Evasores: Los dueños de Grido a juicio oral por asociación ilícita fiscal

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La Cámara de Casación Federal revirtió una maniobra judicial que intentaba cerrar la causa por evasión contra los hermanos Santiago y Lucas Santiago, dueños de la cadena Grido, acusados de liderar una estructura delictiva que evadió más de $35 millones a través de empresas fantasmas.

El caso, que se inició en 2009 y fue cajoneado durante años, vuelve a escena por decisión del máximo tribunal penal del país. La investigación revela una trama compleja de empresas truchas, facturación apócrifa y una estructura organizada para defraudar al Estado. El modelo libertario, otra vez, en el banquillo.

En un país donde la impunidad empresarial suele esconderse tras el marketing de éxito y las banderas de la meritocracia, el caso Grido irrumpe como un baldazo de realidad. Los hermanos Santiago, responsables del meteórico crecimiento de la cadena de heladerías que conquistó con su fórmula de “calidad accesible”, enfrentarán finalmente un juicio oral por asociación ilícita fiscal. La Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo que había sobreseído a los empresarios cordobeses, confirmando que existen sobradas pruebas para que se sienten en el banquillo.

La causa no es nueva, pero la dimensión del escándalo sigue creciendo. Comenzó en 2009, cuando la AFIP detectó un entramado de facturación falsa a través de firmas inexistentes o “fantasmas” que los dueños de Grido habrían utilizado para evadir impuestos por más de 35 millones de pesos. No se trató de un error contable ni de una omisión inocente, sino —según el expediente judicial— de una estructura organizada y sostenida en el tiempo, cuyo fin era uno solo: estafar al fisco.

Durante más de una década, el expediente durmió el sueño de los justos en los tribunales cordobeses. Intentos de prescripción, demoras deliberadas y un manto de protección judicial rodearon el caso, al punto que un fallo de la Cámara Federal de Córdoba llegó a sobreseer a los imputados sin llegar a juicio. Pero Casación frenó en seco ese salvataje: con el voto de los jueces Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, el tribunal entendió que la acusación es lo suficientemente grave y fundada como para que se debata en juicio.

El caso Grido es paradigmático no solo por el monto evadido ni por el perfil de los acusados, sino por lo que representa: el enésimo intento de blanquear delitos económicos desde un discurso de eficiencia privada. En los papeles, Grido es una empresa familiar modelo, que creció exponencialmente en los últimos veinte años bajo la bandera de la producción nacional. En los hechos, y según el Ministerio Público Fiscal, se trata de una organización que montó una “estructura delictiva” para enriquecerse a costa del Estado.

Y aquí es donde el contexto político cobra relevancia. En la Argentina de Javier Milei, donde el Estado es demonizado y el empresariado elevado a categoría de salvador, resulta más que incómodo que una de las marcas más visibles del modelo de “autoemprendedorismo” se vea envuelta en un escándalo fiscal. Porque si algo deja al desnudo esta causa es que detrás de muchos discursos libertarios hay más trampas que libertades, más truchadas que transparencia.

Lo revelado por la causa judicial es de una gravedad notable. Los hermanos Santiago, junto a otros acusados, habrían montado una red de proveedores inexistentes y sociedades sin empleados ni actividad real, utilizadas para generar gastos ficticios, inflar balances y reducir así la carga impositiva. La maniobra incluía empresas como “Criacoop”, “Inarco”, “Kigami” y “Megalum”, firmas que figuraban como proveedoras de bienes y servicios pero que, en la práctica, solo existían en los papeles.

Las facturas truchas —un clásico del manual de evasión— eran el engranaje central de esta maquinaria. Con ellas, los responsables de Grido lograban deducir impuestos de forma ilegal y ocultar ingresos reales. La AFIP no solo detectó inconsistencias contables sino también vínculos personales y comerciales entre los acusados que reforzaban la hipótesis de una asociación ilícita.

Sin embargo, durante años, esta trama permaneció oculta bajo la alfombra del poder económico y la lentitud judicial. Los intentos de archivar la causa fueron sistemáticos y, por momentos, exitosos. En 2021, la Cámara Federal de Córdoba resolvió el sobreseimiento de los Santiago, argumentando que no había suficientes elementos para sostener la acusación. Un fallo funcional al olvido, que hoy se revierte gracias a la intervención de Casación.

El fallo de Casación no solo pone el foco en la responsabilidad penal de los dueños de Grido, sino que marca un límite a la impunidad de los delitos económicos de cuello blanco. La decisión judicial subraya que no puede haber doble vara para juzgar el delito: así como se criminaliza la pobreza y se penaliza al pequeño contribuyente, también debe avanzarse con rigor contra quienes, desde el poder económico, diseñan sofisticadas estrategias para saquear al Estado.

Este caso desnuda, además, el doble discurso de ciertos sectores que hoy apoyan las políticas del gobierno libertario. Mientras se recorta en salud, educación y ciencia con la excusa de la “austeridad fiscal”, grandes empresarios que se jactan de no vivir del Estado utilizan mecanismos ilegales para evadir sus responsabilidades fiscales. La pregunta es tan incómoda como inevitable: ¿cuántas escuelas o medicamentos se podrían haber financiado con los millones que estos empresarios intentaron birlarle al fisco?

En la Argentina de Milei, donde el mérito es moneda y el Estado es enemigo, el caso Grido debería ser una alerta. Porque si el futuro prometido es uno donde los poderosos siguen robando con impunidad mientras se castiga a los sectores más vulnerables, entonces no estamos ante una revolución liberal, sino frente a una restauración del viejo privilegio de clase, maquillado de eficiencia y libertad.

Es tiempo de mirar más allá de las marcas, los slogans y las góndolas coloridas. Lo que se juega en este juicio no es solo la suerte de dos empresarios cordobeses, sino la posibilidad de que en Argentina la justicia también alcance a quienes se escudan en su éxito económico para delinquir. Y que, de una vez por todas, el helado no tape la estafa.

Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/844113-casacion-ordeno-que-los-duenos-de-grido-enfrenten-juicio-ora

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