El Gobierno libertario entrega 160 viviendas del PROCREAR a las fuerzas federales como un botín

Mientras 160 familias ven esfumarse su sueño de la casa propia, Denuncias colectivas, abuso de poder y el sabor amargo de la traición social.

Alexander Zalazar tenía 24 años y la ilusión intacta cuando ganó el sorteo de Procrear en noviembre de 2023. Hoy, junto a decenas de familias, enfrenta lo que califica como una estafa: el Gobierno de Javier Milei, con Patricia Bullrich como ejecutora, decidió arrebatarles sus viviendas para otorgárselas a efectivos de seguridad. Una decisión cargada de oscuridad política, que desnuda el abuso de poder y la lógica de ajuste que sacrifica a los más vulnerables.

Alexander Zalazar lo cuenta con voz firme, pero detrás se cuela un temblor inevitable. Tenía 24 años cuando creyó que su vida había dado un giro luminoso. El 23 de noviembre de 2023 salió sorteado junto a otras 159 personas en el programa Procrear. Iba a dejar de pagar alquiler, de sentir la soga al cuello cada primero de mes. Iba, por fin, a tener un lugar donde ver crecer a su familia. Pero el cuento del hogar propio se convirtió en pesadilla.

Porque en la Argentina de Javier Milei, donde la motosierra es la metáfora de moda y los recortes caen como hachazos, nada está asegurado. Ni siquiera lo que se gana legítimamente. Y menos aún si el botín puede servir para engrasar el engranaje político o para disciplinar territorios díscolos.

En las últimas semanas, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de un gobierno que se autodefine como libertario pero que cada día parece más autoritario, anunció que el sorteo de esas viviendas quedaba sin efecto. Así, de la noche a la mañana, los departamentos del predio Sagol, en Avellaneda, pasaron a ser destinados exclusivamente a efectivos de las fuerzas federales.

Sin aviso. Sin consulta. Sin dar la cara.

“Con este nuevo gobierno nos pasó de todo. La decisión de Bullrich de entregar este edificio, que ya tenía adjudicatarios, a las fuerzas federales, fue sin previo aviso y sin dar ninguna explicación”, denunció Zalazar, visiblemente agotado de repetir la historia, como si decirla en voz alta pudiera aliviar la injusticia.

Pero no la alivia. Porque esto no es sólo un caso aislado. Es una fotografía perfecta del modelo de país que Milei está intentando imponer: un Estado cada vez más ausente para los ciudadanos de a pie y, paradójicamente, cada vez más presente —y generoso— para quienes visten uniforme.

La ecuación es brutal. Familias trabajadoras que habían accedido a un derecho elemental —el techo propio— son despojadas de un día para otro. A cambio, la ministra de Seguridad le “entrega” esos mismos hogares a las fuerzas que, supuestamente, están para proteger a los ciudadanos. Es, en palabras de Zalazar, “quitarles las viviendas a quienes justamente tienen que ser cuidados, para dárselas a los que nos tienen que cuidar”.

La bronca crece como fuego entre los damnificados. De los 160 adjudicatarios, 70 ya están decididos a presentar una denuncia colectiva. Y cada día se suman más. “Ahora vamos a presentar una denuncia colectiva. Somos 70 de las 160 familias que ya decidimos hacerlo. Y cada vez somos más los que nos vamos sumando”, contó Alexander.

No es solo la pérdida del departamento. Es la humillación. El desarraigo emocional de haber soñado con un hogar, de haber hecho planes, de haber imaginado los muebles, los colores de las paredes, los cumpleaños de los chicos en el balcón. Todo arrebatado en nombre de la “seguridad”.

Daniel García, defensor del pueblo de Avellaneda, lo definió sin rodeos: “Fue un despojo, una estafa.” Sus palabras retumban como un eco lúgubre en un país donde demasiadas veces las promesas se disuelven en la nada.

