En el corazón de Buenos Aires, un símbolo de la salud pública y militar está siendo desmantelado bajo la lógica implacable del ajuste libertario. La decisión de cerrar la Fundación Sanidad Naval, sostén económico clave del Hospital Naval, pone en jaque su operatividad, arrastra cientos de despidos y abre la puerta a una privatización encubierta. La motosierra de Milei no distingue entre burocracia e infraestructura crítica.
En medio del relato épico de la motosierra, Javier Milei y su equipo ejecutan un plan de ajuste que arrasa con décadas de infraestructura estatal sin mirar las consecuencias. Ahora, le llegó el turno al Hospital Naval “Cirujano Mayor Dr. Pedro Mallo”, una institución de alta complejidad sanitaria que durante 40 años ha sido sinónimo de excelencia médica y contención social para el personal militar y sus familias.
El conflicto estalló tras la decisión del Ministerio de Defensa, conducido por Luis Petri, de avanzar con el cierre de la Fundación Sanidad Naval (FUSANA). Esta fundación, creada por la propia Armada y compuesta por personal retirado de la fuerza, funcionaba como una especie de cooperadora que aportaba alrededor del 40% de los recursos del hospital. No era un ente ajeno ni una estructura paralela: era un engranaje imprescindible para la operatividad cotidiana del centro de salud.
El impacto de esta decisión es demoledor. Más de 500 trabajadores —entre médicos, enfermeros, camilleros y personal administrativo— están en riesgo de ser despedidos. Gente con años de servicio, con contratos estables a través de la fundación, ahora ve cómo su vínculo con el hospital es recortado de un plumazo. A ellos se les niega no solo el futuro, sino incluso el derecho a la indemnización, porque el Estado —que debió asumir esos puestos y nunca lo hizo— ahora se lava las manos y esconde la responsabilidad bajo el disfraz de la «reestructuración».
El relato oficial intenta desviar el foco. El comunicado del Ministerio de Defensa aclara que el paro no involucra al personal militar ni civil dependiente de la Armada, sino “exclusivamente” a los contratados por FUSANA. Pero esa aclaración no explica ni justifica que durante años fue el propio Estado quien, por falta de voluntad o decisión política, delegó en esa fundación la contratación de personal necesario para mantener operativo al hospital. Enfermeros, médicos de guardia, personal administrativo, facturistas… todos fueron incorporados por la fundación porque el Estado no cumplía con su parte.
Esta maniobra, presentada como un simple «ajuste técnico», es en realidad una jugada brutal: se destruye el entramado que sostiene un hospital de 400 camas con equipamiento de alta complejidad y se reemplaza —o se intenta reemplazar— con una empresa privada. ¿Quién está detrás de esta nueva firma? ¿Qué intereses la impulsan? Nadie lo explica, nadie da la cara. La sombra de la privatización sobrevuela, aunque desde adentro prefieren hablar de “vaciamiento”. Pero la consecuencia es la misma: menos atención, menos calidad, menos acceso.
“Esto es un Mercedes-Benz, y lo quieren transformar en una salita de primeros auxilios”, dijo con crudeza uno de los médicos del hospital, con más de 40 años de experiencia. Esa frase resume la gravedad del asunto. Porque un hospital no es una fábrica de tornillos: no se improvisa, no se terceriza sin consecuencias. Si se deja de operar, si se cierran quirófanos, si los cirujanos pasan de hacer 80 intervenciones al mes a apenas 20, el saber acumulado se diluye, se pierde. Y con él, la salud de miles de personas.
El personal médico no fue consultado. La Armada —según relatan los propios profesionales— buscó asesoramiento en gente “que no estaba al tanto de cómo funciona un hospital”. Una decisión tomada desde escritorios alejados de la trinchera, sin diálogo, sin diagnóstico, sin sensibilidad. Se trata de una medida que no busca eficiencia, sino cumplir a rajatabla con una doctrina ideológica que desprecia lo público y glorifica el mercado, aunque eso signifique degradar un centro sanitario de referencia en el país.
Incluso los médicos reconocen que la fundación no daba pérdidas, que funcionaba, que mantenía al hospital en condiciones óptimas. No era un gasto: era inversión encubierta en salud pública. Pero eso parece irrelevante frente al dogma del “Estado mínimo”. El resultado previsible es la precarización total de la atención. Porque si no hay plata para indemnizaciones, mucho menos la habrá para reemplazar adecuadamente a los 500 despedidos.
La situación recuerda a los momentos más oscuros de la desinversión en salud. Como relató uno de los médicos, hubo épocas en que no había dinero para la comida de los residentes. Hoy, con un gobierno que se dice libertario pero opera con la lógica de la motosierra indiscriminada, el escenario es aún más crudo: el desmantelamiento progresivo de un hospital emblemático, en nombre de un ajuste que se cobra vidas, no solo empleos.
El vaciamiento no es solo presupuestario: es institucional. La YOSFA, la obra social del personal militar, también entra en crisis. Se multiplican los cambios de autoridades, se acumulan deudas y se pierde la brújula en la gestión. La medicina de calidad, esa que cuesta cara pero salva vidas, está siendo arrasada por el mismo criterio que considera al paciente como un número en una planilla de Excel.
Todo esto sucede mientras el gobierno de Milei intenta mostrarse moderno, disruptivo, heroico. Pero los que enfrentan día a día la realidad del hospital, los que curan, los que operan, los que limpian, no ven heroísmo: ven abandono. Y no se callan. Por eso se organizan, protestan, paran. Porque lo que está en juego no es solo su fuente de trabajo, sino el futuro de un hospital que durante décadas fue orgullo de la sanidad naval argentina.
Lo más doloroso es la falta de respuesta institucional. Nadie baja a explicar, a dialogar, a buscar soluciones. Todo se decide en silencio, con soberbia, como si gestionar fuera cortar por lo sano. Pero cortar por lo sano en un hospital es, literalmente, una sentencia de muerte.
El Hospital Naval está en emergencia. Y no por falta de capacidad ni por errores propios, sino por una decisión política que pone la motosierra donde más duele: en la salud pública, en el corazón mismo del Estado. Mientras los funcionarios se lavan las manos y el Presidente tuitea sobre dragones imaginarios, en la vida real se está apagando una luz esencial. La pregunta es cuántos hospitales más deberán caer antes de que la sociedad despierte.
Fuente:
https://www.youtube.com/watch?v=LGU84QsJPFY
https://www.enorsai.com/noticias/sociedad/petri-avanza-con-el-cierre-del-hospital-naval-como-parte-del-plan-de-ajuste-de-javier-milei/
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