El doble femicidio en Córdoba reaviva el debate sobre el discurso de odio y la influencia de los referentes ideológicos de Javier Milei en la expansión de movimientos misóginos.
Pablo Laurta, detenido por asesinar a su expareja y a su exsuegra, no era un “loco suelto”: fue un militante antifeminista activo, promotor de “Varones Unidos” y colaborador de Agustín Laje y Nicolás Márquez, los mismos que hoy son pilares intelectuales del gobierno. Su historia desnuda los riesgos de una política que, en nombre de la libertad, habilita el odio.
El caso de Pablo Laurta sacudió a Córdoba y expuso un costado del mileísmo que prefiere mantenerse en las sombras. No se trata solo de un femicidio más —como si alguno pudiera serlo—, sino de un crimen que tiene raíces ideológicas claras, cultivadas durante años bajo el paraguas de una derecha que convirtió la misoginia en bandera y el antifeminismo en causa política.
Laurta no era un desconocido. Fue presidente del grupo “Varones Unidos”, un espacio que se dedicó a deslegitimar la lucha de las mujeres, atacar la Ley de Violencia de Género y sembrar sospechas sobre las denuncias de abuso. Desde allí construyó su discurso de “víctima del sistema”, apuntando contra su expareja Luna Giardina, a quien acusaba públicamente de “extorsionarlo” mientras la justicia le imponía restricciones por intentos previos de homicidio.
La ironía es brutal: el mismo hombre que se proclamaba perseguido por el “feminismo radical” terminó asesinando a Luna y a su madre, Mariel Zamudio, para luego huir con su hijo.
Pero lo que más estremece es su entorno. En 2016, Laurta organizó la visita de Agustín Laje y Nicolás Márquez al Palacio Legislativo de Uruguay. Ambos, convertidos en los “intelectuales” de la derecha libertaria, son hoy figuras de referencia para la llamada “batalla cultural” que el presidente Javier Milei repite como mantra en cada discurso. Ese detalle no es menor: marca una línea directa entre la prédica ideológica del gobierno y los movimientos sociales que la ejecutan con fervor casi religioso.
Un odio con aval político
El discurso de Laurta coincidía palabra por palabra con el que hoy circula desde el poder: la idea de que el feminismo “divide”, que la perspectiva de género “adoctrina”, que la violencia machista es una “inversión del rol de víctima”. En sus redes, el acusado compartía mensajes de Milei y de Donald Trump, se burlaba de las denuncias por acoso y sostenía que “las falsas denuncias están apareciendo por todas partes”.
Ese tipo de narrativa, amplificada por referentes oficiales y medios afines, no solo normaliza el odio: lo legitima. Cuando desde el propio Estado se ataca la ESI, se desfinancian programas de género y se equipara el feminismo con el totalitarismo, se envía un mensaje peligroso: que la violencia contra las mujeres puede justificarse como respuesta a una “injusticia ideológica”.
No es casual que Laurta haya sido un producto de ese ecosistema. Ni que sus vínculos con los ideólogos del mileísmo dataran de una década atrás. Las ideas no matan por sí solas, pero crean el clima para que otros lo hagan. Y cuando el poder político convierte el discurso de odio en política de Estado, la frontera entre la opinión y el crimen se vuelve alarmantemente difusa.
El espejo incómodo del mileísmo
En tiempos donde el gobierno promueve una cruzada “contra la ideología de género”, el caso Laurta funciona como un espejo que devuelve una imagen cruda: la de una Argentina donde la misoginia encontró un canal de expresión institucional. Los ministerios desmantelados, los recortes en políticas de prevención y las declaraciones públicas que ridiculizan el movimiento feminista son parte del mismo entramado.
Por eso el doble femicidio de Córdoba no puede leerse solo como un hecho policial. Es también el resultado de un clima social incubado desde arriba, donde se demoniza a las víctimas y se glorifica a los agresores. Laurta, en definitiva, no actuó en el vacío: se movía dentro de una red que lo aplaudía, lo respaldaba y le daba palabras para justificar su odio.
Quizás esa sea la parte más difícil de admitir. Que el monstruo no estaba solo. Que fue moldeado por una cultura política que niega la desigualdad, trivializa el dolor y llama “batalla cultural” a la revancha contra los derechos conquistados.
El gobierno de Milei puede intentar despegarse, pero su propio discurso lo delata. Cuando desde el poder se avala la intolerancia, los resultados no tardan en llegar. Y esta vez, las víctimas tienen nombre, rostro y una historia que el país no debería olvidar.
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