Mientras el gobierno de Javier Milei aplica un brutal recorte del gasto público, el ministro de Justicia declara un crecimiento de casi el 50% en su patrimonio personal en apenas un año. Mariano Cúneo Libarona, uno de los funcionarios más cercanos al presidente, duplicó el valor de sus depósitos bancarios y adquirió una propiedad en Recoleta por casi un millón de dólares. La austeridad que exige el Gobierno parece no aplicar a sus propios integrantes, evidenciando una doble vara obscena.
El relato libertario que encabeza Javier Milei descansa sobre una épica de sacrificio, ajuste, desregulación y supuesta pureza ideológica frente a la casta política. Bajo ese paraguas discursivo, el gobierno ha desmantelado ministerios, paralizado programas sociales, recortado a niveles dramáticos el financiamiento universitario y científico, y pulverizado los ingresos de jubilados y trabajadores. Pero mientras se le exige al pueblo argentino que abrace la pobreza con mística de cruzada, algunos de sus principales funcionarios parecen estar experimentando una realidad diametralmente opuesta. Uno de ellos es Mariano Cúneo Libarona, el ministro de Justicia, cuya declaración jurada expone un notable incremento patrimonial que roza el escándalo ético.
De acuerdo con los datos oficiales presentados ante la Oficina Anticorrupción, Cúneo Libarona incrementó su patrimonio en un 46% en tan solo un año. En pesos, eso equivale a un salto de $406,7 millones en 2022 a $594,3 millones en 2023. Pero más allá del número en bruto, lo que inquieta —o directamente indigna— es el contexto. Mientras el país se hunde en una de las peores crisis sociales de las últimas décadas y millones de personas caen por debajo de la línea de pobreza, el funcionario responsable del sistema judicial argentino parece haber prosperado con una velocidad que no puede desligarse del cargo que ocupa ni del modelo que defiende.
Entre los movimientos más llamativos de su declaración se destaca la compra de una lujosa propiedad en Recoleta, valuada en 950 mil dólares. Sí, en un país donde acceder a una vivienda es una quimera para las mayorías, el ministro no solo compra inmuebles en efectivo, sino que los declara a valores que, por supuesto, están muy por debajo del mercado real. Esta práctica —legal pero inmoral— es una constante entre los funcionarios de alto rango, quienes aprovechan las zonas grises del sistema para blanquear fortunas con la complicidad de la opacidad patrimonial.
Además de esa adquisición inmobiliaria, el documento muestra un salto cuantioso en sus depósitos bancarios. Según la información presentada, pasó de tener $33 millones a casi $84 millones en distintas cuentas. Es decir, sus ahorros en dinero líquido crecieron un 155% en apenas doce meses. En un país donde los salarios perdieron más de un 20% de su poder adquisitivo desde la llegada de Milei al poder, resulta imposible no preguntarse: ¿cómo hizo el ministro para ganarle a la inflación, al dólar, a la recesión y a la licuación generalizada?
La respuesta que ofrece su entorno es tan vacía como insultante: se trataría del producto de “su actividad profesional” como abogado antes de asumir. Pero ese argumento no resiste el menor análisis. En primer lugar, porque gran parte de su patrimonio está dolarizado —lo cual indica un margen de maniobra y cobertura frente a la crisis que la mayoría de la población no posee—. Y en segundo lugar, porque su nivel de gastos y adquisiciones excede ampliamente lo esperable incluso para un abogado de renombre. En definitiva, lo que deja entrever esta declaración es un modelo de enriquecimiento selectivo, una puerta giratoria entre el mundo privado y el poder estatal que favorece a los que siempre terminan ganando, sin importar quién gobierne.
Más allá de la legalidad formal de su declaración, lo que está en juego es una cuestión de legitimidad política y sensibilidad social. ¿Cómo puede un gobierno que se presenta como el paladín de la lucha contra la casta sostener a funcionarios que se enriquecen a pasos agigantados mientras condenan a la mayoría a la miseria? ¿Cómo se explica que el ministro de Justicia, encargado de velar por la equidad y el cumplimiento de las normas, sea parte de un círculo de privilegiados que se blindan frente a las políticas de ajuste que aplican sobre el resto?
La narrativa del “costo político cero” con la que Milei se vanagloria de haber barrido con derechos y estructuras del Estado, encuentra aquí un límite evidente: hay un costo político cuando la población empieza a ver que quienes administran el ajuste no solo no sufren sus efectos, sino que se benefician obscenamente. Porque detrás de cada cifra hay un mensaje implícito: no todos están haciendo el esfuerzo, y algunos están aprovechando la crisis para sacar ventaja.
La lógica meritocrática que repite el oficialismo se convierte en una burla cuando las condiciones de partida son radicalmente desiguales. Mientras docentes cobran salarios por debajo de la línea de pobreza y científicos emigran por falta de presupuesto, ministros como Cúneo Libarona amasan fortunas en dólares, compran departamentos en las zonas más exclusivas de la Ciudad de Buenos Aires y multiplican sus depósitos bancarios como si fueran traders experimentados en Wall Street. Esa distancia entre la realidad de los gobernantes y la de los gobernados es, en definitiva, la verdadera grieta que atraviesa a la Argentina actual.
Podrá argumentarse que su declaración cumple con los requisitos legales, que no hay delito, que todo está en regla. Pero el problema no es solo jurídico. Es moral, ético, político. En un país devastado, con más del 55% de pobreza infantil, donde el gobierno destruye sistemáticamente las estructuras que garantizaban algún tipo de contención, resulta insoportable ver cómo los altos funcionarios exhiben patrimonios cada vez más abultados, sin dar ninguna explicación más allá del tecnicismo legal. Y es doblemente insoportable cuando eso ocurre en el seno de un gobierno que se jacta de su pureza frente a la “casta”, que desprecia la política tradicional y que promete una transformación radical del sistema.
La declaración jurada de Cúneo Libarona no es solo un documento contable. Es un espejo del verdadero rostro del mileísmo: un proyecto que ajusta a las mayorías mientras protege y enriquece a sus propios cuadros. Un modelo que se construye sobre la exclusión de millones, pero que ofrece oportunidades de acumulación y poder para unos pocos. Y en ese espejo, la imagen que devuelve es tan nítida como alarmante: no hay justicia cuando los que gobiernan se llenan los bolsillos mientras el pueblo se empobrece.
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