La reciente pericia sobre el iPhone del legislador del PRO revela un informe ínfimo, mensajes encriptados y evidencias clave eliminadas o ignoradas. La causa, en manos de una jueza reacia a investigar y una Gendarmería de pericia selectiva, se diluye entre excusas técnicas y decisiones judiciales que parecen diseñadas para proteger al poder. Las asesoras hablan de traiciones, contratos, manipulación y amenazas. La pista Milman, lejos de ser descartada, cobra más fuerza con cada encubrimiento.
“Estoy SIN LABURO, SIN UN MANGO, SIN AYUDA DE NADIE POR TU CULPA, JERRY”. La frase no proviene de una novela de denuncia política ni de un guion de cine negro criollo. Es un mensaje real, con fecha del 20 de enero de 2023, enviado por una exasesora de Gerardo Milman directamente a su celular. No se trata de cualquier teléfono, sino del iPhone 14 Pro que el diputado entregó a la Justicia un año después del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Y no fue por voluntad propia o espíritu colaborativo: fue en medio de una maniobra política, tardía y plagada de contradicciones. Lo más inquietante es que, tras casi tres años del atentado, el peritaje de ese dispositivo resulta tan desprolijo como vergonzoso.
Con más de 35 mil interacciones por WhatsApp, 659 correos electrónicos, 596 imágenes eliminadas y 39 archivos borrados, el informe de Gendarmería Nacional sobre el celular de Milman se limita a unas escasas diez páginas. Sí, diez páginas para un teléfono que podría contener la clave de uno de los episodios más graves de la democracia argentina desde 1983. El análisis se realizó a toda velocidad: comenzó una mañana y terminó pasada la medianoche del día siguiente. En una causa de semejante envergadura, ¿alguien puede justificar tanta liviandad?
La jueza María Eugenia Capuchetti, conocida por su reticencia a incomodar al poder, había dado instrucciones específicas: buscar sólo 29 palabras clave relacionadas con el atentado. El listado incluía obviedades como “Cristina”, “Kirchner”, “atentado”, “arma” y la famosa frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa”, atribuida a Milman por un testigo que lo escuchó en un bar dos días antes del intento de asesinato. Pero nada más. Ni sinónimos, ni referencias contextuales, ni búsquedas manuales. Solo un filtro de palabras que, en manos de una pericia tan superficial, equivale a buscar una aguja en un campo minado, pero con los ojos vendados y sin ganas de encontrar nada.
El fiscal Carlos Rívolo, en un arranque de sensatez poco habitual, cuestionó la metodología utilizada y exigió una nueva revisión, esta vez manual y exhaustiva. Señaló con lógica que las posibles formas de aludir a un magnicidio son innumerables, y que restringirse a unas pocas palabras representa un método insuficiente, por no decir deliberadamente ineficaz. Pidió, además, que se habilite la feria judicial ante la “gravedad institucional” del caso. La querella de la expresidenta también insistirá en acceder al contenido crudo, que Capuchetti —fiel a su estilo— les negó.
Milman, como si se tratara de un agente del Mossad, se excusó diciendo que había borrado parte del contenido del celular porque contenía “cuestiones de Estado”, información de agencias internacionales y hasta direcciones de narcotraficantes. Es el mismo Milman que, cuando fue señalado por testigos, dijo primero que perdió su teléfono, luego que se lo robaron y finalmente que lo entregaba como gesto de transparencia. Es también el mismo que estaba a cargo de la campaña de Patricia Bullrich en 2023 y que mantenía una red de contratos parlamentarios irregulares, muchos de ellos otorgados a mujeres sin antecedentes legislativos, pero con vínculos personales con el diputado.
El mensaje de “Erica” no es solo un grito de traición, es también una prueba del entramado de promesas rotas, precarización laboral y utilización de mujeres como escudos políticos. “Nosotras pariéndola acá, cagadas de calor por TU CULPA y vos de vacaciones en Pinamar”, dice. Y advierte: “Vamos a salir en la tele para decir la verdad de cada una porque NADIE NOS AYUDA”. Una amenaza de exposición que revela cómo el silencio fue comprado a fuerza de contratos y cómo la lealtad se esfumó cuando cesaron los sueldos.
La referencia a “Rocío”, otra asesora que habría quedado en la calle, y a “Carolina”, una intermediaria con la Policía, sugiere un esquema de contención informal que se desmoronó cuando el escándalo alcanzó temperatura política. La caída de los contratos no fue casual: en enero de 2023, Milman dejó sin renovar a la mayoría de sus asesores. Muchos aseguran que fue una orden directa de Bullrich, que necesitaba desmarcarse de la creciente sospecha que envolvía a su mano derecha.
Entre esas asesoras estaba Ivana Bohdziewicz, quien reveló ante la fiscalía que en noviembre de 2022 fue llevada a una oficina de Bullrich para que un técnico borrara el contenido de su celular. No lo hizo por voluntad propia. Y no lo hizo sola. Carolina Gómez Mónaco, otra asesora y ex Miss Argentina, la acompañaba. Todo esto, como era de esperarse, no se sabría si Capuchetti hubiera secuestrado los teléfonos de ambas cuando declaró por primera vez, el 26 de octubre de 2022. Pero no lo hizo. Alegó que no quería invadir la privacidad. Cuando la Cámara Federal ordenó abrir los dispositivos, ya era tarde. Los celulares estaban limpios.
El contenido del celular de Milman, en cambio, se analiza recién ahora. Un aparato entregado fuera de tiempo, con información parcial, que encima corresponde a un modelo lanzado después del atentado. Una trampa perfecta para que el vacío sea justificado por la tecnología y la mentira se maquille de procedimiento.
A esta altura, hablar de “pericia” es un eufemismo. Lo que hay es encubrimiento, negligencia deliberada y complicidad institucional. La estrategia es clara: dejar que el tiempo diluya la causa, minimizar las pruebas, ignorar testimonios clave y proteger al alfil político de una ministra que, aunque no esté imputada, tiene mucho que explicar.
La pista Milman no está muerta. Está dormida, como quien reposa bajo el ala de una justicia amnésica, cobarde y funcional al poder. Pero cada mensaje, cada omisión, cada archivo eliminado, grita que hay algo más. Y que si la verdad no estalla en sede judicial, lo hará en las calles, en los medios, en la memoria colectiva. Porque el intento de magnicidio a una vicepresidenta en democracia no se borra con pericias de diez páginas.
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