La cuenta oficial de la Policía Federal Argentina (PFA) en la red social X (ex Twitter) fue hackeada este viernes 26 de septiembre para promocionar un supuesto token denominado $MIRA, en un episodio que encendió todas las alarmas sobre la vulnerabilidad digital del Estado argentino. Durante más de una hora, los usuarios vieron mensajes en inglés que promocionaban “el gran airdrop de $MIRA” y convocaban a sumarse a traders, stakers y poseedores de NFT. Los posteos incluían enlaces que supuestamente dirigían a un sitio de compra, imágenes alusivas al evento y hasta videos institucionales adulterados.
La escena resultó extrañamente familiar: en los comentarios, numerosos usuarios recordaron el episodio de la criptomoneda $LIBRA, difundida desde las redes del propio presidente Javier Milei, que terminó bajo investigación judicial por presunta estafa.
El hackeo a la PFA no fue un hecho aislado. En lo que va del año, distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales sufrieron ataques cibernéticos con objetivos similares. En enero, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) fue víctima de un ataque que reveló recibos de sueldo y datos administrativos de los agentes. En agosto, la Policía de Córdoba confirmó el acceso no autorizado a registros laborales internos. Estos episodios evidencian un patrón: la infraestructura informática del Estado argentino carece de los niveles de blindaje necesarios, incluso en áreas de alta sensibilidad institucional.
Más de una hora después del primer mensaje —publicado a las 10:30—, la PFA emitió un comunicado reconociendo que fue “blanco de un ataque informático internacional”. Según el texto, el objetivo habría sido “manipular la identidad institucional y difundir mensajes indebidos”. El comunicado señala que el caso “ya fue judicializado” y que se están desplegando medidas para identificar a los responsables. Asegura, además, que los protocolos de ciberseguridad fueron activados de inmediato, y que “gracias a la labor coordinada de las áreas técnicas especializadas, se recuperó de forma rápida y total el control de la cuenta oficial”. Finalmente, la institución —dependiente del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich— remarcó que “todas las comunicaciones emitidas desde este momento corresponden a la administración legítima de la institución y deben ser consideradas oficiales”.
La frase “ataque informático internacional” fue, sin embargo, motivo de burlas en redes sociales y entre especialistas. Porque lejos de una conspiración global o de sofisticadas organizaciones delictivas, los principales sospechosos de hackeos a dependencias estatales en los últimos meses son once jóvenes argentinos, algunos de ellos menores de 25 años, con conocimientos técnicos medios y acceso doméstico a la red. Difícil imaginar un “ataque internacional” cuando los supuestos enemigos del Estado usan VPN gratuitas y se conectan desde un cibercafé. La exageración discursiva, más que una defensa institucional, suena a excusa de manual para disimular la precariedad digital del aparato estatal.
El hackeo a la PFA ocurre, además, en un contexto en el que la propia fuerza investiga causas vinculadas a ciberataques y delitos digitales. De hecho, semanas atrás se conoció que once jóvenes fueron detenidos por hackear correos y bases de datos estatales y privadas, en una causa instruida por el juez Adrián González Charvay y el Departamento de Inteligencia Contra el Crimen Organizado de la misma PFA. Los investigadores detectaron que los sospechosos habían vulnerado los correos internos de la Policía Federal y filtrado información sensible. Ahora, tras este nuevo episodio, las miradas vuelven sobre la capacidad de las instituciones para proteger su propia estructura digital.
El caso $MIRA no solo representa un bochorno para la fuerza, sino también un golpe a la credibilidad del Estado argentino en materia de seguridad informática. En pleno auge de la propaganda digital y los discursos de “modernización gubernamental”, el gobierno de Javier Milei acumula incidentes de ciberseguridad que exponen improvisación, precariedad y falta de coordinación entre organismos. La promoción de una criptomoneda apócrifa desde la cuenta de la Policía Federal —una fuerza armada bajo la órbita del Ministerio de Seguridad— no es solo una curiosidad viral. Es una alerta institucional. Si una de las cuentas más custodiadas del país puede ser intervenida durante más de una hora sin control, ¿qué podría pasar con bases de datos judiciales, financieras o de defensa?
Mientras tanto, el gobierno insiste en reducir presupuestos en áreas estratégicas, incluyendo sistemas de ciberdefensa y capacitación técnica, lo que deja a la administración pública expuesta a ataques con fines económicos o políticos. El paralelismo con el escándalo de la criptomoneda $LIBRA —difundida por las redes del presidente Milei— es inevitable. En ambos casos, se trató de operaciones digitales con apariencia de legitimidad institucional, diseñadas para captar la atención y confianza de usuarios desprevenidos. Aunque la versión oficial de Casa Rosada buscó desligar al mandatario, el caso sigue bajo investigación por presunto fraude digital. El ataque a la PFA, ahora, parece replicar la misma lógica de manipulación informativa, pero apuntando directamente a la estructura del Estado.
En apenas una hora, un grupo de hackers demostró lo que muchos especialistas advierten desde hace años: la seguridad digital en Argentina es una promesa vacía. La vulneración de la cuenta oficial de la Policía Federal no solo deja en evidencia la fragilidad de los sistemas institucionales, sino también la falta de políticas coherentes de ciberdefensa estatal. Y si la fuerza que debe investigar estos delitos es víctima del mismo mecanismo que combate, el problema deja de ser técnico para convertirse en político.
Fuentes:
Comunicado oficial de la Policía Federal Argentina (PFA), publicado el 26/09/2025 en la cuenta institucional de X @PFAOficial.
Infobae – “Hackearon la cuenta oficial de la Policía Federal para promocionar una criptomoneda”, 26/09/2025.
Télam – “La Policía Federal denunció un ataque informático internacional tras el hackeo de su cuenta oficial”, 26/09/2025.
Página 12 – “Hackearon la cuenta de la Policía Federal y publicaron mensajes sobre una criptomoneda”, 26/09/2025.
TN – “Ataque informático a la Policía Federal: publicaron posteos sobre un supuesto token”, 26/09/2025.
Causa judicial N° 45732/2025, Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez Adrián González Charvay, sobre hackeos a correos y bases de datos estatales.
Coberturas previas sobre ciberataques a la PSA (enero 2025) y Policía de Córdoba (agosto 2025), relevadas en medios nacionales.
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