Axel Kicillof volvió a intimar a la Corte Suprema de Justicia para que resuelva una demanda por el incumplimiento de una deuda nacional que supera el billón y medio de pesos. En el centro del conflicto, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, eliminado por decreto por el presidente Milei, y un conflicto institucional que expone el sesgo político del Poder Judicial.
El gobernador Axel Kicillof decidió dejar de esperar. No hay tiempo para la diplomacia cuando lo que está en juego son 1,6 billones de pesos que corresponden a todos los bonaerenses. Con una presentación formal, la provincia de Buenos Aires volvió a exigir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se expida de una vez por todas sobre la demanda que presentó en febrero por la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal. Desde entonces, el tribunal ha elegido el camino del silencio, en lo que ya se parece más a una complicidad institucional que a una demora administrativa.
Este reclamo no surge de un capricho ni de una disputa abstracta sobre federalismo. Se trata de una deuda concreta que el gobierno nacional mantiene con la provincia más poblada y productiva del país, que representa casi el 40% del PBI argentino. El monto adeudado es obsceno: 1,6 billones de pesos. Para dimensionarlo, equivale al presupuesto anual de áreas clave como salud, educación y seguridad bonaerenses. Y aún así, el Ejecutivo nacional —bajo la conducción de Javier Milei— decidió cortar esa transferencia con un simple decreto, desentendiéndose de cualquier responsabilidad institucional o impacto social.
El conflicto estalló cuando, en febrero de este año, el presidente Milei eliminó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal creado en 2020 por Alberto Fernández para compensar a la provincia de Buenos Aires, luego de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fuera despojada de parte de los fondos transferidos por Macri mediante otro decreto. En esa oportunidad, el entonces jefe de Estado reconoció un reclamo histórico del distrito bonaerense, históricamente castigado por la coparticipación federal. Pero ahora, Milei revierte esa decisión de un plumazo, usando el mismo recurso que tanto criticó durante su campaña: el decreto de necesidad y urgencia.
¿Dónde está la urgencia? ¿Cuál es la necesidad real detrás de un recorte que deja a la provincia sin recursos básicos para afrontar sus obligaciones? Nadie en el gobierno nacional ha dado una respuesta convincente. La supuesta épica del ajuste, que el oficialismo proclama con fervor ideológico, se estrella contra la realidad de una gestión que pulveriza derechos y destruye cualquier noción de equidad territorial.
Desde el punto de vista legal, la situación es alarmante. Kicillof presentó una demanda formal ante la Corte Suprema hace ya más de cinco meses, pero hasta ahora el máximo tribunal no ha emitido ni una sola palabra. El expediente, que quedó radicado en la Secretaría de Juicios Originarios, permanece inmóvil, congelado en una inacción que resulta sospechosa y políticamente funcional al plan de ajuste del gobierno libertario. Lo más grave no es solo la demora: es el mensaje implícito que emite el Poder Judicial al elegir no intervenir frente a un conflicto de tamaña magnitud. Si la Corte decide no pronunciarse, ¿quién defiende el federalismo? ¿Quién protege a los millones de bonaerenses que ven recortados sus servicios esenciales?
El nuevo escrito presentado por la provincia deja en claro que el perjuicio ya es mayúsculo y que su profundización es inminente si no se resuelve en forma urgente la cautelar solicitada. La provincia exige que la Corte obligue al Estado Nacional a restituir el Fondo de Fortalecimiento Fiscal y a suspender los efectos del DNU de Milei. En palabras simples: que frene el saqueo institucionalizado que encubre el relato de la motosierra.
Kicillof ha denunciado en reiteradas ocasiones la “discriminación” de la que es objeto su administración por parte del gobierno nacional. Esta situación no solo se expresa en la falta de fondos, sino también en una estrategia de vaciamiento político y mediático. El gobernador advirtió que no se trata de un reclamo aislado, sino de una embestida contra toda la provincia, que incluye a intendentes, legisladores, trabajadores estatales y, en última instancia, a cada ciudadano y ciudadana que necesita del Estado para sobrevivir.
Resulta particularmente indignante que el mismo Estado que se jacta de reducir gastos innecesarios se niegue a cumplir con un compromiso financiero que fue ratificado por decreto presidencial y que no ha sido derogado por ninguna ley. La provincia no solo está legitimada política y socialmente para reclamar esos fondos, sino que tiene todo el derecho legal de hacerlo. Y la Corte, como órgano supremo de justicia, tiene el deber ineludible de resolver el conflicto. Su silencio es, en los hechos, una forma de alineamiento con la política de ajuste del oficialismo nacional.
En este contexto, el gobierno bonaerense no descarta movilizar a los intendentes del conurbano y del interior para visibilizar el reclamo. La amenaza no es menor. Una provincia desfinanciada es una provincia paralizada. Y si Buenos Aires se paraliza, el país entero sufre las consecuencias.
La cuestión no es solo jurídica ni técnica. Es profundamente política. ¿Hasta cuándo puede el Poder Judicial seguir actuando como un socio silencioso del Ejecutivo? ¿En qué momento se rompe el pacto constitucional que garantiza la autonomía de las provincias y el reparto equitativo de los recursos? La Corte tiene la última palabra, pero mientras más demore, más evidente será su connivencia con un modelo de gobierno que desprecia las reglas básicas de la democracia y la república.
La provincia de Buenos Aires, con toda su densidad política, económica y social, no puede ser tratada como un actor de reparto en una comedia centralista. El reclamo que encabeza Kicillof es, en definitiva, un grito contra el abuso de poder, una defensa de la institucionalidad y un llamado a poner límites al autoritarismo financiero que impone el gobierno de Milei desde Casa Rosada.
Lo que está en juego no es solo un fondo ni un número en una planilla contable. Es la dignidad de una provincia y la credibilidad de un sistema judicial que, si sigue mirando para otro lado, perderá el último resto de legitimidad que le queda.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/847114-la-provincia-le-exige-respuestas-a-la-corte-por-una-deuda-de
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