, a más de tres décadas de aquel experimento, el gobierno libertario intenta presentarlo como una innovación. La historia, sin embargo, demuestra que detrás de las palabras “modernización” y “eficiencia” se esconden políticas de ajuste y exclusión. Las cifras de la consultora Zubán Córdoba, relevadas a comienzos de este año, lo confirman: el 81,3% de los trabajadores rechaza la reimplantación de los tickets canasta, mientras apenas un 13,3% los apoya. La memoria colectiva conserva intacta la sensación de haber sido estafada.
El discurso oficial promete mayor competitividad, pero lo que ofrece es un camino ya transitado que terminó en recesión, desempleo y desigualdad. La experiencia menemista demostró que la “flexibilidad” no crea empleo, sino que multiplica la precariedad. El retorno de los vales no es una medida técnica ni una simple herramienta de gestión salarial: es un cambio ideológico que reinstala la lógica del trabajo como costo y no como derecho.
El gobierno de Milei se alinea así con el viejo credo neoliberal que prioriza el beneficio empresario sobre la justicia social. Lo hace en un contexto de salarios pulverizados, inflación persistente y una caída histórica del consumo. Reintroducir un mecanismo que recorta aportes, licencias y derechos es un golpe directo al corazón del sistema laboral argentino, una pieza central en el desmantelamiento del Estado social que el libertarismo pretende imponer.
En definitiva, los tickets canasta fueron y siguen siendo un eufemismo para disfrazar el ajuste. Su resurrección, en manos de un gobierno que desprecia la negociación colectiva y las instituciones laborales, constituye una amenaza real para millones de trabajadores. No hay modernización posible si el costo se paga con la pérdida de derechos conquistados. El regreso de los vales alimentarios no es el futuro: es el pasado que vuelve, con los mismos actores, el mismo discurso y las mismas víctimas.
Fuentes:
“Cómo eran y para qué servían los Ticket Canasta que Javier Milei reactivaría con la reforma laboral”
https://noticiasargentinas.com/economia/como-eran-y-para-que-servian-los-ticket-canasta-que-javier-milei-reactivaria-con-la-reforma-laboral_a69013732b8c88b8e7e51c890
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