Más de 380 empleados de Forestadora Tapebicuá, en Gobernador Virasoro, fueron suspendidos sin goce de sueldo, una decisión que dejó a cientos de familias al borde del abismo. La falta de conciliación oficial, las deudas salariales y la continuidad de la producción en paralelo agudizan la indignación de los trabajadores.
La postal de Virasoro, Corrientes, podría ser la de cualquier pueblo obrero que resiste el embate de un modelo que decide vaciar empresas mientras el Estado mira hacia otro lado. La crisis en Forestadora Tapebicuá alcanzó un nivel insoportable: más de 380 trabajadores fueron suspendidos por 30 días sin sueldo, lo que en los hechos significa condenar a cientos de familias a sobrevivir con la nada. En total, la planta emplea a 520 personas, pero el grueso fue directamente desplazado con un brutal comunicado de suspensión.
La indignación no se hizo esperar. En una carta abierta, los trabajadores calificaron su situación de límite y de extrema gravedad. Allí dejaron en claro que no se trata solo de una pulseada laboral sino de un drama humano: la falta de ingresos golpea la mesa de cada hogar, mientras los salarios adeudados siguen sin ser pagados. La empresa, bajo la gestión de José Urtubey, Douglas Albrech y Martín Collado, accionistas vinculados a Celulosa Argentina, no mostró más que desinterés. Ni siquiera se ocupó de cubrir sus obligaciones más básicas.
La bronca estalló con fuerza porque, mientras cientos eran suspendidos, la actividad en la planta no se detuvo. Los camiones siguieron saliendo cargados de madera, lo que convirtió la medida en un acto de cinismo. Como lo expresaron los trabajadores, no se entiende cómo pueden continuar con la producción mientras dejan a la mayoría sin cobrar ni un peso. El mensaje es claro: la empresa apuesta al desgaste, como si las familias fueran descartables, como si las vidas pudieran ponerse en pausa con la misma frialdad con la que se interrumpe una máquina.
Lo más escandaloso es que el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio de Corrientes aún no convocó a una audiencia de conciliación. Esa omisión agrava la ilegalidad denunciada por los obreros y profundiza el sentimiento de abandono. La suspensión no solo carece de legitimidad, sino que además no fue acompañada por el mecanismo básico de mediación institucional. La consecuencia es un clima social enrarecido, con los trabajadores decididos a bloquear el acceso a la planta a partir del 17 de agosto. Una medida de fuerza extrema, pero inevitable cuando el pan de cada día está en juego.
El gobernador Gustavo Valdés, junto a la ministra de Industria, Mariel Gabur, y el secretario de Trabajo, Juan Rajoy, intentó desactivar la crisis con un paquete de “paliativos”: entrega de mercaderías, subsidios por dos meses y prórroga en las deudas con el Banco de Corrientes. Sin embargo, esos parches suenan a limosna frente a la magnitud del problema. Como dijo el trabajador Samuel Verón, lo que piden no son bolsones de comida ni créditos postergados, sino algo tan simple como volver a trabajar y cobrar lo que ya produjeron.
La estrategia oficial parece calcada de un manual de emergencia: prometer ayudas mínimas para contener la protesta, mientras se habla en abstracto de “nuevos inversores” que podrían hacerse cargo de la empresa. Pero la realidad es que la incertidumbre sigue intacta. No hay claridad sobre el futuro de la planta ni compromiso firme para garantizar el empleo. La respuesta política se limita a administrar la pobreza y la espera, un método que tarde o temprano termina alimentando la desesperación.
En paralelo, la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) y otras entidades sectoriales encendieron la alarma por la situación. En un comunicado advirtieron que lo ocurrido en Tapebicuá no es un hecho aislado, sino la expresión de una crisis más profunda que golpea a toda la cadena productiva de la madera. La continuidad del sector, compuesto mayormente por pequeñas y medianas empresas, está en serio riesgo. El fantasma de la quiebra no sobrevuela solo a una empresa, sino a toda una actividad que da sustento a miles de familias.
El conflicto de Virasoro no puede leerse por fuera del clima general que impone el gobierno de Javier Milei. Su programa de ajuste feroz y su prédica de un Estado ausente habilitan a que empresas privadas actúen con total impunidad, descargando sobre los trabajadores la totalidad de los costos de la crisis. La lógica libertaria no es otra cosa que la libertad de los poderosos para explotar y la condena de los débiles a la intemperie. El caso de Tapebicuá es una radiografía brutal de cómo el “orden” proclamado desde Casa Rosada se traduce en caos y sufrimiento en los territorios.
La suspensión masiva en Virasoro no solo amenaza con vaciar bolsillos, también amenaza con vaciar esperanzas. Porque detrás de cada obrero suspendido hay un chico que deja de ir al club, una familia que ajusta su comida, una comunidad entera que ve esfumarse su economía local. El problema no se limita a la planta, se derrama en almacenes, ferreterías, transportistas, pequeños productores de la zona. La crisis laboral se convierte en crisis social y la cadena de la madera arrastra consigo a todo el pueblo.
El bloqueo anunciado para el 17 de agosto será una postal potente: obreros defendiendo el acceso a la planta que los emplea, reclamando no caridad sino dignidad, no asistencialismo sino trabajo. Y ese gesto colectivo, lejos de ser un simple conflicto local, expone la tensión de fondo en la Argentina de Milei: ¿para quién gobierna el poder político, para los empresarios que vacían o para los trabajadores que sostienen la economía real?
La historia reciente demuestra que cuando el Estado se retira, lo que queda no es libertad, sino un campo de juego desigual donde los que tienen capital avanzan sin freno y los trabajadores pagan con hambre y humillación. En Virasoro, esa lógica ya está a la vista. Si los gobiernos provinciales y nacionales no intervienen con decisión, el caso Tapebicuá puede convertirse en un símbolo de resistencia, pero también en una herida abierta que tarde en cicatrizar.
Hoy los trabajadores dicen basta. Y no lo hacen desde la comodidad de un escritorio ni desde una tribuna política, sino desde la crudeza de no saber si mañana podrán alimentar a sus hijos. Su lucha es un recordatorio incómodo de que la economía no se mide solo en balances de empresas, sino en la vida concreta de quienes ponen el cuerpo día tras día. Frente al ajuste y la indiferencia, Virasoro responde con dignidad. Y esa dignidad, aunque quieran ocultarla, retumba más fuerte que cualquier discurso oficial.
Fuente: https://www.argentinaforestal.com/2025/08/16/corrientes-aumenta-la-tension-en-virasoro-por-la-suspension-masiva-de-trabajadores-de-forestadora-tapebicua/
Corrientes: Más de 380 empleados de una Forestadora fueron suspendidos sin goce de sueldo
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