Patricia Buckmayer, funcionaria de La Libertad Avanza en Montecarlo, provocó indignación al justificar el accionar de la última dictadura militar argentina durante una sesión del Concejo Deliberante. Fue denunciada penalmente y separada de su cargo docente.
En un acto tan provocador como inadmisible, la concejal libertaria Patricia Buckmayer volvió a poner sobre la mesa una herida abierta en la historia argentina. No solo exaltó el terrorismo de Estado, sino que además lo hizo desde un cargo institucional, amparada en el discurso negacionista que crece al calor del gobierno de Javier Milei.
La política argentina vuelve a cruzar una línea peligrosa. No se trata de una simple opinión personal, ni de un exabrupto aislado. Esta vez, fue desde un ámbito institucional, el Concejo Deliberante de Montecarlo, en Misiones, donde se legitimó el horror. Patricia Buckmayer, concejal de La Libertad Avanza, decidió justificar públicamente la última dictadura cívico-militar, en una intervención que no deja margen para la duda: habló de una supuesta “guerra” y reivindicó la violencia estatal que dejó 30.000 desaparecidos.
La escena fue capturada en un video tan perturbador como revelador. “No hubo dictadura, hubo una guerra. Lo que hubo fue un Gobierno militar que tuvo que actuar”, dijo sin titubeos, mientras ocupaba su banca en el recinto legislativo. Y no se quedó allí: “Yo sí apoyo a los militares, porque hicieron lo que había que hacer. ¿Sabés lo que pasa? Que los zurdos mataban, secuestraban, extorsionaban… y a esos había que bajarlos”. No solo naturalizó el exterminio, lo celebró.
Es imposible separar estas declaraciones del clima ideológico promovido desde la Casa Rosada. El negacionismo ha dejado de ser marginal para convertirse en una narrativa funcional a un gobierno que ataca sistemáticamente la memoria histórica, el trabajo de los organismos de derechos humanos y el consenso democrático que costó décadas construir. Buckmayer no es un caso aislado, es la expresión descarnada de una corriente que legitima el pasado más oscuro del país en nombre de una supuesta “libertad”.
El escándalo fue inmediato. Desde distintos sectores políticos y sociales no tardaron en repudiar los dichos de la concejal. La Red Federal de Concejalas del Frente Renovador la denunció por “apología del delito y negacionismo”, y presentó un pedido para que se evalúe su destitución. Además, se impulsaron presentaciones ante el INADI y se exigió una respuesta institucional clara frente a un hecho de tal gravedad.
Pero la indignación no se quedó en el plano político. Buckmayer también es docente en la Escuela Provincial de Educación Técnica N.º 12 de Montecarlo. Allí, forma a jóvenes como profesora de “Ciudadanía y Política” y “Ética”. ¿Cómo puede alguien que justifica el terrorismo de Estado enseñar valores democráticos y derechos humanos? Ante la presión pública, las autoridades educativas de Misiones actuaron y la separaron preventivamente del cargo mientras avanza una investigación administrativa. También fue denunciada penalmente por las mismas razones.
En un país que ha hecho del “Nunca Más” un pacto social transversal, estos retrocesos no pueden tratarse con tibieza. Lo que hizo Buckmayer no es una simple provocación: es una afrenta directa a las víctimas, a la verdad histórica y a toda la sociedad. Es una muestra del costo que implica permitir que discursos de odio y autoritarismo ganen terreno en la escena pública sin consecuencias.
La concejal, lejos de retractarse, intentó justificarse en redes sociales alegando que su libertad de expresión le permite decir lo que piensa. Sin embargo, desde un cargo público no todo vale. Hay responsabilidades que no se pueden eludir detrás de slogans libertarios ni de relatos revisionistas. Cuando alguien que ocupa un rol institucional naturaliza el exterminio, el problema no es lo que piensa en privado, sino el mensaje que transmite desde el Estado.
La historia argentina no admite ambigüedades. No hubo “dos demonios”, no hubo una guerra entre iguales. Hubo un plan sistemático de desaparición, tortura y asesinato ejecutado desde el Estado contra una población civil. Y cada vez que alguien intenta relativizarlo, negarlo o justificarlo, vuelve a poner en peligro la democracia.
Este hecho no puede entenderse como un simple episodio local. Es el reflejo de una Argentina donde sectores del poder están dispuestos a reescribir la historia con impunidad. Donde funcionarios que deberían defender los derechos humanos eligen relativizarlos. Y donde el gobierno nacional, lejos de condenar este tipo de expresiones, las alienta con su retórica anti derechos.
La presencia de Patricia Buckmayer en el Concejo Deliberante no es solamente una incomodidad: es un síntoma. Un síntoma de que los discursos del odio están mutando en prácticas institucionales, y que la democracia se erosiona cuando se permite que quienes glorifican dictaduras ocupen espacios de decisión. No basta con el repudio. Es urgente una respuesta política, jurídica y social firme y sostenida.
Porque cuando la negación del genocidio se convierte en política, la democracia deja de ser un proyecto colectivo para transformarse en una formalidad vacía. Y porque, a 41 años del retorno democrático, Argentina no puede darse el lujo de mirar para otro lado ante los elogios al horror.
Fuente:
https://www.pagina12.com.ar/846259-una-concejal-libertaria-de-misiones-reivindico-la-dictadura-
https://delatribunatv.com/politica/politica-en-misiones/separan-y-denuncian-penalmente-a-la-docente-patricia-buckmayer-de-montecarlo/
https://www.primeraedicion.com.ar/nota/101027298/denunciaran-a-la-concejal-patricia-buckmayer-por-apologia-del-delito/
Patricia Buckmayer: la concejal libertaria que justificó la dictadura y fue denunciada penalmente
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