La UOM denunció que la empresa funciona a pleno y que los empleados son víctimas de disputas internas del directorio. El gremio exige la nulidad de los despidos y el pago completo de las indemnizaciones.
En Rosario, la firma Metrofund comunicó a 35 operarios su desvinculación mediante mensajes de WhatsApp y cartas documento. El sindicato rechaza la maniobra, calificada como intempestiva y arbitraria, y advierte que el ajuste empresario se alinea con un clima político que habilita la precarización laboral bajo el gobierno de Javier Milei.
La noticia sacudió al parque industrial del sudoeste rosarino: Metrofund, una empresa metalúrgica con más de cien empleados, echó a 35 operarios de un día para el otro. El procedimiento fue brutal en su frialdad: avisos por WhatsApp y telegramas enviados sin previo aviso. Para completar la humillación, la firma pretende pagar la mitad de las indemnizaciones y en cuotas, una estrategia que roza lo ilegal pero que se repite con creciente frecuencia en un país donde el Estado mira para otro lado.
La Unión Obrera Metalúrgica reaccionó de inmediato. Su referente local, Antonio Donello, presentó un pedido de conciliación en el Ministerio de Trabajo y denunció que no hay crisis productiva que justifique semejante atropello. Por el contrario, según el gremio, la planta opera a plena capacidad y las ventas se sostienen en el mercado regional e internacional. La explicación, afirman, está en las disputas internas de la conducción empresaria. En otras palabras: los trabajadores pagan con sus vidas y su sustento los caprichos de un directorio enfrentado.
El dirigente Elio Vecciarello fue más directo: “Los platos rotos los pagaron los empleados”. Su frase refleja con crudeza la realidad de miles de familias que, ante la menor turbulencia empresarial, quedan desamparadas. La modalidad, definida como “intempestiva” y sin justa causa, no sólo vulnera derechos laborales básicos, sino que también revela la lógica de un modelo económico que prioriza el ajuste sobre la gente.
Metrofund no es una pyme cualquiera. La firma abasteció históricamente a gigantes como Mercedes Benz, Scania, Massey Ferguson y varias plantas de semirremolques. Incluso llegó a exportar a Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. Hoy, sin embargo, se suma a la lista negra de compañías que, amparadas en la flexibilización de facto que promueve el gobierno de Javier Milei, descargan sus crisis internas sobre el eslabón más débil: los trabajadores.
Este caso deja al desnudo una política de Estado que, lejos de proteger el empleo, habilita la precarización. Los despidos por WhatsApp, la reducción arbitraria de indemnizaciones y el pago en cuotas no son anécdotas aisladas: son síntomas de un modelo que entiende el trabajo como un costo a recortar y no como un derecho a defender.
La incertidumbre domina el escenario. La UOM espera que el Ministerio de Trabajo dicte la conciliación obligatoria, pero el clima es sombrío. En un país con inflación galopante y salarios pulverizados, cada puesto perdido se convierte en una tragedia social. Y mientras tanto, el gobierno nacional sigue insistiendo en que todo marcha según lo planeado, aunque el costo humano sea devastador.
Fuente:
.
Deja una respuesta