La diputada nacional y consejera de la Magistratura, Vanesa Siley, cuestionó duramente la relación entre el máximo tribunal y ciertos medios de comunicación, luego de que La Nación publicara una tapa sobre la “preocupación” por el juicio de los Cuadernos. Señaló que los jueces reciben “órdenes directas e indirectas” desde la prensa.
La referente sindical y legisladora de Fuerza Patria apuntó contra lo que definió como un “avasallamiento a la independencia judicial”, tras la publicación de una nota de La Nación replicada por el periodista Pablo Rossi. El artículo sugería que la Corte Suprema “se inquieta” por la lentitud del juicio de los Cuadernos, mientras Siley advirtió que ese tipo de operaciones mediáticas funcionan como órdenes políticas disfrazadas de preocupación institucional.
Vanesa Siley, diputada nacional por Fuerza Patria, secretaria general de la Federación de Trabajadores Judiciales (FE-SITRAJU) y consejera de la Magistratura de la Nación, volvió a poner sobre la mesa uno de los temas más sensibles del sistema judicial argentino: la injerencia de los medios de comunicación en la actuación de los tribunales.
En un contundente posteo en la red X (ex Twitter), Siley sostuvo que “el empleador de la Corte Suprema emite dos tipos de órdenes a los cortesanos: las directas, cuando los llaman por celular, y las indirectas, cuando las escriben en los diarios”, en alusión a la tapa del diario La Nación del domingo 9 de noviembre de 2025.
La portada advertía sobre una supuesta “preocupación en la Corte Suprema por la duración y el formato del juicio de los Cuadernos”, destacando que el proceso —considerado uno de los más relevantes por corrupción— se desarrolla “por Zoom y una vez por semana”.
El mensaje de Siley fue directo: “Me gustaría escuchar a la Asociación de Magistrados repudiar semejante avasallamiento a la independencia judicial”. La crítica no sólo estuvo dirigida al máximo tribunal, sino también a un entramado mediático-político que, según la diputada, busca condicionar la actuación de los jueces a través de la opinión publicada.
En la misma línea, el periodista Pablo Rossi, una de las voces más visibles de La Nación+, había reforzado esa narrativa desde su cuenta personal: “Lo dijimos el primer día. Una vergüenza que el mayor juicio por corrupción del país haya comenzado por Zoom y una vez por semana. El tribunal no parece estar a la altura de la historia. Mal mensaje para la sociedad”.
La sincronía entre la tapa del diario y el comentario televisivo no pasó desapercibida. Siley interpretó la maniobra como una forma de presión institucional: un guion escrito en los medios y ejecutado en los despachos judiciales.
La disputa por la independencia del Poder Judicial —que Siley viene denunciando desde hace años desde el sindicato judicial y la Magistratura— adquiere nuevas dimensiones en este contexto político. Bajo el gobierno de Javier Milei, los medios concentrados recuperaron centralidad como voceros de sectores del poder económico y judicial, reinstalando causas emblemáticas del lawfare que habían quedado relegadas tras la gestión anterior.
El “juicio de los Cuadernos” representa uno de los mayores ejemplos de esa tensión: una causa plagada de irregularidades, testimonios extorsivos y filtraciones mediáticas que definieron el clima político de los últimos años. La propia Corte Suprema, hoy cuestionada por su falta de transparencia y por sus vínculos con sectores empresariales, parece reactivar la agenda judicial en sintonía con los intereses de los grandes medios.
Para Siley, el problema no radica sólo en la lentitud del proceso, sino en la manipulación del relato institucional: La Nación no informa, sino que “orienta” a los jueces, condiciona a la opinión pública y crea un escenario de presión constante sobre el fuero federal.
La diputada, que además integra el Consejo de la Magistratura —órgano encargado de seleccionar y sancionar jueces—, exige que las asociaciones judiciales tomen postura frente a estas prácticas, porque “el silencio también es complicidad”.
En un país donde la Justicia aparece cada vez más atravesada por operaciones políticas, las palabras de Siley reavivan un debate estructural: ¿quién gobierna realmente los tribunales? ¿Los magistrados que deberían garantizar la Constitución o los medios que dictan sentencia desde sus portadas?
El posteo de Siley fue ampliamente compartido por referentes del ámbito judicial y legislativo, quienes coincidieron en que la independencia de poderes no se defiende con comunicados de prensa, sino con límites claros a las presiones del poder mediático-económico sobre los jueces.
La disputa entre La Nación y el oficialismo judicial revela, una vez más, que en Argentina la justicia se libra no sólo en los tribunales, sino también —y sobre todo— en los titulares de los diarios.
Siley apuntó contra la Corte y La Nación por “avasallar la independencia judicial”
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