La Corte Suprema ratificó la sanción contra un trabajador judicial que promocionaba cursos de criptomonedas y se vinculó con Generación Zoe. El caso expone un costado incómodo del Poder Judicial y deja en evidencia el contraste con la impunidad política que ampara el gobierno de Javier Milei.
El nombre de Generación Zoe sigue siendo sinónimo de fraude, estafa y ruina. Su creador, Leonardo Cositorto, condenado dos veces y con múltiples causas pendientes, convirtió la promesa de prosperidad en una máquina de despojar ilusos. Pero lo verdaderamente inquietante es que sus tentáculos alcanzaron incluso las oficinas del Poder Judicial. Un escribiente del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 16 terminó bajo la lupa por haberse sumergido en ese universo turbio. Lo sancionaron con treinta días de suspensión por promover cursos de criptomonedas y asesoramiento financiero sin autorización, y por firmar un contrato que lo vinculaba directamente con Zoe. El episodio, lejos de ser una mera anécdota administrativa, desnuda las contradicciones de un sistema que castiga con dureza a un trabajador mientras el gobierno de Milei mantiene abierta la puerta a negocios oscuros y pactos inconfesables.
La historia arranca con un puñado de posteos en redes sociales. El empleado judicial, confiado en el espejismo de las criptomonedas, promocionaba capacitaciones y ofrecía consejos financieros. El Reglamento de la Justicia Nacional, en su artículo 8 inciso j, es claro: no se pueden obtener beneficios económicos por fuera del salario sin autorización. El juez a cargo del Juzgado 16, en una primera instancia, intentó restarle dramatismo al caso y archivó el sumario. No había pruebas contundentes de que el curso se hubiera dictado ni de que hubiera mediado lucro. Parecía que la cuestión se diluía. Sin embargo, la Comisión de Disciplina de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial no pensó lo mismo. Resolvió que existían evidencias suficientes: publicaciones en redes, testimonios de colegas que confirmaban haber recibido ofrecimientos de asesoramiento financiero, y sobre todo, un contrato con la estructura de Zoe. Ese contrato, un papel firmado en medio del espejismo de Cositorto, implicaba un beneficio potencial a cambio de captar inversores. El eco de la estafa más resonante de los últimos años golpeaba las puertas de Tribunales.
Cuando la Cámara aplicó la suspensión, el empleado apeló. Alegó arbitrariedad, aseguró que nunca obtuvo ganancias, que no captó inversores y que, en realidad, él mismo había sido estafado. Su defensa buscó instalar la idea de que el sumario había mutado de una acusación inicial a otra distinta sin darle chance real de defenderse. Pero la Corte Suprema no compró ese argumento. El máximo tribunal ratificó la sanción y subrayó que existió una línea directa entre las imputaciones originales y las comprobaciones finales. Para los supremos, el problema no era probar el enriquecimiento, sino la falta de autorización para ejercer una actividad claramente incompatible con su función. En palabras crudas: el escribiente nunca pidió permiso, y ese detalle fue su sentencia.
Lo llamativo, y también lo irritante, es el doble estándar que destapa este caso. Mientras un trabajador judicial es sancionado por no haber solicitado autorización para dar un curso de criptomonedas, en el escenario político nacional los funcionarios de Javier Milei avanzan sin reparos en pactos opacos con sectores financieros, juegan al límite con decretos plagados de beneficios para empresarios amigos y sostienen un relato de pureza ética que se derrumba a la primera verificación. No es la defensa de un escribiente que coqueteó con Zoe, sino la constatación de un sistema que descarga la vara disciplinaria sobre los más débiles y que, al mismo tiempo, permite que los poderosos se muevan con absoluta impunidad.
El episodio tiene además un costado humano. El acusado insistió en que él mismo fue víctima de la estafa, que perdió dinero en el engranaje de Zoe. No es menor: cientos de personas cayeron en la red de Cositorto, muchos entregaron sus ahorros, otros hipotecaron su futuro. Que un empleado judicial, que debería representar sobriedad y respeto por las normas, se sumara a esa cadena fraudulenta, es un golpe demoledor a la confianza en las instituciones. Y sin embargo, más que un hecho aislado, es un reflejo de un clima social: el caldo de cultivo perfecto que favorecen gobiernos como el de Milei, que demonizan al Estado, glorifican el sálvese quien pueda y convierten al mercado en la única brújula moral. Bajo esa lógica, no sorprende que hasta en los pasillos de Tribunales alguien se haya dejado seducir por las promesas vacías de Zoe.
La Corte, en su fallo, fue categórica: el derecho de defensa no fue vulnerado. El escribiente había reconocido haber promocionado el curso, las declaraciones lo confirmaban, y el vínculo contractual con Zoe era innegable. No había escapatoria. Lo que parece quedar sepultado entre tanto tecnicismo jurídico es la pregunta de fondo: ¿por qué un trabajador judicial busca refugio en el espejismo de una estafa piramidal? La respuesta remite a un clima de desesperanza, precarización y desconfianza que se extiende en la Argentina actual. El ajuste brutal, el vaciamiento de políticas públicas y el culto a la especulación financiera que fomenta Milei alimentan justamente esos escenarios donde las estafas florecen. Zoe fue un síntoma, no una excepción.
Así, el caso del “cripto-escribiente” no puede leerse como un simple sumario disciplinario. Es un espejo incómodo que refleja la fragilidad de un Poder Judicial incapaz de blindarse contra la penetración de negocios turbios y que, al mismo tiempo, elige el camino más fácil: sancionar al eslabón débil. Mientras tanto, el poder económico y político, protegido por el gobierno libertario, sigue moviéndose con absoluta discrecionalidad. Es la Argentina de los contrastes brutales: un empleado castigado por un curso de criptomonedas frente a un Estado que convierte la especulación y la falta de control en política oficial.
El expediente ya tiene cierre judicial, pero el debate de fondo sigue abierto. Generación Zoe mostró hasta dónde puede llegar la codicia disfrazada de oportunidad. El caso del escribiente exhibió que ni siquiera las instituciones más formales están a salvo de la tentación. Y el gobierno de Javier Milei demuestra, día a día, que mientras se entretiene castigando a los débiles, la verdadera estafa ocurre a plena luz del día, amparada por el poder.
Fuente:
https://www.infobae.com/judiciales/2025/08/17/trader-cripto-o-estafado-sancionaron-a-un-empleado-del-poder-judicial-vinculado-a-generacion-zoe/
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