La denuncia de Leopoldo Moreau expone un esquema de control social que recuerda a épocas oscuras de la Argentina
El diputado nacional Leopoldo Moreau presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, y violaciones a la ley de inteligencia y de protección de datos personales. Según Moreau, Bullrich está llevando adelante un plan sistemático de represión y vigilancia ilegal, destinado a impedir el ejercicio de derechos constitucionales como la protesta y la libre circulación.
La denuncia se formalizó en el Juzgado Federal N°8 a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, y también involucra a los jefes de las fuerzas federales de seguridad, a quienes se acusa de ser cómplices de un accionar ilegal que no solo impide manifestaciones, sino que recopila información sobre militantes y ciudadanos comunes para realizar inteligencia sin orden judicial.
¿Qué pasó el 18 de junio?
El hecho detonante fue lo ocurrido el 18 de junio, cuando miles de manifestantes que intentaban llegar a la Plaza de Mayo para apoyar a Cristina Fernández de Kirchner fueron bloqueados en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia de Moreau subraya que el derecho a manifestarse está garantizado por la Constitución Nacional, y que impedir el acceso a la ciudad por razones ideológicas o partidarias constituye una práctica inaceptable en democracia.
«Los partidos políticos están legalizados y legitimados en la Argentina. Las manifestaciones para acompañar a sus dirigentes no pueden ser reprimidas ni obstaculizadas», dijo el legislador al fundamentar la denuncia.
Espionaje ilegal: la nueva cara del protocolo Bullrich
La acusación más grave tiene que ver con la recopilación de datos personales por parte de las fuerzas de seguridad. Según Moreau, existe la sospecha fundada de que se tomaron registros, fotos, listas y otras formas de identificación de los manifestantes sin orden judicial ni justificación legal, violando la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Inteligencia Nacional.
Esto, alerta el diputado, marca un giro autoritario en la gestión de Bullrich, que ya había sido denunciada por organismos de derechos humanos durante su anterior paso por el Ministerio de Seguridad. Hoy, vuelve con una agenda aún más radicalizada y un mayor margen de discrecionalidad para activar dispositivos represivos sin intervención judicial.
«La policía cazaba militantes como animales»
La denuncia de Moreau coincide con otro episodio revelador. El mismo día, el abogado Matías Aufieri —militante de izquierda y víctima de violencia policial en febrero de 2024— declaró ante el juez Martín Cormick sobre el accionar de las fuerzas durante una manifestación pacífica. Aufieri recibió un disparo de bala de goma en el ojo, y denunció que la Policía Federal disparaba “a la cara y arriba de la cintura”.
«No había corte de calles. Estábamos en la vereda, en la Plaza de los Dos Congresos. La policía avanzó sin orden judicial, se llevó gente y disparó sin ningún criterio», relató Aufieri. Y agregó que entre los agredidos hubo niños, jubilados y periodistas.
Estos testimonios fortalecen la hipótesis de que el «protocolo antipiquetes» de Bullrich no es una herramienta de orden público, sino una forma de represión estatal dirigida selectivamente contra la militancia política, los movimientos sociales y los sectores críticos del gobierno.
El nuevo estatuto de la Federal: más poder para Bullrich
Como si fuera poco, el nuevo estatuto de la Policía Federal Argentina aprobado recientemente le otorga a Patricia Bullrich más poder de intervención directa. Ahora puede decidir dónde y cuándo actúan las fuerzas federales, incluso fuera de su jurisdicción natural, como en la zona de Constitución o cualquier otro punto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin necesidad de autorización judicial ni coordinación con la Policía de la Ciudad.
Este corrimiento de la fuerza porteña para cederle el control directo a Bullrich representa un peligroso avance sobre la autonomía de la ciudad y sobre los derechos de sus ciudadanos. En los hechos, instaura un estado de excepción de facto, donde una ministra puede decidir quién entra, quién se manifiesta y quién no.
¿Hacia una democracia blindada?
La denuncia de Moreau no es una más. Abre la puerta a un debate urgente: ¿qué tipo de democracia estamos construyendo si los derechos políticos básicos pueden ser anulados por la discrecionalidad de una ministra con pretensiones autoritarias?
Con antecedentes de represión, espionaje y ahora control territorial sin límites, Patricia Bullrich se presenta más como una comisaria ideológica que como una funcionaria de un Estado de Derecho. Lo que está en juego ya no es solo la libertad de expresión o el derecho a manifestarse: es el corazón mismo de la vida democrática en la Argentina.
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