Otra bomba financiera: Los bonistas vuelven al ataque con un reclamo millonario en Estados Unidos

Una nueva demanda judicial sacude al país por el incumplimiento del pago de títulos reestructurados. El gobierno de Javier Milei, que prometía confianza y seguridad jurídica, suma otro frente externo mientras insiste en culpar al “populismo” por los estragos que él mismo profundiza. Fondos de inversión como HBK Master Fund y Livermore Partners encabezan un nuevo proceso contra Argentina ante la Justicia de Nueva York, reclamando el pago de 1.500 millones de euros más intereses. La demanda exhibe no solo las secuelas del canje de deuda del 2020, sino también la peligrosa fragilidad institucional y económica que el actual gobierno, lejos de resolver, ha agudizado con políticas de shock y discursos incendiarios.

Una vez más, Argentina vuelve al banquillo de los acusados en los tribunales de Nueva York. Esta vez no se trata de los famosos «fondos buitre» de la era kirchnerista, sino de bonistas que participaron del canje de deuda de 2020 bajo condiciones claramente estipuladas y que ahora acusan al Estado nacional de no cumplir lo pactado. Se trata de una demanda multimillonaria que, de prosperar, podría costarle al país más de 1.700 millones de dólares, sumando intereses y costas judiciales.

El reclamo, presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, es encabezado por HBK Master Fund, Livermore Partners y otros fondos internacionales. Todos ellos alegan que el gobierno argentino dejó de pagarles correctamente ciertos títulos emitidos tras la reestructuración de deuda que se llevó a cabo durante la gestión de Alberto Fernández, con Martín Guzmán como ministro de Economía. A diferencia de los canjes de principios de siglo que desencadenaron un sinfín de juicios hostiles, esta reestructuración había sido presentada como «exitosa» y «sustentable», con una amplia aceptación por parte de los acreedores. ¿Qué falló entonces?

En el corazón del conflicto está el método de cálculo de los pagos por los bonos atados al PBI —los famosos GDP-linked securities— cuyo funcionamiento, lejos de ser claro, se convirtió en una verdadera trampa técnica. Los demandantes argumentan que el gobierno argentino realizó mal las cuentas sobre el crecimiento del Producto Bruto Interno y que, como resultado, pagó menos de lo debido. En concreto, sostienen que el país debió haber abonado 1.500 millones de euros y no lo hizo, incumpliendo así los términos acordados en 2020.

Resulta irónico —por no decir grotesco— que el gobierno de Javier Milei, que se pavonea en foros internacionales como adalid de la seguridad jurídica y el libre mercado, se encuentre ahora en medio de un nuevo escándalo judicial por el default técnico de deuda. Es aún más contradictorio cuando uno recuerda que Milei fustigó a los gobiernos anteriores por comprometer al país con deuda impagable, mientras hoy él mismo no solo incumple con obligaciones ya asumidas, sino que además ensalza un modelo económico que profundiza la dependencia financiera con actores externos, sin ofrecer garantías de estabilidad.

Lejos de ofrecer previsibilidad, su gestión ha sembrado una incertidumbre feroz. Entre amenazas de dolarización, privatizaciones a los tumbos, y un ajuste fiscal que destruye el tejido productivo, los mercados ya no ven en Milei a un “león liberal” sino a un dirigente errático, imprevisible, atrapado en su propio dogma. En este contexto, los fondos demandantes no están jugando una carta ideológica: están leyendo con claridad que Argentina no tiene rumbo ni palabra.

Tampoco es casualidad que esta nueva demanda surja en medio de un brutal ajuste interno que no ha mejorado ninguno de los indicadores macroeconómicos que Milei prometió corregir. La inflación persiste, la recesión se profundiza, el desempleo crece y las reservas no alcanzan para contener una corrida cambiaria cada vez más probable. En este escenario, los acreedores internacionales ven con preocupación que el país no solo incumple, sino que además celebra el default como si fuera una gesta patriótica.

Por supuesto, desde la administración libertaria no se han hecho esperar los intentos de desviar responsabilidades. Se apunta, como siempre, al kirchnerismo, al “colectivismo”, a la “casta política” que habría dejado una herencia explosiva. Pero en esta ocasión, el argumento suena particularmente hueco. La demanda apunta a bonos emitidos hace apenas cuatro años, en una reestructuración que, para bien o para mal, fue consensuada con los propios acreedores. Si algo puede discutirse es el diseño de los instrumentos, pero no el compromiso legal de pagarlos. Y eso, hasta ahora, no ha sido honrado.

La falta de pago ya tiene consecuencias palpables. A nivel financiero, pone a la Argentina al borde de perder lo poco que quedaba de su credibilidad externa. A nivel político, refuerza la percepción de que el país, con Milei o sin Milei, es incapaz de respetar acuerdos internacionales. Y a nivel social, aumenta la presión sobre un pueblo que ya paga con desempleo, hambre y deterioro del sistema público el costo de una política económica que castiga a los más vulnerables y protege a los más poderosos.

La presentación judicial no solo pide una indemnización por el monto adeudado, sino que solicita una compensación adicional por los intereses acumulados, lo que podría disparar la cifra final a más de 1.700 millones de dólares. El Estado argentino, en otras palabras, podría terminar desembolsando el equivalente a varias veces el presupuesto anual de universidades públicas o del sistema de salud. Y esto en un contexto en que se recortan subsidios, se desmantelan ministerios y se criminaliza la protesta social.

Cabe preguntarse entonces: ¿dónde está el supuesto orden fiscal que Milei proclama haber instaurado? ¿A qué se destina el sacrificio del pueblo si ni siquiera se paga la deuda que él mismo no cuestiona como ilegítima? En lugar de encarar una renegociación o auditar la legalidad de los contratos firmados, el gobierno elige el camino del silencio, mientras sus funcionarios siguen jugando a la antipolítica desde el palco del desprecio.

Por ahora, la causa está en sus primeros pasos y se espera que el tribunal neoyorquino cite a las partes para avanzar en el proceso. Lo que está en juego, sin embargo, no es solo el monto de la demanda, sino la imagen misma de un país que no puede –o no quiere– asumir sus compromisos. Un país cuya dirigencia se devora a sí misma en peleas ideológicas, mientras el mundo lo observa con la desconfianza reservada a los deudores seriales.

En definitiva, esta nueva embestida judicial desnuda, una vez más, la inconsistencia de un modelo que se autopercibe exitoso mientras el suelo le tiembla bajo los pies. Un modelo que desprecia el rol del Estado, pero pide inmunidad cuando el mercado se le vuelve en contra. Un modelo que, al grito de “¡Viva la libertad, carajo!”, entrega la soberanía económica a tribunales extranjeros y al arbitrio de fondos que solo buscan hacer valer su derecho.

Porque en la jungla financiera global, los leones sin estrategia no son más que presa fácil. Y Argentina, con Milei a la cabeza, se encamina peligrosamente a ser devorada por sus propios errores.

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