Y no se queda ahí. García, curtido en lidiar con la burocracia y el poder, va más allá: “Fue algo donde se nota el abuso de poder que hay en Argentina”. Lo dice con la serenidad de quien sabe leer los signos políticos. Porque, aunque Bullrich se limite a proclamar que “es para los que nos cuidan”, la maniobra huele a revancha territorial y a clientelismo uniformado.

No es casual que esto pase en Avellaneda. “Acá hay una muy ensañada situación con Avellaneda y otros distritos que se resisten a lo que hace el gobierno nacional”, advierte García. Lo que deja entrever es algo todavía más grave: el uso del Estado como instrumento de castigo político. Un patrón que empieza a ser visible en cada rincón donde Milei encuentra resistencia.

Si lo pensamos bien, la situación es perversa. Mientras Milei vocifera contra “la casta” y se jacta de estar eliminando privilegios, su gobierno otorga viviendas ya sorteadas a miembros de las fuerzas federales, sin proceso transparente ni sorteo alguno. ¿No es eso, acaso, una forma de privilegio? ¿No es, acaso, la mismísima “casta” de uniforme?

La historia de Alexander y sus vecinos pone en jaque la retórica de la libertad. Porque, en nombre de esa libertad, se está violando el derecho de ciudadanos comunes. Y si el derecho a la vivienda propia puede ser suprimido de un plumazo, ¿qué otra cosa puede quitarnos este gobierno?

No es sólo cuestión de ladrillos y cemento. Es la certeza de que en la Argentina de Milei, nada ni nadie está a salvo. Ni siquiera quienes cumplieron todos los requisitos, quienes confiaron en un Estado que —al menos en apariencia— todavía garantizaba oportunidades mínimas para progresar.

Por eso García aconseja, casi con resignación, que la pelea se libre en los pasillos del derecho administrativo. “Nuestra recomendación es que hay que tratar con el derecho administrativo. Hay que agotar todas las instancias administrativas con el Gobierno nacional. Con este Gobierno, que no sabemos qué es lo que pasa, con una Corte Suprema de tres cuando tendrían que ser cinco, no podemos pensar más que hacer las cosas como tienen que ser. No apurarnos.”

La frase final es desoladora: “Con este Gobierno, que no sabemos qué es lo que pasa…”. Esa incertidumbre es tal vez lo más doloroso. Porque revela un Estado imprevisible, donde las reglas cambian a capricho, donde el derecho es volátil y la legalidad, una formalidad incómoda.

Así, mientras Javier Milei continúa exhibiéndose como el adalid del “cambio” y la motosierra, detrás de cada corte presupuestario y de cada medida improvisada se multiplican dramas concretos. Rostros, nombres, historias. Como la de Alexander Zalazar, que hoy camina las calles de Avellaneda con un sabor amargo en la boca y la convicción de que lo suyo fue, lisa y llanamente, una estafa.

Este episodio no es una anécdota menor. Es un síntoma. El síntoma de un gobierno que predica la libertad pero practica el autoritarismo, que promete igualdad de oportunidades pero, en los hechos, redistribuye recursos hacia quienes considera “propios”. Y, en el medio, deja a cientos de familias flotando en el vacío, sin casa, sin certezas y, peor aún, sin justicia.

Mientras tanto, la sociedad mira, con mezcla de estupor y furia, cómo el derecho a la vivienda se transforma en trofeo político. Porque lo que hizo Bullrich, bajo la administración Milei, no es sólo una decisión administrativa: es un mensaje. Un mensaje que dice, con brutal crudeza, que en la Argentina de hoy, la casa propia puede volverse un lujo reservado a los que sirven al poder.

Y que, cuando el poder se siente amenazado, no duda en despojar a su propia gente. Aunque esa gente tenga nombre, apellido y sueños que, hace apenas unos meses, parecían posibles.

En definitiva, el Procrear Gate no es solo el relato de una estafa habitacional. Es la radiografía de un gobierno que ha decidido que gobernar es elegir a quién salvar… y a quién dejar afuera. Y eso, en democracia, debería ser sencillamente inadmisible.

Fuente: