El Juzgado Federal N°2 de Catamarca resolvió que la Agencia Nacional de Discapacidad restituya en 24 horas los haberes retenidos y suspenda las auditorías arbitrarias aplicadas bajo el decreto 843/24. La medida cautelar, impulsada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores y el Defensor del Pueblo provincial, constituye un freno judicial al ajuste del gobierno de Javier Milei contra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
El revés judicial que recibió el gobierno de Javier Milei en Catamarca desnuda una verdad incómoda: el ajuste no se detiene ni siquiera frente a los derechos básicos de las personas con discapacidad. El Juzgado Federal N°2, a cargo del juez Guillermo Díaz Martínez, ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) restablecer en apenas 24 horas las pensiones por invalidez que habían sido suspendidas en la provincia y devolver de manera inmediata los haberes retenidos. La decisión se adoptó tras un amparo presentado por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores (APIFADYN), conducida por Griselda Bazán, junto al Defensor del Pueblo de Catamarca, Dalmacio Mera.
El fallo va más allá de la simple restitución. El magistrado prohibió a la ANDIS continuar con las auditorías basadas en la cuestionada normativa y suspender nuevos beneficios hasta que exista una sentencia definitiva. El trasfondo del conflicto es el decreto 843/24, impulsado por la administración Milei, que endureció los requisitos para acceder a las pensiones: exigir un 66% de incapacidad total y permanente, además de no contar con vínculo laboral registrado. En la práctica, un verdadero filtro excluyente que contraviene los principios constitucionales de progresividad y no regresividad en materia de derechos sociales.
Los testimonios incorporados a la causa muestran la crudeza del mecanismo de recorte. Los beneficiarios se enteraban de la baja de sus pensiones recién al no recibir el pago mensual. En algunos casos, después llegaba una carta documento con lenguaje técnico incomprensible, redactada de manera defectuosa y entregada en condiciones que, lejos de garantizar derechos, los pisoteaban. Las auditorías fueron, según los denunciantes, un simulacro burocrático: notificaciones enviadas sin tiempo real para responder, convocatorias en lugares lejanos y, en varios casos, la ausencia de personal para realizar las revisiones cuando los pensionados lograban presentarse.
El juez Díaz Martínez no dudó en calificar la situación como de extrema vulnerabilidad. Subrayó que el carácter alimentario de las pensiones convertía en urgente cualquier medida de restitución. Incluso resolvió sin dar traslado a la parte demandada, consciente de que cada día sin ingresos podía significar un daño irreparable para los beneficiarios. Esta decisión desnuda el contraste brutal entre la voracidad del ajuste libertario y la necesidad vital de un colectivo que, por definición, debería recibir mayor protección del Estado.
La causa también cuestiona de raíz el decreto de Milei, que bajo la excusa de ordenar el sistema en realidad introdujo condiciones de acceso restrictivas y violatorias de derechos. El amparo no solo apunta a reponer las pensiones en Catamarca, sino también a marcar un camino judicial para otros distritos. La inscripción del caso en el Registro de Procesos Colectivos implica que podrá servir de antecedente en situaciones similares, abriendo la puerta a más reclamos contra la política oficial.
Lo que este fallo deja en evidencia es la intención deliberada de reducir costos a expensas de los más desprotegidos. No se trató de un error administrativo ni de fallas técnicas, sino de una decisión política: desfinanciar a quienes no pueden defenderse fácilmente. Milei y sus funcionarios eligieron ajustar sobre la mesa de los discapacitados, apelando a un decreto cuestionado por inconstitucional. El poder judicial, al menos en Catamarca, puso un límite. Habrá que ver si esta señal se expande al resto del país o si el gobierno insistirá en profundizar un rumbo que vulnera garantías básicas y empuja a la intemperie a quienes más necesitan del Estado.
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