El Congreso argentino aprobó una normativa que habilita el registro con nombre y apellido de fetos fallecidos a partir de la semana 22 de gestación, despertando fuertes críticas de colectivos feministas que advierten sobre el riesgo de criminalización de derechos sexuales y reproductivos.
La flamante ley sobre “defunciones fetales” avanza peligrosamente sobre el terreno simbólico y jurídico del aborto legal. Aunque revestida de supuestas buenas intenciones, organizaciones feministas denuncian su carga ideológica y el uso del dolor como caballo de Troya de los sectores antiderechos. El pedido de veto presidencial ya está sobre la mesa.
A veces las leyes no se explican por lo que dicen, sino por lo que callan. El reciente proyecto aprobado por el Congreso argentino que habilita la inscripción de «defunciones fetales» con nombre y apellido no es solo un trámite administrativo. Es, en el fondo, un movimiento profundamente político, cargado de simbolismo y peligros latentes. Bajo el velo de una supuesta reparación para quienes transitan la pérdida de un embarazo avanzado, se esconde una avanzada conservadora que pretende disputar el sentido mismo de la vida, la muerte y los derechos conquistados.
La norma, que fue aprobada sin pasar por el filtro de las comisiones de Salud ni de Mujeres y Diversidades, habilita a los progenitores a inscribir en el Registro Civil a un feto fallecido desde la semana 22 de gestación y con un peso mínimo de 500 gramos. Esta definición, lejos de ser técnica, tiene profundas implicancias. Porque al otorgar nombre, apellido y un registro civil a lo que aún no es considerado persona según el Código Civil argentino, se introduce por la puerta de atrás una reinterpretación ideológica de cuándo comienza la vida. Y con ello, el riesgo de retrocesos que hace apenas unos años parecían imposibles.
Las organizaciones feministas no tardaron en reaccionar. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Socorristas en Red, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Amnistía Internacional Argentina coincidieron en una advertencia central: esta ley puede ser usada como un arma política y judicial para poner en cuestión la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La posibilidad de que los sectores antiderechos utilicen este nuevo registro como prueba para criminalizar abortos legales no es un delirio paranoico, sino una hipótesis respaldada por antecedentes recientes en América Latina.
El texto legal, además, carece de precisiones fundamentales. ¿Qué diferencia exactamente una defunción fetal de un aborto espontáneo? ¿Cómo se establecerá el límite si la interrupción ocurre justo en la semana 22, o si el peso fetal no puede ser confirmado con precisión? La medicina, como la vida, no opera en términos absolutos. Pero la legislación impuesta sí. Y en ese desajuste entre la norma y la realidad biológica es donde se cuelan los fundamentalismos.
Pero hay más. Las organizaciones feministas no solamente cuestionan el contenido de la norma, sino su forma. La ley fue tratada sin debate público, sin audiencias, sin la participación de especialistas en salud reproductiva, sin la voz de quienes militan los derechos sexuales desde hace décadas. Se trató a espaldas de la ciudadanía, como si se tratara de un tema menor, cuando en realidad lo que se está legislando es un cambio profundo y regresivo en la manera en que el Estado argentino concibe el embarazo, la maternidad y el dolor.
Y sí, el dolor. Porque ahí está la trampa. El texto de la ley se presenta como un reconocimiento del duelo gestacional. Y, por supuesto, nadie niega ni minimiza ese sufrimiento. Las pérdidas gestacionales son traumáticas y merecen acompañamiento, cuidado, respeto. Pero usar ese dolor genuino como disfraz para colar un marco ideológico reaccionario es, justamente, lo que más duele. Se apropian de las emociones ajenas para imponer una agenda que busca desandar años de lucha feminista.
No es la primera vez que sucede. En países como El Salvador o Nicaragua, leyes similares han servido para criminalizar mujeres que sufrieron abortos espontáneos. El mismo discurso de la “vida desde la concepción” fue la base jurídica para encerrar, hostigar y culpabilizar a cientos de mujeres pobres, muchas de ellas obligadas a parir en condiciones de tortura. ¿Estamos dispuestos a repetir esa historia? ¿Queremos legitimar esa deriva bajo el disfraz de una ley “humanitaria”?
Lo más grave es que esta ley abre la puerta a la injerencia del aparato estatal en procesos íntimos y dolorosos, reforzando la lógica de control sobre los cuerpos gestantes. Es una jugada que, en el contexto del gobierno de Javier Milei, no puede leerse como un hecho aislado. El negacionismo de los derechos de las mujeres, la demonización del feminismo y el desprecio por la salud pública no son meras declaraciones altisonantes: están siendo traducidas en normas que afectan directamente la vida de millones de personas.
El oficialismo libertario, que se jacta de defender la libertad individual, parece olvidar esa consigna cuando se trata de los cuerpos gestantes. Porque esta ley no amplía derechos: los restringe. No garantiza acompañamiento médico ni cobertura emocional. No prevé recursos ni protocolos de atención. Solo crea un registro. Un número. Una inscripción. Una lápida simbólica. Y con eso pretende expiar el dolor, pero termina abriendo un campo fértil para el castigo.
Frente a este escenario, las organizaciones feministas elevaron un pedido formal de veto al presidente. Y aunque parezca una quimera esperar sensibilidad institucional por parte de quien desprecia abiertamente el movimiento feminista, el reclamo es necesario. Porque al menos deja constancia. Porque incomoda. Porque resiste.
Lo que está en juego no es una formalidad burocrática. Es el sentido de la vida en comunidad. Es la autonomía sobre nuestros cuerpos. Es la certeza de que los avances conquistados no son negociables. Que ningún gobierno puede borrar con una firma décadas de lucha callejera, de pañuelos verdes, de vidas salvadas gracias a la legalización del aborto.
Esta ley no es solo una amenaza para el presente. Es un mensaje hacia el futuro. Y como toda advertencia, merece ser leída con atención. Porque detrás de la tinta seca del boletín oficial, hay una pulsión regresiva que busca reinstalar la culpa, el control y el castigo. Y porque si no se detiene ahora, mañana será demasiado tarde.
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