La renuncia de los defensores de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, deja al funcionario en una situación aún más delicada mientras avanzan los allanamientos y crece la sospecha de corrupción. El expediente judicial indaga sobre sobreprecios en la compra de medicamentos, una operatoria que compromete al círculo cercano del Presidente Javier Milei. La defensa abandonó el caso y los procedimientos en barrios privados del AMBA profundizan la crisis política y judicial.
El escándalo que sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este viernes un nuevo episodio que deja expuesto al gobierno de Javier Milei. Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, quedó sin abogados en medio de la causa que investiga presuntos pagos de coimas y maniobras fraudulentas en la adquisición de medicamentos.
Los defensores Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze comunicaron su renuncia mediante un escrito presentado ante el fiscal. Argumentaron “motivos personales”, pero la decisión llegó justo cuando la Justicia ordenó allanamientos en dos barrios privados del Área Metropolitana de Buenos Aires y en una caja de seguridad atribuida a Spagnuolo. El dato no es menor: la salida de la defensa coincide con un momento de máxima presión judicial, lo que sugiere que la estrategia legal podría haberse vuelto insostenible.
La investigación judicial lo tiene contra las cuerdas. El expediente apunta a delitos graves: defraudación, estafa, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. En otras palabras, un esquema de corrupción que, de confirmarse, no solo golpea a Spagnuolo, sino que amenaza con extenderse a los pasillos más cercanos al Presidente. La foto es demoledora: un funcionario que debía garantizar políticas de inclusión para personas con discapacidad, acusado de manipular fondos públicos para beneficio propio o de terceros.
La gravedad del caso trasciende lo judicial. Si algo irrita a la opinión pública es que este entramado se haya montado en un organismo cuya misión debería ser proteger a los sectores más vulnerables. Hablar de sobreprecios en medicamentos no es un tecnicismo, es hablar de pacientes que dependen de tratamientos y que ven cómo la corrupción les arrebata recursos esenciales. La indignación es inevitable y se amplifica cuando se observa la hipocresía de un gobierno que se jacta de combatir “la casta” pero termina hundido en el mismo pantano de siempre.
La renuncia de los abogados también deja en evidencia la soledad política de Spagnuolo. ¿Quién asumirá ahora su defensa? ¿Qué tan comprometido está su rol en este entramado? Nadie lo sabe aún, pero la incertidumbre abre un abanico de lecturas que van desde el quiebre de lealtades hasta la existencia de pruebas demasiado comprometedoras.
Para Milei, el caso ANDIS es un golpe directo a su credibilidad. Cada escándalo en su entorno erosiona el discurso de la transparencia y la austeridad. Y lo que se juega aquí no es solo una pulseada judicial: es la percepción pública de un gobierno que prometió arrasar con la corrupción, pero que, apenas comenzado su mandato, ya carga con un escándalo de proporciones.
La causa sigue en desarrollo, pero el mensaje es claro: el relato libertario se resquebraja cuando la realidad judicial pone sobre la mesa los negocios sucios y la connivencia entre poder y dinero. Y esta vez, el costo político puede ser demasiado alto incluso para un Presidente que se cree blindado frente a todo.
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