La proscripción judicial avanza: dos jueces designados sin aval parlamentario buscan impedir que Cristina Fernández de Kirchner, electa dos veces por el pueblo, vuelva a disputar el poder. ¿Quiénes son los verdaderos enemigos de la democracia?
Cuando Mauricio Macri decidió nombrar por decreto presidencial a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema en diciembre de 2015, lo hizo violando uno de los principios elementales de la Constitución Nacional: el acuerdo del Senado para integrar el máximo tribunal.
Esa jugada, celebrada por sectores de poder concentrado y denunciada por amplios sectores democráticos, no fue un hecho aislado. Fue un movimiento estratégico para cooptar la Justicia desde la cúspide del sistema.
Hoy, casi una década después, esos mismos jueces están al frente de las maniobras para inhabilitar políticamente a Cristina Fernández de Kirchner, la dirigente que fue elegida dos veces presidenta por mayorías aplastantes (2007 y 2011) y que representa, para millones, la esperanza de un modelo alternativo al neoliberalismo salvaje de Javier Milei.
El origen antidemocrático de una Corte servil
En 2015, Mauricio Macri asumía la presidencia con una Corte Suprema debilitada por renuncias. Su primera jugada institucional fue nombrar por decreto y «en comisión» a Rosatti y Rosenkrantz, sin esperar ni convocar al Senado, ni permitir un debate público.
Esa decisión fue duramente cuestionada por constitucionalistas, políticos de todos los signos y hasta por la misma comunidad jurídica internacional.
Miguel Pichetto, hoy aliado de Milei, entonces lo definió como «un grave error político e institucional». Julio Cobos denunció que fue “innecesario e inconstitucional”. El jurista Andrés Gil Domínguez lo calificó como «una afrenta al sistema republicano».
Pero el poder real —ese que no se vota— lo celebró.
La Corte del lawfare
Desde entonces, tanto Rosatti como Rosenkrantz acomodaron su trayectoria a los intereses del macrismo y sus aliados. No fueron árbitros: fueron jugadores en una guerra judicial contra los sectores populares y el peronismo.
- Respaldaron el 2×1 a genocidas.
- Hicieron la vista gorda ante el espionaje ilegal de la AFI macrista.
- Consintieron las detenciones arbitrarias de Milagro Sala y Amado Boudou.
- Y ahora avanzan, con maniobras al borde del golpismo jurídico, en la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.
La nueva proscripción: disfraz judicial, objetivo político
El fallo contra CFK por la causa Vialidad, sostenido sin pruebas directas, fue denunciado por juristas y observadores internacionales como un ejemplo de lawfare. Un caso armado, amplificado mediáticamente, manipulado judicialmente y coronado por una Corte Suprema que no fue votada por nadie.
¿Con qué legitimidad moral dos jueces que entraron por la ventana de un decreto pueden decidir el destino político de una dirigente que ganó elecciones con más de 54% de los votos?
¿Cómo puede hablarse de justicia, cuando los jueces del tribunal supremo fueron parte de una operación política desde el primer día?
La respuesta es clara: no hay justicia, hay persecución.
Cristina: dos veces elegida, una vez proscripta
Cristina no necesita ser defendida por la historia: ya es parte de ella. Su lugar en el corazón del pueblo está asegurado. Pero lo que hoy está en juego no es solo su futuro, sino el de la democracia argentina.
Porque si una dirigente votada masivamente puede ser silenciada por un fallo amañado de una Corte ilegítima, entonces todos los votos pierden valor, y todos los ciudadanos estamos en riesgo.
La proscripción de Cristina no es solo un ataque al kirchnerismo: es un ensayo autoritario de una casta judicial al servicio del poder económico, dispuesto a eliminar por decreto lo que no puede vencer en las urnas.
La Corte Suprema, con Rosatti como presidente autoproclamado y Rosenkrantz como operador académico del establishment, ya no es un poder de equilibrio. Es una herramienta política del bloque de poder que representa Macri, Milei, Clarín, y el empresariado concentrado.
Y su misión es clara: borrar de la escena a Cristina, la única figura con poder real para enfrentar ese modelo de saqueo.
Pero el pueblo ya lo ha demostrado una y otra vez: no se proscribe a quien encarna una esperanza colectiva.
La historia ya condenó a los jueces por decreto. Ahora, les toca a los pueblos escribir el próximo capítulo.
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