La comisión investigadora sobre la estafa de la criptomoneda Libra volvió a sesionar en el Congreso, pero la ausencia de dos funcionarios clave del Gobierno disparó un vendaval de críticas. El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Alejandro Melik, se negó a concurrir y fue acusado de intentar “cubrir” al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. También faltó María Florencia Zicavo, ex responsable de la disuelta Unidad de Tareas de Investigación sobre Libra del Ministerio de Justicia.
Ambos organismos habían realizado un informe preliminar, escueto y cuestionado, que derivó en la Justicia sin aportar pruebas relevantes y que terminó exculpando a los Milei. Esa línea defensiva fue duramente cuestionada por el ex subsecretario de Integración y Transparencia de la OA, Luis Villanueva, quien sí asistió a la comisión y denunció la falta de rigurosidad del organismo bajo la conducción de Melik.
Villanueva fue tajante: la OA evitó incomodar al presidente, omitió pedirle descargos y apenas lo mencionó en su resolución. “Ni siquiera lo querían nombrar. La posición de la OA debió ser diametralmente opuesta”, señaló. Además, sostuvo que la oficina debió solicitar al mandatario que informara quiénes eran sus clientes y vínculos comerciales al asumir el cargo, lo que hubiera revelado su relación con Mauricio Novelli, impulsor de Libra.
El ex funcionario apuntó que la OA avaló la teoría de que Milei promocionó Libra como ciudadano privado, lo que consideró un disparate: “Estamos hablando del presidente de la Nación todo el día. No se puede disociar su investidura institucional de su persona”. También recordó que en otros casos, como las declaraciones de Aníbal Fernández contra el dibujante Nik, la OA nunca hizo esa separación.
Para Villanueva, la oficina no produjo pruebas básicas, ignoró testimonios y omitió analizar evidencias tan elementales como el posteo del propio Milei que incluía un número de cuenta y un link para transferencias. “No se me ocurre mejor manera de promocionar algo que decir dónde transferir. Es difícil sostener que no fue una promoción”, sentenció. Además, cuestionó que no se haya citado a funcionarios de Presidencia ni a directivos del Hotel Libertador, donde se habrían dado reuniones clave.
El ex subsecretario también consideró que Karina Milei debió haber sido parte de la investigación, dado que su rol como filtro de acceso al presidente fue mencionado en múltiples denuncias. “No cabe duda de que la carpeta debía abrirse respecto de ella”, aseguró.
Ante este escenario, la comisión redobló la presión sobre la secretaria general de la Presidencia. Se aprobaron dos fechas para su citación, el 23 y el 30 de septiembre, con la posibilidad de que, si no quiere trasladarse, sea la comisión la que concurra a la Casa Rosada a tomarle testimonio.
La oposición mostró su malestar por la reticencia del Gobierno a dar explicaciones públicas. Sabrina Selva (UxP) expresó su deseo de “ir con un patrullero a buscar a Karina Milei para que dé la cara”, mientras que el presidente de la comisión, Maximiliano Ferraro (CC), calificó de “increíble” la actitud de bloqueo del oficialismo.
Además, se creó una subcomisión para interiorizarse en los tribunales sobre el avance de la causa penal y se enviaron oficios al Ejecutivo para que entregue documentación clave, como registros de ingresos a Casa Rosada y Olivos, agendas, minutas de reuniones sobre Libra y detalles de la cuenta presidencial en la red social X. También se librarán pedidos a las plataformas blockchain para rastrear billeteras sospechosas.
El viernes 12 de septiembre vence el plazo para que Javier Milei responda por escrito los interrogantes formulados por la comisión. “La sociedad tiene derecho a saber la verdad. Ningún funcionario puede esconderse ni eludir sus responsabilidades”, advirtió Ferraro, en un contexto donde la sombra de la criptoestafa amenaza con desnudar vínculos incómodos en lo más alto del poder político.
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