El organismo licitó insumos clave por más de $80.000 millones y los médicos aseguran que ahora paga cifras siderales que multiplican el valor de mercado. La centralización del sistema no solo encareció costos, también complica las cirugías por demoras en la entrega.
El PAMI enfrenta un nuevo escándalo que desnuda la fragilidad del sistema de salud y la opacidad en la gestión de los recursos públicos. Más de 500 oftalmólogos de todo el país encendieron la alarma: el organismo pasó de un esquema transparente y económico, donde los médicos compraban los lentes intraoculares y luego rendían factura, a un mecanismo centralizado que disparó los precios a niveles absurdos.
Hasta julio, el costo de un lente monofocal rondaba los $35.000, con valores coincidentes entre los cuatro laboratorios productores. Sin embargo, la resolución 1737/2025 modificó las reglas y obligó a que la compra sea realizada únicamente por el PAMI. El resultado fue el opuesto al esperado: lejos de abaratar, el precio por unidad se multiplicó entre cinco y diez veces.
Los documentos oficiales son contundentes. La resolución 1560/2025 revela que el organismo adjudicó lentes a valores que oscilan entre $150.000 y casi $300.000 cada uno. Ejemplos concretos grafican la desproporción: Implantec S.A. vendió lentes a un profesional por $24.800 y facturó al PAMI $162.166; Visión Médica S.A. pasó de $28.249 a $279.704; MSZ cotizó a $32.000 y el organismo pagó $177.939.
El costo no es la única preocupación. La centralización derivó en retrasos: los envíos no llegan a tiempo y las cirugías de cataratas —que son urgentes para preservar la visión en miles de adultos mayores— deben reprogramarse, con el consecuente perjuicio para los afiliados.
Desde el PAMI intentaron justificar el cambio: aseguran que el nuevo sistema corrige “falencias graves” como la falta de trazabilidad y cobros indebidos a pacientes. Sobre los precios, argumentan que no pueden compararse porque ahora incluyen logística, doble solución viscoelástica y provisión continua. Además, sostienen que el costo final por cirugía más insumo es de $565.000, inferior a lo que pagan OSDE o la obra social del Poder Judicial.
Pero el argumento oficial tropieza con la realidad: si el mercado ofrece los mismos insumos a una fracción del precio, ¿qué justifica la erogación multimillonaria del Estado? ¿Por qué se optó por un esquema que concentra contratos por $80.000 millones en manos de pocos laboratorios y que, a la vez, ralentiza la atención de los pacientes?
Lo que se presenta como una medida de “orden y transparencia” hoy se revela como un nuevo capítulo en la larga lista de compras públicas sospechadas de sobreprecios. La paradoja es brutal: el sistema que prometía ahorrar y garantizar insumos terminó generando un gasto desmedido y poniendo en riesgo la salud visual de miles de jubilados.
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