La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) vuelve a quedar en el centro de la tormenta. En la ciudad de San Ignacio, Misiones, cientos de beneficiarios de pensiones por discapacidad fueron citados bajo amenaza de perder su prestación y recibieron constancias médicas con el sello falsificado de un cardiólogo de Pergamino.
El profesional en cuestión, Leandro Peñaloza, con más de 54 años de ejercicio, denunció que nunca participó de los operativos y que su nombre fue utilizado de manera fraudulenta.
La escena fue de absoluta precariedad: las evaluaciones se realizaron en un viejo restaurante abandonado, sin condiciones sanitarias mínimas, con largas colas bajo el sol y la lluvia. Quienes atendían a los pensionados ni siquiera eran médicos, sino estudiantes de medicina que extendían constancias irregulares sin membrete oficial de la ANDIS. Los documentos eran firmados con una rúbrica falsa y una matrícula ilegible. Según Peñaloza, la tipografía del sello ni siquiera coincide con la que él utiliza y la firma es burdamente apócrifa. Apenas se enteró de lo ocurrido, inició contacto con la fiscalía de Pergamino y adelantó que presentará una denuncia penal.
El caso encendió las alarmas en Misiones, donde el Consejo Provincial de Discapacidad denunció al menos un centenar de irregularidades en las auditorías. La presidenta del organismo, Tatiana Antúnez, aseguró que la situación es insostenible y que “no se puede garantizar transparencia cuando no hay médicos ni profesionales en el proceso”. Por esa razón, el gobierno provincial presentó un amparo en la Justicia Federal para frenar los recortes, retrotraer las bajas de pensiones y exigir que se garantice un proceso legítimo y respetuoso de los derechos de las personas con discapacidad.
Este escándalo se da en un contexto en el que la ANDIS ya está bajo investigación judicial por presuntas coimas ligadas al manejo de las pensiones y por vínculos con la Droguería Suizo Argentina, cuyas sedes fueron allanadas en reiteradas oportunidades. El hallazgo de un sello falsificado, sumado a la utilización de estudiantes para hacer evaluaciones, muestra un patrón de desmanejo institucional, improvisación y prácticas que rozan la ilegalidad. La pregunta que queda flotando es quién se beneficia con esta operatoria que vulnera a los sectores más indefensos.
La gravedad del episodio no radica solamente en la falsificación de un documento médico, sino en lo que revela: un organismo nacional que debería garantizar derechos convertido en sinónimo de precariedad y sospechas de corrupción. Mientras el gobierno de Javier Milei insiste con un relato de eficiencia y ajuste moralizador, la realidad expone operativos indignos, fraudulentos y violatorios de derechos básicos. En palabras del propio Peñaloza, cuya firma fue usurpada: “En más de medio siglo de medicina, nunca viví algo así. Es grave, es ilegal y es una falta de respeto a los pacientes y a la profesión”.
Fuente:
- https://www.clarin.com/politica/misiones-auditorias-andis-usaron-sello-falsificado-medico-pergamino_0_wYczmHc8Vr.html
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