El Foro Permanente Discapacidad desnuda la cruda realidad detrás de las polémicas declaraciones de la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Entre la desinformación y el ajuste, miles de vidas están en juego.
En un contexto de ajuste brutal y discursos que rozan la crueldad, las palabras de Patricia Bullrich en LN+ resonaron con la fuerza de un dardo envenenado para la comunidad de personas con discapacidad. «Al que tiene una discapacidad no se lo va a tocar», disparó la Ministra, una frase que, lejos de llevar tranquilidad, desató una alarma que el Foro Permanente Discapacidad no tardó en desactivar con la contundencia de los datos y la realidad cotidiana.
La afirmación de Bullrich, pronunciada el pasado 13 de julio, se cae a pedazos frente a un panorama desolador: retraso arancelario, prestadores de servicios que cierran sus puertas, transportes inaccesibles y familias desbordadas. La ecuación es sencilla y dolorosa: sin financiamiento adecuado, los servicios esenciales para la vida de miles de argentinos y argentinas con discapacidad se desvanecen. ¿Acaso no es eso «tocar» a quienes más lo necesitan?
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) bajo sospecha: ¿Falsedad o estigmatización?
Pero la Ministra fue más allá, instalando una de las frases más dañinas y recurrentes del imaginario neoliberal: «Por cada persona con discapacidad hay una persona con discapacidad falsa». Una sentencia lapidaria que, sin ningún tipo de sustento probatorio, arroja un manto de sospecha sobre el 50% de las personas con CUD.
El Foro, con la autoridad de quien conoce el sistema, no dudó en preguntar: ¿en qué evidencia se basa semejante acusación? El proceso de obtención del CUD es público, regulado y auditado por profesionales. Acusar a la mitad de los beneficiarios de fraude sin pruebas, es, además de irresponsable, una acción que busca deslegitimar un derecho y sembrar desconfianza en la sociedad. Incluso si la referencia era a las pensiones no contributivas, como luego se quiso interpretar, la falta de aclaración en el momento clave y la ausencia de datos concretos sobre la supuesta auditoría gubernamental, dejan a la afirmación en un terreno pantanoso de mera especulación malintencionada.
La verdad de los aranceles: Una brecha abismal que nadie quiere ver
Bullrich también se refirió a que a los prestadores «le pagan la mitad». Una «verdad» a medias, o más bien, una mentira completa que el Foro se encargó de desmentir con precisión quirúrgica. No todas las personas con pensión acceden a las prestaciones de la Ley 24.901, y el Programa Federal Incluir Salud cubre a un número mucho menor de lo que se insinúa.
Pero lo más grave es la cifra: los prestadores no reciben la mitad, sino que el desfase con la inflación acumulada asciende a un escalofriante 78%. Los aumentos arancelarios, cuando llegan, son migajas que no cubren los costos reales y se ubican sistemáticamente por debajo de cualquier índice inflacionario. El último, en diciembre de 2024, dejó el 2025 en un limbo de desfinanciamiento. Y acá viene el dato crucial que muchos ignoran o eligen ignorar: el Estado nacional NO financia la totalidad de las prestaciones; obras sociales, prepagas y PAMI también son actores fundamentales que aportan recursos propios, no del presupuesto nacional.
«¿Si se ordena todo se le va a pagar más a los prestadores?»: La promesa vacía de siempre
La idea de «ordenar» para mejorar los pagos es atractiva en el discurso, pero una quimera en la realidad. «Dudamos que esos fondos se destinen efectivamente a la atención de las personas con discapacidad», sentenció el Foro, amparado en casi 30 años de experiencia. La historia reciente es clara: ningún gobierno ha mostrado un compromiso real con el costo efectivo de las prestaciones. Estudios técnicos que demuestran la necesidad de aumentos significativos son sistemáticamente desestimados.
Mientras tanto, la crítica a los prestadores abunda, pero el seguimiento del proceso de atención es escaso. Sobran auditorías que «exceden el marco normativo», pero faltan respuestas a cómo las instituciones se sostienen con pagos atrasados e incrementos salariales que afrontar.
La pobreza como guerra silenciosa: El verdadero origen de la discapacidad en Argentina
Finalmente, la frase más indignante de Bullrich: la Argentina «no ha tenido una guerra» que justifique el número de personas con discapacidad. Un argumento simplista y falaz que oculta una verdad mucho más profunda y dolorosa.
Mientras la Ministra busca guerras imaginarias, la realidad golpea con la contundencia de la pobreza estructural. Con más del 60% de pobreza en los últimos años, y décadas sin bajar del 20%, la Argentina sí ha tenido y sigue teniendo su propia guerra silenciosa. Una guerra que genera enfermedad, accidentes, desnutrición, falta de acceso a la salud y a la atención temprana.
Las cifras lo demuestran: entre 4.5 y 6.8 millones de personas con discapacidad habitan nuestro país. Y si le aplicamos los índices de pobreza, hablamos de millones de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. «Nacer y crecer en condiciones de pobreza implica, muchas veces, secuelas que no se superan únicamente con un mayor ingreso económico», sentenció el Foro. La discapacidad en Argentina no es «producto de una construcción artificial ni de intereses malintencionados»; es una consecuencia directa de la desigualdad.
Las declaraciones de Bullrich, más allá de la ignorancia o la mala fe, ponen en evidencia una peligrosa desconexión con la realidad de un sector que, lejos de buscar privilegios, lucha por el acceso a derechos fundamentales. La pelota está ahora en el tejado de la Ministra: ¿reconsiderará sus dichos o seguirá con la motosierra en la mano, incluso cuando se trata de la dignidad y la vida de millones de personas?
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