La fintech Ualá, fundada por Pierpaolo Barbieri y celebrada por el gobierno de Javier Milei como ejemplo del “éxito emprendedor argentino”, anunció el despido de 135 trabajadores en América Latina, de los cuales 110 pertenecen a la Argentina. La empresa justificó la medida bajo el argumento de “la automatización de tareas y la búsqueda de mayor eficiencia regional”, una fórmula que se repite en todo el sector tecnológico cuando la rentabilidad choca con el costo humano.
Los despidos representan el 8 % de la dotación total de la compañía, que opera en Argentina, Colombia y México. En un comunicado oficial, Ualá aseguró que “se ofrecieron acuerdos de salida que superan los requisitos legales”, mientras hablaba de una “reorganización necesaria” para competir en un mercado cada vez más “dinámico”. Sin embargo, detrás de ese eufemismo se esconde un dato estructural: en el último año, la empresa ya había echado a 140 trabajadores con argumentos idénticos.
El caso resulta paradigmático. Ualá fue presentada como símbolo de innovación y de “empleo joven de calidad”, pero en menos de dos años redujo casi un quinto de su personal regional. Los despidos no se explican solo por cuestiones técnicas o automatización: responden a una estrategia de concentración y sustitución laboral que busca aumentar la productividad reduciendo el costo salarial.
Mientras tanto, el fundador de la compañía, Pierpaolo Barbieri, multiplica su exposición pública como influencer económico y mantiene un vínculo fluido con el gobierno nacional. En noviembre del año pasado, el propio presidente Javier Milei visitó las oficinas de Ualá para celebrar la ronda de inversión Serie E por 300 millones de dólares encabezada por Allianz X, brazo financiero del grupo alemán Allianz. El anuncio se presentó como “la mayor inversión privada en América Latina de los últimos tres años”, aunque la contracara de ese récord es el recorte de personal y el traslado de decisiones a un modelo cada vez más centralizado fuera del país.
El relato de la modernización tecnológica choca con la realidad cotidiana de los trabajadores del sector. Aunque Ualá posee licencia bancaria desde que adquirió Wilobank en 2022, solo una pequeña parte de sus empleados está encuadrada en la Asociación Bancaria; el resto pertenece a sindicatos sin la fuerza histórica del gremio financiero, lo que deja a miles de trabajadores sin representación real frente a despidos masivos o tercerizaciones encubiertas.
La empresa también expandió su estructura con adquisiciones sucesivas —el banco mexicano ABC Capital, la plataforma Empretienda y la firma Ceibo Créditos—, pero esa expansión no se tradujo en más empleo, sino en un achicamiento de áreas redundantes y una creciente dependencia de algoritmos, call centers externalizados y trabajo remoto flexible, sin derechos equivalentes a los del sector bancario tradicional.
El caso de Ualá sintetiza el dilema del nuevo capitalismo digital: empresas con valuaciones millonarias y respaldo de fondos internacionales que, mientras acumulan inversiones récord, reducen su plantilla en nombre de la “eficiencia”. La automatización se vuelve la nueva justificación del ajuste. No es que falte trabajo; sobra la voluntad política de reemplazarlo por software.
Según la Cámara Argentina Fintech (CAF), el sector empleaba 36 800 personas en 2024, con un crecimiento interanual del 7 %, y proyectaba la incorporación de más de 4 000 nuevos puestos en 2025. Pero detrás de esas cifras, el mercado se consolida en manos de pocos jugadores con fuerte capacidad de lobby y alineados con las políticas de desregulación laboral impulsadas por el oficialismo.
En contraposición, los bancos tradicionales continúan reduciendo personal: pasaron de 109 517 empleados hace siete años a 94 325 en 2024, según datos del BCRA. La diferencia no es menor: mientras la banca clásica sufre el cierre de sucursales, las fintech crecen con empleo precario, sin paritarias robustas ni convenios colectivos actualizados.
En definitiva, lo que Ualá llama “reorganización” no es más que la versión 4.0 del viejo ajuste: despidos selectivos, automatización de tareas y discursos de innovación para disimular la pérdida de derechos laborales. La tecnología no es la causa, sino la coartada perfecta del capital para profundizar la desigualdad en nombre de la eficiencia.
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