La política hídrica y sanitaria de la administración de Javier Milei muestra un desplome histórico: según datos oficiales, hasta agosto de 2025 la inversión nacional en agua potable y alcantarillado fue de apenas $ 58.157 millones, frente a los $ 1,2 billones ejecutados en el mismo período de 2023, lo que representa una caída real del 95,2%. En la provincia de Buenos Aires, la situación es aún más crítica: sólo se destinaron cerca de $ 300 millones, un 99,9% menos que en 2023.
La dramática reducción presupuestaria impacta directamente en la ejecución de obras. Mientras que bajo la presidencia de Alberto Fernández se iniciaron 2.540 proyectos vinculados a agua y cloacas, de los cuales el 62,4% fueron completados, la actual gestión sólo comenzó dos obras nuevas —una ya finalizada en Concordia y otra paralizada en San Justo— y dejó casi paralizadas las restantes 855 obras heredadas: el 79,7% presenta menos del 10% de avances con respecto a 2023. En Buenos Aires, de 444 obras heredadas, apenas 46 fueron terminadas y más del 85% están prácticamente detenidas.
Este desplome no sólo refleja una falta de ejecución, sino también una decisión política de priorizar otros gastos sobre la infraestructura básica. Para equiparar la inversión de 2023, el Gobierno nacional debería destinar hasta fin de año $ 1,9 billones, mientras que en Buenos Aires se requerirían $ 879 mil millones adicionales.
Los datos del Censo 2022 muestran que, pese a los avances históricos en infraestructura durante la gestión anterior —con el 87,4% de las viviendas del Conurbano con baño con inodoro y el 57,8% conectadas a la red cloacal—, la caída de la inversión amenaza con frenar la expansión y el mantenimiento de estos servicios esenciales. La combinación de paralización de obras y presupuestos mínimos evidencia un retroceso alarmante en un área clave para la salud pública y la calidad de vida de millones de argentinos.
En definitiva, la política hídrica del Gobierno nacional hasta agosto de 2025 deja claro que las promesas de infraestructura básica no se traducen en hechos: la paralización de obras y el desplome de la inversión ponen en riesgo décadas de avances en agua y cloacas, mientras la población enfrenta servicios deficientes y el déficit de saneamiento se mantiene como un desafío creciente.
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