La gestión de Javier Milei eliminó el único registro estatal que permitía verificar la existencia de comedores y merenderos comunitarios, en una medida que deja sin control, sin asistencia y sin visibilidad a las organizaciones que alimentan a millones de personas en situación de pobreza extrema.
Mientras los indicadores sociales se desploman y la emergencia alimentaria se vuelve insoportable, el Ministerio de Capital Humano suprime el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios, dejando en la sombra a miles de espacios que sostienen a las poblaciones más golpeadas. La motosierra ya no recorta: directamente borra.
En un país donde más de la mitad de los niños y niñas vive por debajo de la línea de pobreza y millones de familias dependen de un plato de comida diario en espacios comunitarios, el Gobierno de Javier Milei decidió hacer desaparecer del mapa al hambre. Literalmente. El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, eliminó el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (Renacom), el único instrumento estatal que permitía reconocer, sistematizar y acompañar a estas redes esenciales.
La decisión no fue comunicada con bombos y platillos. Fue una resolución administrativa que, sin necesidad de justificar lo injustificable, borró de un plumazo la herramienta creada en 2020 para dar respuesta a una demanda real: saber dónde están, quiénes son y cuántas personas alimentan los comedores populares que sostienen el entramado social de los sectores más vulnerables. El Gobierno decidió mirar para otro lado, como si ocultar el hambre fuera equivalente a erradicarlo.
La eliminación del Renacom no sólo significa la pérdida de una base de datos. Es una forma brutal de invisibilizar. Es negar la existencia misma de esos espacios que hoy representan el último recurso de subsistencia para millones de argentinos y argentinas. Y lo más perverso: deja sin posibilidad de validación a miles de organizaciones que, sin ese registro, quedan fuera del radar de las políticas públicas, sin acceso a alimentos, insumos ni acompañamiento.
Detrás de cada comedor hay historias concretas. Hay madres que cocinan con lo poco que tienen. Hay vecinos que arman redes solidarias cuando el Estado se retira. Hay niños que se alimentan una vez al día, y ese único momento ocurre en esos espacios comunitarios que ahora el gobierno decide desconocer. Sin el Renacom, no solo se les niega asistencia: se les niega identidad. Se los convierte en fantasmas.
El Ministerio de Capital Humano no ofreció alternativa alguna. No propuso un nuevo mecanismo. Simplemente, suprimió. Lo hizo en nombre de la “modernización” administrativa y la presunta necesidad de evitar “intermediarios”. Pero, en realidad, lo que se elimina es la posibilidad de saber, de actuar, de asistir. Lo que se destruye es la red que evita el colapso social.
La motosierra de Milei ya no pasa solamente por el ajuste de partidas presupuestarias. Ahora, también corta la posibilidad de registrar y, por tanto, de asistir a quienes más lo necesitan. La lógica libertaria se vuelve cada vez más cruel: como el Estado no tiene que estar, entonces ni siquiera debe saber. Y si no sabe, no existe. Y si no existe, no duele.
Esta medida, como tantas otras del actual gobierno, se ejecuta sin diagnóstico ni evaluación. ¿Qué impacto tiene eliminar el Renacom en los barrios? ¿Cuántos comedores quedarán sin recursos? ¿Quién va a verificar que no se corte la única fuente de alimentos para miles de familias? El Gobierno no contesta. No le interesa. Porque para esta administración, las estadísticas sólo importan cuando sirven para hacer propaganda. Cuando muestran el desastre social que sus decisiones provocan, mejor enterrarlas.
El Renacom no era perfecto. Como todo sistema, necesitaba mejoras, ajustes, fiscalización. Pero cumplía una función fundamental: le daba legitimidad y reconocimiento a los espacios comunitarios. Permitía construir política pública basada en evidencia. Facilitaba que el Estado llegara donde más se lo necesitaba. Ahora, con su eliminación, lo que se consolida es un modelo de abandono.
La situación social en Argentina no permite lujos ideológicos. Los datos son aterradores: aumentan los niveles de indigencia, crece la inseguridad alimentaria, se multiplican los pedidos de asistencia. Sin embargo, el gobierno responde con una motosierra sin sensibilidad. Con un desprecio absoluto por los más pobres. Con una lógica de castigo, como si la pobreza fuera culpa de quienes la padecen.
La eliminación del Renacom es más que una decisión administrativa. Es un mensaje político: “no nos importan los comedores”. No nos importa la gente que tiene hambre. No nos importan los barrios. No nos importa nada que no entre en la lógica mercantilista de un Excel. Lo que no se puede privatizar, se abandona. Lo que no rinde en votos o dividendos, se destruye.
En este escenario, las organizaciones sociales quedan a la intemperie. Ya sin asistencia, ahora también sin reconocimiento. Con la carga de sostener lo insostenible, de alimentar con lo que no hay, de contener el estallido con las uñas. Pero también con la certeza de que la lucha no se negocia. Que el territorio no se entrega. Que cada olla popular es un acto de resistencia frente a un gobierno que desprecia la vida de los humildes.
No se trata solo de datos ni de registros. Se trata de humanidad. Se trata de decisiones políticas que salvan o condenan. Y este gobierno eligió condenar. Eligió desaparecer del mapa a quienes todos los días ponen el cuerpo para evitar que el hambre se lleve puesto a los pibes. Eligió hundir en la oscuridad a quienes sostienen lo que el Estado decidió soltar.
Quizás creen que eliminando el Renacom eliminan el hambre. Pero lo único que logran es agravar el dolor, multiplicar la desesperación y profundizar una crisis social que ya no da más. Porque la motosierra no corta privilegios. Corta derechos. Corta redes. Corta vidas.
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