El gobierno libertario consolidó una estructura donde el retorno, el silencio y el negocio reemplazan a la ley. Del “3% de Karina Milei” al financiamiento narco y los sobreprecios en contratos públicos, los escándalos que rodean al gobierno libertario parecen confirmar lo que el Presidente confesó sin pudor: entre el Estado y la mafia, eligió a la mafia.
La frase de Javier Milei, pronunciada años atrás como provocación televisiva, hoy resuena como profecía cumplida. Los casos de coimas, lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico que salpican a su gobierno demuestran que la moral mafiosa desplazó a la ética republicana.
“Entre el Estado y la mafia, prefiero la mafia. La mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente.”
Javier Milei dijo esa frase en 2019, en una entrevista en Chile. En ese momento, muchos la tomaron como una ocurrencia más de su histrionismo mediático. Pero el tiempo le dio un sentido siniestro: lo que parecía una provocación terminó siendo un proyecto de gobierno.
Porque si algo caracteriza a la gestión libertaria, es precisamente esa sustitución de la legalidad por el código mafioso. Los casos se acumulan y dibujan un patrón: favores, retornos, sobreprecios, lavado y encubrimiento.
El más reciente involucra nada menos que a Karina Milei, la poderosa secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario. Según la denuncia presentada por empresarios y exfuncionarios, la llamada “Jefa” habría exigido un retorno del 3 % en cada contrato estatal, una especie de “peaje” para acceder a licitaciones o autorizaciones oficiales.
El famoso “3 % de Karina Milei” —que ya provoca escalofríos incluso entre aliados libertarios— evoca inevitablemente los mecanismos de extorsión y reparto propios de una estructura mafiosa. Solo que esta vez, la organización no actúa en la sombra: despacha desde la Casa Rosada.
El escándalo se suma a una larga lista de episodios que parecen confirmar que la mafia no solo tiene códigos, sino también cargos públicos. Desde el financiamiento narco de la campaña de José Luis Espert, con dinero aportado por el empresario detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado, hasta los sobreprecios y contratos direccionados en distintos ministerios, todo parece responder a un mismo principio: la gestión del Estado como negocio privado.
La máxima libertaria —“la mafia cumple, el Estado no”— se tradujo en una maquinaria de favores y silencios.
En el Ministerio de Capital Humano, los expedientes de contrataciones con sobreprecios se apilan. En seguridad, los vínculos con empresarios sospechados de lavado conviven con la impunidad mediática. Y en la cima del poder, el círculo íntimo del Presidente funciona como una familia cerrada donde la lealtad personal vale más que la transparencia pública.
Resulta casi irónico: el hombre que prometía destruir la “casta política” terminó construyendo la suya propia, con jerarquías, códigos y porcentajes. Si la mafia —como él decía— “no miente”, el mileísmo la desmiente a diario con su discurso moralista y su práctica corrupta.
El Estado, debilitado a propósito, se volvió apenas una fachada. Lo real ocurre detrás: los negocios, los retornos, las coimas, los silencios.
Milei prometió un gobierno “sin privilegios”, pero lo que instaló es un sistema donde los privilegios se cobran en efectivo.
Así, la célebre frase que alguna vez sonó a provocación hoy se lee como confesión anticipada. Milei no solo prefiere a la mafia: la institucionalizó. Y lo hizo con una eficiencia que ni la vieja Cosa Nostra habría imaginado.
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