Con el argumento de combatir el “adoctrinamiento”, la ministra Sandra Pettovello habilitó una línea para denunciar a docentes, reeditando prácticas de vigilancia que evocan lo peor del autoritarismo.
El Gobierno nacional impulsa una campaña contra supuestos casos de adoctrinamiento en las escuelas, habilitando una línea telefónica para delatar a docentes y estudiantes. La medida fue duramente repudiada en redes por dirigentes políticos y sectores educativos, que advierten sobre una persecución ideológica orquestada desde el Estado.
Una educación vigilada
En un nuevo capítulo de ofensiva ideológica contra el sistema educativo público, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunció la implementación de una línea telefónica “anti-adoctrinamiento”. Bajo el pretexto de resguardar la “libertad de conciencia”, el Gobierno pone en marcha un mecanismo que permite denunciar de forma anónima a docentes por presuntas expresiones políticas en las aulas. La iniciativa desató un inmediato repudio por parte de referentes políticos, gremiales y ciudadanos que ven en esta política un claro intento de intimidación y censura.
“Línea anti-adoctrinamiento. El kirchnerismo y sus segundas marcas siguen usando la educación pública para lavar cerebros…”, escribió sin tapujos el vocero de comunicación de Casa Rosada, Javier Lanari, en redes sociales. El mensaje no deja dudas: más que una herramienta pedagógica, la medida busca profundizar una narrativa de estigmatización hacia el pensamiento crítico, en especial aquel que no comulgue con el discurso oficial.
Una reedición del “0800-buchón”
La medida no es nueva. Durante el gobierno de Mauricio Macri, el exministro de Educación Esteban Bullrich impulsó una línea similar en la Ciudad de Buenos Aires, que rápidamente fue rebautizada por la comunidad educativa como el «0800-buchón», por su carácter persecutorio. Aquel antecedente generó fuerte rechazo, pero ahora, con un gobierno nacional dispuesto a avanzar sobre todos los frentes, el mecanismo se reedita con mayor alcance y con una carga ideológica aún más explícita.
Reacciones inmediatas
Una de las voces más resonantes contra la iniciativa fue la de la ex titular de AySA, Malena Galmarini, quien ironizó en sus redes: “¡Así es Ministra! ¡Que dejen de dar historia! ¿Qué es eso de que los pibes sepan sobre el pasado y no vuelvan a probar con políticas que ya no funcionaron, eh? Para qué les vamos a enseñar a pensar si para eso la tecnología nos trajo a ChatGPT…”.
Lejos de retroceder ante las críticas, Pettovello redobló la apuesta. Horas después del anuncio, recibió en su despacho a un alumno que denunció supuestos “hostigamientos ideológicos” por parte de sus compañeros. El gesto fue presentado como parte del plan “anti-adoctrinamiento”, dejando en claro que, para el gobierno de Javier Milei, el enemigo está dentro de las aulas.
Libertad sí, pero solo para algunos
El discurso oficial habla de “libertad de conciencia” y “pluralidad de pensamiento”, pero la implementación concreta del plan revela otra cosa: se busca acallar toda perspectiva crítica, especialmente si proviene del campo nacional y popular. Se criminaliza la enseñanza de historia, de derechos humanos, de pensamiento político. El mensaje es claro: se puede hablar de libertad, siempre y cuando no se cuestione el modelo de ajuste, privatización y represión que lleva adelante la administración libertaria.
En un contexto donde las universidades públicas sufren recortes presupuestarios, los docentes universitarios cobran salarios por debajo de la línea de pobreza y las ciencias sociales son deslegitimadas por el propio presidente, el lanzamiento de esta línea de delación no es una anécdota, sino parte de una estrategia de disciplinamiento ideológico.
El peligro de la delación como política pública
Reinstalar canales de denuncia anónima con contenido político no solo pone en riesgo la integridad profesional de los docentes, sino también la convivencia democrática en los espacios educativos. La escuela pública debe ser un ámbito de pensamiento libre, de construcción crítica y de diálogo plural, no un campo minado por el miedo a ser vigilado por expresar una idea.
En lugar de mejorar la calidad educativa, fortalecer la infraestructura escolar o garantizar derechos básicos como la alimentación en comedores, el Ministerio de Capital Humano dirige sus energías a vigilar el pensamiento. Y eso, lejos de ser una política educativa, es un acto de persecución ideológica.
Fuente:
- https://www.pagina12.com.ar/836598-pettovello-lanzo-la-reedicion-del-0800-buchon-y-despues-se-a
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