A 10 años de Ni Una Menos: logros, retrocesos y el ataque cavernícola de los libertarios al feminismo

El 3 de junio de 2025 marca el décimo aniversario de la primera marcha de Ni Una Menos, un movimiento que emergió en Argentina en 2015 como respuesta al femicidio de Chiara Páez y que rápidamente se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género en América Latina.

Desde su inicio, Ni Una Menos ha logrado avances significativos en la agenda de género y en la conciencia colectiva de la sociedad argentina. Uno de los hitos fundamentales fue la incorporación del agravante por femicidio en el Código Penal en 2012, lo que permitió tipificar de manera específica los crímenes motivados por odio de género, reconociendo su gravedad estructural. En 2018, se sancionó la Ley Brisa, que establece una reparación económica para los hijos e hijas de mujeres asesinadas por violencia machista, una medida que reconoce no solo el daño irreparable de la pérdida, sino también la responsabilidad del Estado en garantizar algún tipo de reparación.

Sin embargo, estos avances se ven empañados por una brecha persistente entre el marco legal y su aplicación real: la falta de presupuesto, la escasa articulación institucional y la revictimización en los procesos judiciales siguen siendo obstáculos concretos. A ello se suma el desmantelamiento sistemático de políticas públicas de género bajo el actual gobierno nacional, que ha eliminado ministerios, recortado programas de asistencia y desestimado la perspectiva de género como política de Estado. Esta situación no solo pone en riesgo los derechos conquistados, sino que deja desprotegidas a miles de mujeres y disidencias que enfrentan situaciones de violencia en contextos cada vez más adversos.

Esta ofensiva discursiva encontró eco en el gobierno de Javier Milei, que desde su asunción ha desmantelado activamente estructuras estatales orientadas a la equidad de género. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue vaciado de recursos y funciones; programas como el Acompañar, que brindaban apoyo económico a mujeres en situación de violencia, fueron desfinanciados o directamente eliminados; y se suprimió la obligatoriedad de formación en perspectiva de género en la administración pública. Todo esto enmarcado en una retórica que demoniza al feminismo como enemigo del orden liberal y del “mérito individual”. Esta visión reduccionista y anacrónica ignora las desigualdades estructurales que el feminismo denuncia y combate, y legitima un clima social cada vez más hostil hacia las mujeres y diversidades, habilitando incluso discursos de odio y violencia simbólica desde el propio aparato estatal.

En los últimos años, ha emergido con fuerza una corriente libertaria que no solo cuestiona al feminismo, sino que lo ataca frontalmente, acusándolo de ser una ideología que otorga supuestos «privilegios legales» a mujeres y diversidades sexuales en detrimento de los varones. Bajo un discurso de falsa equidad, esta militancia —que se autopercibe como portadora de una «batalla cultural»— ha encontrado en redes sociales y medios afines un terreno fértil para instalar sus postulados reaccionarios. Figuras como Agustín Laje, influencer conservador devenido referente ideológico, y Lilia Lemoine, diputada de La Libertad Avanza, se han posicionado como voceros del antifeminismo local, promoviendo teorías conspirativas sobre una supuesta «ideología de género» y militando contra derechos ya conquistados, como la legalización del aborto y la educación sexual integral.

A pesar de los avances, el movimiento feminista enfrenta retrocesos significativos. La eliminación de políticas públicas y la falta de implementación efectiva de leyes evidencian desafíos persistentes en la lucha contra la violencia de género. Las historias personales de hijos e hijas de víctimas de femicidio resaltan la importancia de la contención emocional, la visibilidad social y el rol de los movimientos feministas en mantener viva la lucha por justicia y protección.

Por todo esto, a diez años de su surgimiento, Ni Una Menos continúa siendo un movimiento vital en la lucha contra la violencia de género en Argentina. Sin embargo, enfrenta desafíos significativos debido a políticas gubernamentales que han desmantelado avances logrados. La resistencia feminista persiste, adaptándose y respondiendo a los nuevos contextos políticos y sociales.

Fuentes: