En apenas unos meses, la cartera de Seguridad destinó más de 8.000 millones de pesos a Suizo Argentina, la empresa señalada en la causa por sobornos que sacude al gobierno de Milei
La política argentina parece moverse de escándalo en escándalo, y lo que asoma detrás de las compras del Ministerio de Seguridad a la Droguería Suizo Argentina S.A. no es un episodio menor. Lo que se reveló en el expediente judicial tras la filtración de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, derivó en allanamientos con secuestro de documentación, dispositivos electrónicos y dinero en efectivo en moneda extranjera. Una postal de manual para cualquier causa de corrupción. Y sin embargo, mientras la Justicia intenta determinar si esos audios son auténticos, si existieron pagos ilegales y si los documentos secuestrados prueban el esquema de retornos, la política ofrece ya una evidencia incontestable: la cantidad de recursos que el Estado argentino, bajo el mando de Javier Milei, destinó a esta cuestionada empresa.
Los números son fríos, pero su impacto político es brutal. En lo que va de 2025, la Policía Federal Argentina, bajo la órbita de Patricia Bullrich, adjudicó compras por un total de $8.339.956.856,70 a Suizo Argentina. Traducido al tipo de cambio oficial de $1300 por dólar, son unos 6,4 millones de dólares. Y conviene subrayarlo: se trata de una sola droguería, en apenas unos meses, en medio de una investigación federal por coimas. Nadie puede disimular que el caso atraviesa directamente al corazón del gobierno libertario, porque la cartera de Seguridad se ubica en el podio de las adjudicaciones y convierte a Bullrich en protagonista central de este enredo.
La justificación formal se viste de necesidad: medicamentos de alto costo, fármacos para el control de VIH, tratamientos neurológicos, oncológicos y anticuerpos monoclonales. Entre febrero y mayo, la suma de esas compras alcanza cifras que marean: $1.680 millones en medicamentos de alto costo, $301 millones en tratamientos contra el VIH, $26 millones en neurológicos, $1.426 millones en antineoplásicos, $365 millones en oncológicos y $939 millones en anticuerpos monoclonales. Todo en un festival de adjudicaciones que, más allá de su justificación técnica, aparece teñido por la sospecha de un mecanismo aceitado de privilegios empresariales.
El argumento oficialista suele repetirse: la urgencia sanitaria exige velocidad y concentración de compras. Pero la pregunta de fondo, incómoda y persistente, es otra: ¿qué garantías tiene la sociedad de que no se está validando, con recursos públicos, una trama de corrupción? La causa judicial intenta responder tres interrogantes básicos —la autenticidad de los audios, la existencia de retornos y la validez de la prueba secuestrada—, pero mientras tanto, los contratos firmados y las órdenes de compra muestran la realidad más descarnada: los millones fluyen hacia una sola empresa investigada por sobornos.
No es un detalle menor que, en paralelo, las Fuerzas Armadas bajo la conducción de Luis Petri también acudieran a Suizo Argentina. El Hospital Naval Buenos Aires Cirujano Mayor Doctor Pedro Mallo recibió material quirúrgico y de examinación por $105 millones de la misma droguería. Una coincidencia que no es tal: el Estado nacional se convirtió, en cuestión de meses, en cliente predilecto de una firma que hoy se encuentra en el centro de la tormenta judicial.
El dilema político es evidente. Javier Milei llegó al poder prometiendo barrer con la “casta” y erradicar la corrupción enquistada en el Estado. Sin embargo, su gobierno protagoniza un esquema de contrataciones que huele a privilegio, que se concentra en una empresa bajo investigación y que coloca a su ministra de Seguridad en la posición más incómoda. Bullrich, que suele blandir discursos implacables contra la delincuencia, se encuentra ahora enredada en la defensa implícita de adjudicaciones que desafían cualquier relato de transparencia.
En este tablero, lo que se juega no es solo una disputa judicial. La imagen de un gobierno que predica austeridad mientras transfiere más de ocho mil millones a una empresa cuestionada golpea en la línea de flotación de su credibilidad. ¿Cómo exigir sacrificios sociales mientras se avalan contratos millonarios con una droguería bajo sospecha de coimas? ¿Cómo sostener el discurso de la mano dura contra el delito cuando los expedientes apuntan hacia el propio Estado como vehículo de negocios oscuros?
La investigación federal avanzará con pericias técnicas, cotejo de grabaciones y análisis de los documentos secuestrados. Pero el tiempo político corre en otra dirección: las pruebas administrativas ya bastan para encender la alarma. No hay relato que disimule que una sola empresa concentró el grueso de las compras estatales en un área sensible y que esa concentración se produjo cuando el escándalo ya estaba en marcha. Lo demás es una cuestión de fe en la Justicia y en el relato oficial. Y la fe, en política, se evapora rápido cuando lo que sobra son sospechas.
La trama revela con crudeza la contradicción de un gobierno que prometió transparencia, pero opera como cualquier administración de la vieja política: contratos inflados, empresas amigas, discursos de manual y un Estado al servicio de los intereses de pocos. Bullrich se ha convertido en la cara visible de esa incoherencia. Mientras Milei agita fantasmas de enemigos externos, en su propio gabinete germina un caso de corrupción que amenaza con devorarlo desde adentro.
En definitiva, el asunto no se trata solo de millones en medicamentos ni de una investigación judicial en curso. Se trata de la credibilidad de un gobierno que no tolera cuestionamientos, que persigue enemigos en redes sociales, que se autoproclama adalid de la libertad y de la transparencia, pero que en la práctica abre la caja fuerte del Estado para alimentar a una empresa sospechada. Y cuando la política juega con fuego en nombre de la austeridad, el incendio de la credibilidad es inevitable.
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