Una funcionaria designada por La Libertad Avanza rompe el silencio y expone las prácticas irregulares que comprometen el funcionamiento del organismo más sensible del Estado argentino. Viviana Aguirre, excandidata a diputada de Javier Milei y delegada del PAMI en Mendoza, denunció una estructura de corrupción que atraviesa la sede central del organismo. Acusaciones de sobrefacturación, manejo discrecional de contratos con prestadores y desplazamientos por razones políticas pintan un cuadro alarmante sobre el destino de la salud pública de los jubilados.
Que el PAMI ha sido, históricamente, un terreno fértil para la corrupción no es novedad. Lo que sí resulta perturbador —y profundamente revelador— es que una funcionaria nombrada por el propio oficialismo haya decidido levantar la voz y describir con precisión cómo se manipula, desde las oficinas centrales, uno de los sistemas de atención médica más grandes del país. Viviana Aguirre, quien hasta hace pocas semanas ocupaba el cargo de jefa de la UGL (Unidad de Gestión Local) de Mendoza, realizó una denuncia que debería provocar un verdadero terremoto institucional. Sin embargo, en medio de un gobierno que se autoproclama paladín de la transparencia y la eficiencia, el silencio sepulcral que rodea esta situación resulta tan ensordecedor como sospechoso.
Aguirre, que no es una outsider ni una recién llegada al espacio libertario, fue candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en las elecciones de 2023. Su cercanía con la fuerza gobernante y su designación en un cargo estratégico del PAMI no fueron accidentales. Pero lo que ella vio desde adentro fue, según sus propias palabras, «un sistema aceitado de manejos oscuros». Según denunció, en la sede central “se manejan todos los arreglos con los prestadores” y, como si se tratara de una réplica degradada del viejo sistema de retornos y comisiones, se registran “sobrefacturaciones que nadie controla”.
Estas palabras no vienen de un sindicato opositor, ni de una ONG fiscalizadora, ni de un legislador en campaña. Vienen de una integrante del mismo riñón libertario que hoy gobierna el país con la bandera de la “casta jamás”. Y eso es precisamente lo que convierte esta denuncia en un misil a la línea de flotación del relato oficial.
Pero hay más. Aguirre no solo habló de corrupción en abstracto. Relató con nombres y estructuras cómo se ejerce el control político desde Buenos Aires, cómo se decide arbitrariamente qué proveedores tienen vía libre y quiénes quedan afuera, y cómo el aparato se acomoda para beneficiar a quienes responden a los mandos de la sede central. Este centralismo burocrático no solo degrada la eficiencia del servicio médico; directamente lo prostituye.
El caso de Mendoza es ilustrativo. Según la exdelegada, cuando quiso impulsar controles más estrictos y revisar contratos con prestadores que sospechaba sobrefacturaban, empezó a sufrir presiones internas. La respuesta no fue la investigación ni la auditoría, sino el desplazamiento. Su salida de la UGL fue tan abrupta como elocuente: no hay lugar para la honestidad cuando lo que está en juego son millones del presupuesto nacional.
Resulta doblemente grave que este escándalo estalle en un organismo como el PAMI, que administra los fondos destinados a la atención médica de los jubilados, uno de los sectores más vulnerables y golpeados por las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei. Porque mientras se recortan medicamentos gratuitos, se reducen prestaciones y se achican planteles médicos, la caja sigue sangrando por la herida de la corrupción estructural. Y no cualquier corrupción: una que el propio oficialismo conoce desde adentro.
Viviana Aguirre, que lejos está de representar a la oposición tradicional, llegó al cargo bajo el aval de las máximas autoridades de La Libertad Avanza. No hay margen para desligarse de sus denuncias. No pueden acusarla de responder a la “vieja política”, porque su lugar en el esquema fue otorgado por el nuevo gobierno. Por eso su testimonio expone, sin intermediarios, el cinismo con el que se conduce una gestión que prometió dinamitar la casta, pero que parece haberla absorbido con una velocidad y naturalidad pasmosas.
El Gobierno nacional, en lugar de abrir una investigación profunda, decidió correr a Aguirre del cargo y reemplazarla por otra funcionaria de perfil más dócil. El gesto no es inocente: silenciar al denunciante en lugar de investigar el delito es una forma de convalidarlo. Es más, resulta una confirmación indirecta de que lo dicho por Aguirre toca fibras sensibles, que el entramado de sobrefacturación y favoritismo no es un desvío ocasional sino parte del sistema.
Lo que está en juego, más allá del caso de Mendoza, es la credibilidad de un modelo político que se jacta de «no tranzar con nadie». Pero lo cierto es que mientras el discurso sigue posando de incorruptible, el aparato del Estado reproduce las peores prácticas del viejo régimen: acomodos, caja negra, lealtades políticas por encima del profesionalismo, y un desprecio total por la calidad del servicio que se presta a los jubilados.
La situación es todavía más grave si se considera que el presidente Javier Milei ha emprendido una cruzada de recorte brutal sobre todas las áreas del Estado, afectando programas sociales, recortando salarios, despidiendo trabajadores y vaciando políticas públicas bajo el pretexto de un ajuste necesario. Pero cuando la podredumbre brota desde adentro, desde los mismos espacios que supuestamente venían a transparentar la gestión, la hipocresía se vuelve insostenible.
En este contexto, las palabras de Aguirre no son solo un acto de valentía individual. Son una advertencia. Una señal de alarma sobre cómo el proyecto libertario, lejos de erradicar las lógicas mafiosas del Estado, está aprendiendo rápidamente a utilizarlas en su favor. Y el costo de esta farsa lo pagan los mismos de siempre: los jubilados que no pueden acceder a una consulta médica, los familiares que recorren farmacias buscando remedios con descuento, los trabajadores de la salud que cobran tarde y mal.
Mientras se insiste en discursos grandilocuentes sobre libertad, casta y motosierra, la corrupción de siempre se cuela por las mismas rendijas de siempre. Y lo hace bajo la mirada cómplice de un gobierno que ya no puede seguir presentándose como víctima del sistema. Porque el sistema, a esta altura, le pertenece.
Fuente:
https://provinciaradio.com.ar/noticia.php?noti_id=18129
https://www.rionegro.com.ar/politica/quien-es-viviana-aguirre-la-funcionaria-de-la-libertad-avanza-que-denuncio-corrupcion-en-el-pami-4115045/
Deja una respuesta