Después de vetar la ley de asistencia votada por todos los bloques en el Congreso, el Gobierno decidió reducir en $100.000 millones el fondo especial destinado a los afectados por las inundaciones de marzo en Bahía Blanca y Coronel Rosales.
El Gobierno de Javier Milei volvió a mostrar su lógica implacable de ajuste, esta vez sobre una de las poblaciones más golpeadas por un desastre natural. La decisión administrativa 23/25 publicada en el Boletín Oficial confirmó la reducción en $100.000 millones del Fondo Especial de Asistencia para Emergencias, creado tras el temporal que arrasó Bahía Blanca en marzo pasado. Lo que en su origen eran $200.000 millones, hoy quedó reducido a la mitad, dejando a cientos de familias en el aire, con sus hogares destruidos y sin la certeza de un Estado dispuesto a acompañarlas.
El recorte llega después de que Milei vetara en junio la ley aprobada por unanimidad en el Congreso, que ordenaba una asistencia integral de $200.000 millones para atender los daños en la provincia de Buenos Aires. Esa norma contemplaba subsidios, créditos, condonación de impuestos y un plan de infraestructura mucho más amplio que el esquema improvisado por el Poder Ejecutivo. El argumento oficial fue que ya existía el Decreto 238/25, que había fijado un fondo de $200 millones —una cifra irrisoria frente a la magnitud de la catástrofe— financiado parcialmente con un préstamo del BID.
El Gobierno justificó el veto con tecnicismos y excusas, como que Coronel Rosales no estaba incluido en los informes del Servicio Meteorológico Nacional, y que la ley no especificaba la fuente de financiamiento. Pero la realidad es evidente: mientras el Congreso buscaba una solución consensuada y de escala adecuada, Milei eligió el tijeretazo. La reconstrucción, según su relato, ya estaba en marcha y no era necesario más dinero. Una afirmación que contrasta brutalmente con las imágenes de barrios enteros bajo el agua y familias que lo perdieron todo.
El trasfondo político es ineludible. Este ajuste no es un hecho aislado: forma parte de un paquete más amplio de recortes por casi $494.000 millones, que afecta principalmente a áreas sociales y educativas. El Estado se retira de su obligación de proteger a los más vulnerables, con la excusa de una “estrechez presupuestaria” que no impide, sin embargo, beneficiar a sectores financieros o sostener aumentos para las fuerzas de seguridad.
En Bahía Blanca, la bronca es palpable. No se trata de números en un Excel, sino de casas anegadas, autos destruidos y pequeñas empresas paralizadas. Cada peso recortado significa un techo que no se arregla, un comercio que no se recupera, una familia que queda a la intemperie. El gobierno nacional habla de “reconstrucción” mientras achica el único fondo que daba un respiro a los damnificados.
La política de Milei exhibe aquí su costado más descarnado: el abandono del Estado frente a la emergencia social. Si ya era grave el veto a una ley de ayuda consensuada por todas las fuerzas políticas, la reducción del fondo es un mensaje aún más brutal. El ajuste no distingue entre gasto improductivo y vidas arruinadas; todo es materia recortable. Y en esa lógica, los inundados de Bahía Blanca pasaron a ser una variable de ajuste más en el laboratorio libertario.
Milei recortó a la mitad la ayuda a Bahía Blanca tras las inundaciones
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